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Publicado el 21 de septiembre, 2018

Eleonora Urrutia: Estados Unidos: Lo que está en juego con el caso Kavanaugh

El nombramiento del próximo juez de la Corte Suprema determinará la inclinación política de un organismo que se ha convertido en el árbitro final de las leyes bajo las que los norteamericanos viven.     
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Es un secreto a voces que en los últimos tiempos uno de los poderes más importantes del presidente de los Estados Unidos es la postulación de magistrados a la Corte Suprema, de forma tal que en el actual debate sobre la nominación del juez Brett Kavanaugh -tras el anuncio de jubilación del juez Anthony Kennedy el pasado 27 de junio- tanto republicanos como demócratas saben que lo que está en juego es la futura dirección de la República. El próximo nombramiento determinará así la inclinación política de un organismo que se ha convertido en el árbitro final de las leyes bajo las que los norteamericanos viven.

 

Esta realidad da cuentas de por qué los demócratas están haciendo todo tipo de intento por aniquilar a Kavanaugh en cuestiones que el juez ha escuchado con paciencia y calma, y respondido rigurosa y brillantemente. La última de las bizarras ocurrencias por demorar su nombramiento -hasta las elecciones de medio término el próximo martes 6 de noviembre con la esperanza de recuperar un Senado demócrata y bloquear el nombramiento del nominado- es una acusación de supuesto acoso escolar hace 35 años en la que sólo existe la palabra de la testigo contra la del juez. Estando previstas las audiencias en el Senado para escuchar a ambas partes el próximo lunes, los abogados de la acusante profesora de California Christine Blasey Ford, de 51 años, solicitaron posponerlas hasta realizar una investigación del FBI sobre los hechos. Huelga decir que este tema no es, ni se resolverá, como un asunto judicial, sino político.

 

Los progresistas llevan alrededor de medio siglo insistiendo con la idea de conquistar con la pluma judicial lo que no logran con los votos, considerando a la Corte Suprema como su cuerpo súper legislativo y operando con sus magistrados como legisladores de túnicas negras en lugar de los intérpretes de la ley que deberían ser.

 

He aquí la razón para este espectáculo: la izquierda ha despertado a la realidad de estar perdiendo el control de la Corte Suprema, su vehículo favorito para expandir el estado administrativo. Los progresistas llevan alrededor de medio siglo insistiendo con la idea de conquistar con la pluma judicial lo que no logran con los votos, considerando a la Corte Suprema como su cuerpo súper legislativo y operando con sus magistrados como legisladores de túnicas negras en lugar de los intérpretes de la ley que deberían ser. En especial a partir de 1960, cuando ese Tribunal comenzó a involucrarse en decisiones de políticas públicas activistas, particularmente en materia de justicia penal y moralidad sexual.

 

Los Padres Fundadores habrían considerado esta situación contraria a todos sus principios, que, recordemos, hicieron de las trece colonias originales el país que más progresó en el mundo. Los debates de los delegados a la Convención Constitucional de 1787 y sus prescripciones para el Poder Judicial volcadas en la redacción del Artículo III de la Constitución, dejan claro que lo que no querían los treinta y nueve firmantes del documento era que la Corte Suprema llegar a ser “suprema”. El último lugar en el que los redactores de la Constitución quisieron colocar la soberanía en el gobierno tripartito creado fue en la Corte, el cuerpo menos representativo y más alejado del manantial de la autoridad máxima, “el pueblo”.

 

Sucede que la izquierda cree en una Constitución viva, en la que las palabras escritas hace siglos significan lo que ella cree que debe significar en cada momento. Por eso fueron los jueces progresistas, y no los legisladores, como determina la Constitución, quienes concluyeron que había un derecho inalienable al aborto o al matrimonio entre personas del mismo sexo. En el caso del aborto en Roe vs Wade (22 de enero de 1973), el Tribunal Supremo recurrió a la XIV Enmienda y a un supuesto derecho a la intimidad que no aparece, quitándole de paso a los estados la prerrogativa constitucional de legislar individualmente sobre su validez o invalidez. En el segundo caso, Obergefell vs Hodges (26 de junio de 2015), los mayoría opinante, utilizando la misma enmienda, sentenció la obligatoriedad de los estados de aceptar la validez del matrimonio del mismo sexo. No hay nada constitucionalmente inválido que impida que una legislatura estatal defina el matrimonio como la unión de parejas del mismo sexo. Depende de los estados y sus poderes legislativos. Pero los tribunales no son legislaturas y la Corte no puede obligar a todos los estados, como lo hizo en el caso, a aprobar obligatoriamente el matrimonio entre individuos de un mismo sexo. O, como el caso planteado la misma semana en que Kennedy anunció su jubilación, en el que el Tribunal decidió por 5 a 4 que no se podía obligar a los funcionarios a pagar al sindicato porque la I Enmienda garantiza la libertad de expresión, y si la ley obliga a pagar para apoyar causas políticas con las que no se está de acuerdo se está violando ese derecho. El voto de los jueces de izquierda se quejó entonces de que “los sindicatos de trabajadores públicos perderán una fuente segura de financiación”. Querían un resultado y la Constitución les daba igual.

 

En cambio, en las últimas décadas y en particular a partir de la incorporación en 1986 del fallecido juez Rehnquist, los jueces de derecha han pasado de tomar decisiones basadas en preferencias personales a ser originalistas o textualistas, a basar sus decisiones en lo que realmente dicen las leyes y la Constitución. Por caso, el fallecido Antonin Scalia votó en 1989 en contra de una ley que penaba la quema de la bandera norteamericana porque era un ejercicio de libertad de expresión protegido por la I Enmienda, pero también declaró que si fuera rey absoluto pondría entre rejas a quienes lo hicieran y tiraría la llave.

 

La izquierda nunca ha aceptado que su Constitución refleja la exitosa idea del hombre libre en la búsqueda de su destino, que delega una parte de poder al estado pero siempre desconfiando de él y limitando la acción de gobierno –esencialmente a través de la división de poderes.

 

Hoy, ante la vigencia de esta tendencia y con la postulación de Kavanaugh en lugar del devenido abolicionista juez Kennedy, los progresistas están adoptando una visión muy hostil hacia la Corte, precisamente cuando ésta puede obtener una mayoría de magistrados fieles a su versión originalista, porque esto representaría una enorme pérdida para ellos. Primero, una Corte que ya no se concibe como un instrumento de cambio social no entregaría las victorias totalitarias de izquierda inalcanzables en el ámbito político. Segundo, la visión animadora detrás de la Constitución, escrita por hombres que tenían una fuerte sospecha hacia el poder centralizado, va en contra de la lógica del gobierno progresista. Como mencionó el senador Ben Sasse (R, NE) durante las audiencias de estos días, en su intento por construir un poderoso estado administrativo la izquierda siempre se ha sentido frustrada por la separación entre los poderes legislativo, ejecutivo y judicial. Nunca ha aceptado que su Constitución refleja la exitosa idea del hombre libre en la búsqueda de su destino, que delega una parte de poder al estado pero siempre desconfiando de él y limitando la acción de gobierno –esencialmente a través de la división de poderes.

 

Pero tampoco nunca han tenido los votos para cambiarla y por ello sólo piensan en socavar estas ideas, destruir su esencia y manipularlas a través de la interpretación judicial. Al convertir a la Corte Suprema en un cuerpo súper legislativo, la izquierda ha desequilibrado el poder entre las ramas federales, y al usar los tribunales para consolidar el poder en Washington, ha convertido la idea de federalismo de un hecho en una farsa. Si va a pronunciarse en la Corte Suprema como lo ha hecho en sus decisiones judiciales anteriores, se espera que Kavanaugh restaure el orden constitucional y el equilibrio de poder entre las tres ramas del gobierno federal y entre el gobierno federal y los gobiernos estatales, y que la Corte Suprema pueda jugar así su rol en la restricción y el desmantelamiento del Leviatán montado en estos años.

 

Como dice el viejo dicho, “las elecciones tienen consecuencias”. Les guste o no a los demócratas, Donald Trump es el presidente debidamente electo de los Estados Unidos. Les guste o no, los votantes eligieron una mayoría republicana para el Senado de los Estados Unidos. Obstruir y paralizar el funcionamiento del Tribunal Supremo es perjudicial para el interés nacional y peligroso. Si los demócratas quieren controlar quién se sienta en el Tribunal Supremo, deberán lograr que el pueblo estadounidense los vuelva a poner a cargo del Senado y elegir un presidente de su propio partido.

 

En Chile, los socialistas quieren un poder judicial que sea su extensión para escribir con sentencias lo que no logran con los votos.

 

La Constitución y el sistema judicial de Chile son distintos al estadounidense. De todos modos, la idea de la izquierda es la misma. Los socialistas quieren un poder judicial que sea su extensión para escribir con sentencias lo que no logran con los votos. Cabildean para que se nombren jueces afines y si los fallos no les gustan, amedrentan a sus autores, como acaba de ocurrir con los jueces Carlos Künsemüller, Hugo Dolmestch y Manuel Valderrama, integrantes de la Sala Penal de la Corte Suprema acusados por un grupo izquierdista de parlamentarios de “notable abandono de deberes” precisamente porque sentenciaron conforme las leyes.

 

Aunque los jueces tengan inmunidad con el fin de otorgarles independencia, ninguna medida legal o constitucional puede dar a nadie el carácter y las agallas necesarias para plantar cara a las críticas o resistirse a los halagos y el estatus de celebridad. Todas las presiones están encaminadas a desplazar a los jueces a la izquierda, en concordancia con la opinión de los medios progresistas y los profesores izquierdistas que dominan las facultades de Derecho. Este efecto es notable en los Estados Unidos, como en los casos de los últimos jueces Harry Blackmun, Anthony Kennedy y Sandra Day O´Connor, todos ellos conservadores que fueron virando a la izquierda a raíz de la presión mediática. Y esto también se ve en Chile.

 

Y es que los jueces que permanecen fieles a la Constitución y resisten a la presión para implementar el programa de la izquierda desde la magistratura son despreciados como seres de miras estrechas, torpes e incluso como estúpidos o inmorales. Pero aquellos que se suben a la ola izquierdista pueden estar seguros de que serán retratados como personas compasivas, brillantes o hasta profundas. De allí que el nombramiento del próximo juez de la Corte en los Estados Unidos sea tan importante para aquel país y, quizás y con suerte para nuestras latitudes.

 

El juez Rehnquist, tan sofisticado a la par que abierto en muchos de sus argumentos, se mantuvo siempre firme en algo que dicta el sentido común: que las palabras tienen un significado objetivo que es posible entender, explicar y transmitir, y que si no fuera así, si fuera necesario que los jueces legislaran en lugar de interpretar lo que dicen los legisladores, “la idea misma de una república constitucional” sería, en palabras de Shakespeare “un cuento contado por un idiota, lleno de ruido y de rabia, y sin sentido alguno”.

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