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Publicado el 18 de mayo, 2019

Eleonora Urrutia: La radicalización de la izquierda demócrata en Estados Unidos

Si existe un hilo conductor para leer a la izquierda es la idea de que unos pocos ejerzan el máximo poder posible, cualquiera sea el medio. Puede ser la fuerza de las armas y de los muros, como en la Unión Soviética del pasado o la Venezuela de hoy, o la concentración del poder económico mediante la presión impositiva en nombre de objetivos morales superiores que ellos mismos determinan desde su gran cerebro centralizado en nombre del resto de las conciencias.

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A medida que se dispara la carrera por la nominación presidencial demócrata en los Estados Unidos, pareciera que el partido está girando cada vez más hacia la izquierda. En 2018 el 51% de los demócratas se consideró izquierdista y sólo un 13% se declaró moderado según una encuesta de Gallup publicada recientemente. Esta cifra representa sólo un punto más respecto de los auto-identificados de izquierda en 2017, pero es muy diferente a cómo se dividían las ideologías políticas de los demócratas en los ’90.

Hace un cuarto de siglo, cuando Bill Clinton estaba en la Casa Blanca y gobernaba como un “nuevo” demócrata, el 25% de ellos se consideraba de izquierda, el 25% conservador y el 48% moderado. Alrededor del 2000 comenzó esta inclinación demócrata hacia la izquierda. Gallup reveló que de 2002 a 2014, la proporción de demócratas de izquierda creció un punto porcentual cada año y 2 puntos por año desde el 2014. Es la primera vez en la historia de las encuestas que la mayoría del Partido Demócrata se ha llamado a sí mismo de izquierda, y esto explica por qué tantos aspirantes presidenciales se han identificado con propuestas en ese sentido.

Es cierto que muchos votantes, especialmente en el sur, alguna vez demócratas conservadores, han cambiado su lealtad al Partido Republicano. Pero al mismo tiempo, el electorado en su conjunto se ha movido hacia la izquierda. En 1994, el 38% de los estadounidenses se consideraban conservadores, en comparación con el 17% de izquierda. Para 2018, la participación conservadora había disminuido a 32%, mientras que la de izquierda aumentaba 8 puntos. En otras palabras, en los 24 años desde que la insurgencia republicana de Newt Gingrich derrocara a la mayoría de la Cámara demócrata, la ventaja conservadora sobre los liberales se redujo de 21 a 7 puntos, la más pequeña jamás registrada en Estados Unidos. Lo que no significa necesariamente que un candidato de izquierda gane la nominación presidencial, por dos motivos. Como vimos en el concurso republicano de 2016, si son varios candidatos los que compiten por el apoyo de la facción mayoritaria de su partido, uno con una orientación muy diferente puede apropiarse de la pluralidad. Pero también porque los independientes como grupo siguen siendo un bastión de los moderados: 46% en 1994, 43% en la actualidad.

Tradicionalmente, la izquierda favorecía un estado de bienestar que giraba en torno a dos componentes: los programas sociales con el objetivo aparente de aliviar la pobreza y los programas de seguro social con el objetivo aparente de aliviar la enfermedad, el desempleo y el envejecimiento.

¿Qué significa que los demócratas se hayan inclinado abiertamente hacia la izquierda? Tradicionalmente, la gente de la izquierda favorecía un estado de bienestar que giraba en torno a dos componentes: los programas sociales con el objetivo aparente de aliviar la pobreza (por ejemplo, Medicaid, cupones de alimentos, asistencia social, etc.) y los programas de seguro social con el objetivo aparente de aliviar la enfermedad, el desempleo y el envejecimiento (por ejemplo, Seguro Social, Medicare, seguro de desempleo, etc.). Esta agenda siempre fue una mala idea por razones macro y micro, y se convirtió en una muy mala idea debido a los cambios demográficos. Pero el fenómeno de reciente ultra izquierdización significa, además, que ha ampliado sus objetivos a políticas mucho más radicales que apuntan a hacerse con todo el poder, ahora mediante la igualdad forzada. Y esta agenda también tiene dos componentes: un ingreso básico garantizado y universal para todos, e impuestos y topes de ganancias para limitar los ingresos de los ricos – sin mencionar los desvaríos en relación a políticas públicas específicas como las del medio ambiente de Ocasio-Cortez, comentadas en otra ocasión.

No se trata de un fenómeno de este año ni tampoco sólo estadounidense. Ideólogos como Bernie Sanders, Thomas Piketty y Matt Yglesias vienen predicando hace tiempo tasas de impuestos confiscatorias e incluso quieren limitar explícitamente los ingresos de las personas. El líder del Partido Laborista del Reino Unido Jeremy Corbyn, por ejemplo, hace un par de años se expresó a favor de un salario máximo para todos. Cuando se le preguntó a qué nivel debería fijarse el límite, Corbyn, quien gana alrededor de £138,000 al año respondió que cualquier salario máximo sería “algo más alto que eso”. “Creo que los salarios pagados a algunos futbolistas son simplemente ridículos, algunos salarios a altos ejecutivos son absolutamente ridículos. ¿Por qué alguien necesitaría ganar 50 millones de libras al año?”. Sus declaraciones fueron tan radicales que incluso otros miembros del Partido Laborista rechazaron la idea, en parte por su tremenda inconsistencia. Quieren que el gobierno garantice a todos un ingreso básico, a la par que pretenden eliminar a los contribuyentes de ingresos altos que financian la mayor parte de esa redistribución.

Thomas Jefferson lo dijo bien: «El hombre no está hecho para el Estado sino el Estado para el hombre, y deriva sus justos poderes del consentimiento de los gobernados».

No es extraño, sin embargo, este crecimiento del poder del estado. Bastiat ya decía que el poder tiende a expandirse y a corromperse. Desde siempre el hombre ha buscado justamente tener poder, y por ello ya durante la Edad Media, en Inglaterra y otros países europeos, había crecido la idea de los límites a los reyes; las ciudades redactando sus propias constituciones y las asambleas representativas a través de documentos como la Carta Magna y la Bula de Oro de Hungría de 1222. Pero la filosofía de la Declaración de Independencia y las estrictas reglas de la Constitución de los Estados Unidos fueron más allá de cualquier esfuerzo previo para asegurar los derechos con que nacen los hombres. Reconociendo que la naturaleza del gobierno es el crecimiento del poder de imperio, buscaron limitar su uso a la protección de la vida, la libertad y la propiedad; para lograr la prosperidad económica y la armonía social se podría confiar en la comunidad, la familia, el individuo y los mercados, tanto formales como informales. El estado federal se reducía a poco más que evitar la usurpación de los derechos básicos de los hombres de parte de otros hombres. Thomas Jefferson lo dijo bien: «El hombre no está hecho para el Estado sino el Estado para el hombre, y deriva sus justos poderes del consentimiento de los gobernados». “La suma de buen gobierno”, escribió Jefferson, “es impedir que los hombres se lastimen unos a otros, dejarlos libres para regular sus propios objetivos de la industria y la mejora, y no tomar de su boca el pan que han ganado con su trabajo”.

La crisis financiera de 2008-09 amplió aún más el poder del gobierno a la par que dañó, injustamente, al liberalismo.

Sin embargo, la izquierda a partir del siglo XIX reelaboró la idea de la suma del poder público –como en la antigüedad y Edad Media- y alcanzó mucho éxito. Basta recordar los regímenes totalitarios de la Europa del siglo XX. Y aunque Estados Unidos se mantuvo en parte liberado de esta influencia, la transformación de la visión constitucional de los federalistas comenzó con la Era Progresista (1890 a 1920), se aceleró con el New Deal de Roosevelt y se multiplicó con Lyndon Johnson y su guerra de la Gran Sociedad contra la pobreza. La crisis financiera de 2008-09 amplió aún más el poder del gobierno a la par que dañó, injustamente, al liberalismo. La presidencia cuasi imperial de Obama estuvo cerca de eliminar de facto la división de poderes legislativo y ejecutivo, y entre el gobierno federal y los gobiernos estaduales. Con la concentración del poder en el gobierno nacional, su usurpación se facilita.

Por ello es que la izquierda detesta la idea de descentralizar el poder y hacer competir a los gobiernos, porque el poder se dispersa, además de aparecer la odiosa comparación de resultados. Si existe un hilo conductor para leer a la izquierda es la idea de que unos pocos ejerzan el máximo poder posible, cualquiera sea el medio. Puede ser la fuerza de las armas y de los muros, como en la Unión Soviética del pasado o la Venezuela de hoy, o la concentración del poder económico mediante la presión impositiva en nombre de objetivos morales superiores que ellos mismos determinan desde su gran cerebro centralizado en nombre del resto de las conciencias. Hoy más de la mitad del presupuesto federal de los Estados Unidos se gasta en pseudo derechos, el mayor de los cuales es el Seguro Social, Medicare y Medicaid. La nueva ley de seguro de salud aprobada agregará combustible al fuego del estado de bienestar. Los $100 billones (trillions) en obligaciones no financiadas de la Seguridad Social y Medicare supondrán una pesada carga para las generaciones futuras. Y los estados no tienen nada que decir, porque todo el poder se ha concentrado en Washington DC, que es precisamente lo que los federalistas quería evitar que sucediera.

Pareciera que se ha olvidado que la democracia se diseñó como forma de gobierno subsidiaria para dirimir los problemas comunes a una sociedad y no para que los ganadores impongan su voluntad a todos los demás. En tal sistema, la política se convierte en una lucha de todos contra todos, como la jungla hobbesiana, en la que casi todos son perdedores netos a medida que indefectiblemente aumentan los impuestos y déficits, y con ello se desacelera el progreso económico.

El crecimiento del gobierno nacional ha politizado la vida privada y debilitado el tejido moral de una nación. Las personas se han vuelto más dependientes del estado, uno lejano, difícil de controlar y han sacrificado la libertad por una falsa sensación de seguridad. Y aunque no se puede culpar al gobierno de todos los males de la sociedad, no hay dudas de que la legislación económica y social de las últimas décadas ha tenido un impacto negativo en la responsabilidad individual. La brújula moral interna que normalmente guía el comportamiento individual no funciona cuando el Estado socava los incentivos para la sana conducta y difumina la distinción entre el bien y el mal.

La tarea es limitar el gobierno y revitalizar a la sociedad civil.

Por ello la tarea no es reinventar el gobierno o dar sentido a la política; la tarea es limitar el gobierno y revitalizar a la sociedad civil. No se ayuda a los desfavorecidos restringiendo los mercados, prohibiendo la libertad educativa, desalentando el ahorro y enviando el mensaje de que la función principal del gobierno es cuidar de todos. Se hace eliminando la ingeniería social, cultivando mercados libres y volviendo a la herencia moral. A principios del siglo XX, cuando no existía un estado de bienestar como el actual, las organizaciones fraternales y religiosas florecían y aun cuando los inmigrantes se enfrentaban a la pobreza material, no eran desgraciados. Había un cierto orden moral en la vida cotidiana.

Los polacos de Baltimore son un buen ejemplo. Llegaron sin nada, excepto el deseo de trabajar duro y vivir en un país libre y a pesar de que los salarios eran bajos se sacrificaron para ahorrar, reuniendo sus recursos para ayudarse mutuamente mediante la creación de fundaciones y asociaciones de préstamos. Hoy, después de gastar miles de millones de dólares en programas contra la pobreza desde mediados de 1960, Baltimore y otras ciudades están luchando por sobrevivir. La autosuficiencia ha dado paso a la dependencia y una pérdida de respeto por las personas y la propiedad, que es su extensión. El problema está en las ideas. La visión de la izquierda moderna se basa en una retorcida comprensión de los derechos y la justicia, un entendimiento que choca con el principio de libertad inherente al hombre. Los derechos de bienestar -sean cupones de alimentos, atención médica, subsidios comerciales, viviendas públicas, educación gratuita- son derechos imperfectos o pseudo-derechos que crean la obligación legal de dar a los demás, y por ello solo se pueden ejercer violando lo que los estudiosos llaman “derecho perfecto” a la propiedad privada, entendido en el sentido de Locke, que sólo obliga a los individuos a abstenerse de tomar lo que no es de ellos. Sobre este andamiaje de pseudo derechos se monta la izquierda y reclama todo el poder público para sí, para los pocos hombres que lo detentan, en nombre de una moral totalitaria que sabe lo que es mejor para el gran resto.

¿Qué se puede hacer a estas alturas? Ante todo, se debe retomar el camino de las ideas sobre las que se asientan las instituciones. Exponer la quiebra intelectual, constitucional y moral del estado de bienestar y cambiar la manera en que se piensa el gobierno resultan imprescindibles para poder restaurar un espíritu de libertad y responsabilidad. Muy pocos son los que abren discusiones que pretenden correr el eje del debate. Y muchos de los que se dicen a favor de la libertad y responsabilidad individuales no se animan a proponer o llevar adelante cambios en la agenda pues temen lo “políticamente incorrecto”. En cambio las izquierdas muestran mucho mayor coraje para plantarse en temas que consideran de fondo para sus propósitos, como Herbert Marcuse, cabeza intelectual del Mayo francés y el título de su conferencia ante estudiantes canadienses en 1969: “Exijamos lo imposible”.

Es necesario imaginar nuevas vallas al abuso de poder antes que nos convirtamos en un inmenso Gulag en nombre de la así denominada democracia, tan distante de las concepciones de los Giovanni Sartori de su época. La educación es la respuesta, pero debe acompañarse de efectivos límites al poder para evitar esas ecuaciones falsas que relata Juan González Calderón: 50% más 1% = 100% y 50% menos 1% = 0%. En otros términos, hay que salir del atolladero de la coyuntura y de la zona de confort de lo políticamente correcto, y plantear temas de fondo al efecto de vislumbrar horizontes más promisorios para no estar condenados al cercenamiento de las libertades y, en consecuencia, al fracaso del progreso de la humanidad.

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