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Publicado el 31 de agosto, 2018

Eleonora Urrutia: Kirchner, Lula, Trump y sus escándalos políticos

Probablemente a muchos disguste el carácter de estos tres personajes, pero se trata de casos judiciales distintos. Si se aplicaran los principios del derecho, y con lo que se sabe hasta ahora, con certeza Kirchner llegaría a estar presa; es más dudoso en el caso de Lula, y el fiscal no lograría nada con Trump.

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Está de moda comparar a Kirchner, Lula y Trump bajo el latiguillo de ser líderes con serios problemas ante la Justicia, pese a lo cual sus seguidores los continúan apoyando. Es cierto que los tres están enfrentando escenarios judiciales en que los clásicos principios limitadores del derecho, como la presunción de inocencia, la prisión preventiva restrictiva, el nullum crimen sine lege praevia –que prohíbe la extensión de delitos a otros hechos, como asociación ilícita en lugar de financiamiento ilícito de partidos– no se están respetando. Pero hasta allí las semejanzas.

 

Cristina Kirchner está atravesando un proceso judicial con allanamientos de domicilios y posible desafuero del Senado por el supuesto montaje, desde el gobierno, de un aparato de extorsión para hacerse con la suma del poder político y económico y manejar todos los asuntos importantes del país. El financiamiento provendría de robos a las arcas públicas y de aportes de empresarios cobrados al sólo efecto de seguir existiendo, ya que de los negocios sólo participaban los amigos. De probarse este entramado, más allá de las imprescindibles condenas, quedaría demostrado que lo que la Argentina requiere para la eliminación de la corrupción es reducir el tamaño y el alcance de las intervenciones del estado. Porque los tiranos corruptos, a quienes la izquierda y gran parte del mundillo intelectual les inventan un carácter íntegro que nunca tuvieron, honradez de la que siempre carecieron y sensibilidades que nunca conocieron, existirán siempre. Y una vez que las aguas se calmen, quedarán detrás del botín la poltrona y el poder las mafias de turno que se lo pelearán a muerte.

 

El Tribunal Superior Electoral tiene tiempo para decidir la suerte de Lula hasta el 17 de septiembre.

 

A Lula, preso desde el pasado 7 de abril y condenado a 12 años y un mes de prisión, se le sentenció por corrupción pasiva al aceptar un tríplex frente al mar en el balneario de Guarujá, regalo de la constructora OAS, una de las empresas investigadas en la Operación Lava Jato vinculada a la petrolera estatal Petrobras. Por tener una condena en segunda instancia no puede ser candidato según una ley que él mismo aprobó, pese a lo cual el pasado 15 de agosto se presentó a la primera vuelta electoral del 7 de octubre y posible balotaje del 28 del mismo mes. El Tribunal Superior Electoral tiene tiempo para decidir su suerte hasta el 17 de septiembre. Entre los principales candidatos -con Jair Bolsonaro, Marina Silva, Gerardo Alckmin y Ciro Gómez-, Lula lidera las encuestas con un 39% de intención de voto.

 

En el caso de Trump, tanto la sentencia de Paul Manafort por fraude fiscal y bancario como la declaración de culpabilidad de su abogado personal, Michael Cohen, por evasión de impuestos, hacer declaraciones falsas y violar leyes de campaña, demuestran los turbios operadores asociados con el Presidente en su vida privada y política –aunque no en su presidencia-, pero no dejan en claro si también representan una amenaza para su gobierno; en cualquier instancia, la evidencia no está relacionada con las acusaciones de colusión rusa que pusieron en marcha estos juicios.

 

Nada que haya surgido públicamente en dos años de investigaciones del FBI y del Congreso ha demostrado la colusión entre Trump y Rusia en 2016.

 

El Presidente ha declarado que el enjuiciamiento exitoso de Manafort por parte del ex FBI y actual fiscal especial del Departamento de Justicia para el caso de la trama rusa, Robert Mueller, “no tiene nada que ver con la colusión rusa”. Trump tiene razón, por ahora. Sólo el informe final del fiscal lo resolverá definitivamente. Aún así, hay razones para ser escéptico con la narrativa de la colusión. Si la hubiera habido, el público probablemente ya lo sabría. Manafort enfrenta hasta 80 años de prisión, por lo que ciertamente tiene incentivos para cooperar. Pero la pregunta es cuánto sabe sobre las conexiones rusas. Nada que haya surgido públicamente en dos años de investigaciones del FBI y del Congreso ha demostrado la colusión entre Trump y Rusia en 2016, pese a las toneladas de dinero público invertidas.

 

Cohen, por su parte, admitió haber pagado para silenciar a Stormy Daniels y Karen McDougal -quienes dicen haber tenido relaciones con Trump- por instrucción del Presidente y para proteger sus prospectos electorales, acción que podría constituir una violación de las leyes de financiamiento de campaña. Sin embargo, muchos analistas dudan que los pagos fueran ilegales, incluido Bob Bauer, ex asesor de la Casa Blanca para el Presidente Obama y asesor legal de sus campañas. En un artículo del mes pasado, Bauer sugirió que “la pregunta con fines legales es si Trump hubiera hecho este pago, incluso de no haber sido un candidato.” Argumenta que el deseo del Presidente de proteger su reputación personal complica la cuestión de las finanzas en campaña y, si no se pudiera probar que los pagos se hicieron exclusivamente con fines políticos, es poco probable que los fiscales procedan con los cargos.  Por otra parte, la pregunta en Washington es: si la justicia es la misma para todos, ¿cuándo va a abordar el Sr. Mueller el caso contra Hillary for America? ¿Recuerdan el pago a la consultora Fusion GPS, durante la campaña de Clinton, para compilar un dossier contra Trump, documento que se convirtió en la base de la narrativa de la coalición con Rusia que el Sr. Mueller ahora investiga? Tanto la campaña de Clinton como el Comité Nacional Demócrata canalizaron el dinero de esta tarea a la firma de abogados Perkins Coie, quien pagó a Fusion, describiendo el hecho falsamente como pago por “servicios legales”, incurriendo en la violación de un estatuto claro como la Ley de Financiamiento de Campañas que requiere revelar el destinatario y el propósito final de cualquier pago.

 

Probablemente a muchos disguste el carácter de estos tres personajes, pero se trata de casos judiciales distintos. Si se aplicaran los principios del derecho, y con lo que se sabe hasta ahora, con certeza Kirchner llegaría a estar presa; es más dudoso en el caso de Lula y el fiscal no lograría nada con Trump. Los delitos probables de Kirchner no necesitaban atribución especial para ser juzgados; bastaba con que los jueces actuaran a tiempo, pero eran callados por el poder estatal como algunos de ellos ahora lo están reconociendo. En el caso de Lula, si bien existía un mecanismo oscuro de financiamiento de campañas, en lo personal está acusado sólo por el testimonio de un arrepentido, lo que pareciera más débil que las acusaciones de Kirchner. Y con Trump se está frente a la distorsión de los principios del derecho porque está basado en la pesca de delitos nuevos o inventados, de los que hay tantos en los Estados Unidos como para que cualquier ciudadano haya cometido alguno  -¿quién no exageró su patrimonio a la hora de pedir un crédito para vivienda, incurriendo inadvertidamente en fraude bancario?–y se están usando herramientas procesales de dudosa legitimidad.

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