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Publicado el 20 de diciembre, 2019

Eleonora Urrutia: El paquete económico de Alberto Fernández en la Argentina

El primer dato preocupante es que las medidas «de emergencia» anunciadas se transformen en permanentes, como ha ocurrido con casi todas las que se han planteado como tales en la historia de este país.

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Argentina es uno de los países que ha registrado un mayor deterioro económico durante el último siglo. Su tránsito de la riqueza a la pobreza se podría resumir en la sucesión de tres etapas: auge y desarrollo gracias a la globalización, la estabilidad monetaria y la liberalización económica (desde mediados del siglo XIX hasta el primer tercio del siglo XX); el período de entreguerras, desde 1930 hasta 1945, cuando se fue imponiendo paulatinamente la autarquía y el proteccionismo; y el ascenso del peronismo (1946-1955), cuyo legado pervive desde entonces, de una u otra forma incluyendo el nuevo gobierno, quien no estaría encaminado a cambiar esta historia, al menos con las medidas económicas enviadas esta semana al Congreso.

Uno de los países más ricos del mundo

Tras su proceso de independencia y un turbulento período de conflictos civiles, la emancipación definitiva de Argentina llegó con la Constitución de 1853, que instauraba como principios básicos la división de poderes, la igualdad ante la ley y el respeto absoluto a la propiedad privada y el libre comercio, de los que se derivaron políticas como la apertura económica, un estado muy pequeño con escasas regulaciones y con estabilidad monetaria, y libre circulación de capitales. Ellas permitieron que Argentina se integrara a la economía global atrayendo un gran volumen de inversión extranjera y de capital humano vía inmigrantes. Sustentada en esas bases, el país contó con salarios reales de peones rurales y de obreros superiores a los de Suiza, Alemania, Francia, Italia y España. La población se duplicaba cada diez años. Las corrientes migratorias competían con Estados Unidos debido a la calidad de vida que ofrecía el país.

Sin embargo, aquella economía abierta favorable al capitalismo fue cediendo terreno al intervencionismo estatal, al nacionalismo económico y finalmente al peronismo -movimiento político sin ideología más que la del ascenso al poder- que, de una u otra forma, preside Argentina desde los años 50.

El país ocupa hoy una pésima posición en indicadores clave para el desarrollo económico. Se sitúa en el puesto 119 del ranking Doing Business del Banco Mundial en cuanto a la facilidad para hacer negocios, de un total de 183 economías, a la altura de países como Etiopía, Egipto o Kenya. Además, en un ranking que mide el  respeto a la propiedad privada en130 países, se sitúa entre los 10 peores, tan sólo seguida por Costa de Marfil, Nicaragua, Bangladesh, Nigeria, Burundi, Venezuela, Ucrania, Angola y Libia. Hace ahora un siglo, Argentina se encuadraba en el top ten de países más ricos del mundo. Hoy se sitúa en el puesto 63 según datos del FMI y la pobreza orilla el 40% de la población.

El paquete de medidas en discusión hoy en el Congreso

Este es el escenario que enfrenta el nuevo gobierno de Alberto Fernández, quien envió esta semana al Congreso el proyecto de ley Solidaridad y Reactivación Productiva, o de emergencia económica, en discusión en el Senado en estos momentos. Desafortunadamente no ha sido novedoso el paquete puesto en marcha. Un populismo sin plata, con escasa imaginación y nula voluntad de disminuir el gasto público, era obvio que vertebraría su programa con base en el alza de las retenciones al sector agropecuario, un significativo incremento de los impuestos a los bienes personales y el conocido recargo de los gastos turísticos en el exterior pagados con tarjetas de crédito. Pronto tendremos noticias del Pacto Social con el consiguiente congelamiento de precios y salarios acordados entre el gobierno, parte del empresariado y la CGT, o unión sindical.

La permanencia de la emergencia

El primer dato preocupante con estas medidas, como con todas las medidas de emergencia que se han aprobado en la Argentina, es que todo lo que empieza de ese modo se transforma en permanente, o casi. La última Ley de Emergencia Económica duró 16 años, desde el 6 de enero de 2002 hasta el 2018, permitiendo que los tres mandatos del kirchnerismo fueran bajo emergencia económica en momentos de auge de los precios de las materias primas. El actual Impuesto a las Ganancias nació como un impuesto de emergencia a las rentas en el 30 y está vigente 87 años después. El IVA tuvo un aumento de emergencia en 1995 de 18% a 21% y sigue. El Impuesto a los Créditos y Débitos Bancarios, creado en 2001, lleva 18 años de emergencia.

Aumento de impuestos

El segundo dato es que las medidas que se conocen hasta el momento se limitan a cobrarles impuestos a unos para dárselos a otros (bienes personales, derechos de exportación, impuesto a la herencia), tratar de renegociar la deuda pública y sustituir importaciones, en este caso, en turismo. No se observa ninguna propuesta de crecimiento de largo plazo. Sin superávit fiscal, ni capacidad de endeudarse ni intenciones de contraer el gasto público, solo quedaba aumentar la presión tributaria. En criollo, un impuestazo -que no ajusta a la clase política ni ataca las causas reales de la debacle- con ribetes anticonstitucionales, ya que concentra facultades en el Ejecutivo y avanza en silencio sobre la constitución. Es una transferencia de recursos de productores agropecuarios y quienes disponen de bienes a otros sectores menos productivos, con lo cual no hay aumento de la demanda global y por algo menos del 1% del PIB. No parece que ese número vaya a mover el amperímetro del nivel de actividad vía consumo interno, pero sí tiene un alto costo en términos de confianza por el castigo a la producción y a los propietarios de activos.

Lo que parece diluirse es la ilusión de emitir para financiar aumentos de consumo para estimular la demanda interna, o eso insinuó el ministro de Economía en su discurso de la semana pasada, dado que la emisión monetaria tiene un límite que es la baja demanda de moneda y, por lo tanto, su uso puede generar una aceleración de la inflación. Huelga decir además que no pagar los intereses de la deuda pública no genera excedentes para estimular el consumo porque no hay superávit primario fiscal. El Gobierno deja de pagar los intereses de la deuda porque no tiene esos recursos ni para pagar los intereses de la deuda ni para financiar más consumo.

Punto aparte merece la medida de suspender los ajustes por inflación para jubilados. Para quienes creen en la panacea del sistema de reparto, la primera medida propuesta por Alberto Fernández fue congelar las pensiones a las que les correspondía un ajuste. Así funcionan estos sistemas, que dependen del gobierno de turno. De ahora en más, los incrementos a los jubilados serán por decreto y en función de lo que decida el Presidente.

No hay medidas estructurales para el crecimiento

El tercer punto preocupante es que estas medidas no enfrentan el problema de fondo del país, que es cómo lograr crecer o atraer inversiones. Con el cepo establecido, el gobierno podrá asegurarse que se frene la salida de dólares y que esos mismos dólares vayan a alguna inversión interna, pero también se asegura que no entre ni uno más porque nadie ingresará voluntariamente a una jaula de la cual luego no puede salir para quedar, además, sometidos a las típicas arbitrariedades que caracterizan las políticas económicas argentinas. Por otra parte, cuando el gobierno gasta y extrae recursos de la sociedad significa que el sector privado dispone de menos recursos para consumir e invertir, fenómeno que se agudiza si se incurre en déficit fiscal. Esto es muy importante desde una perspectiva de crecimiento, ya que la inversión privada es generalmente mucho más productiva que el gobierno. Si el sector privado dispone de menos recursos porque el gobierno se los quitó, la economía crecerá menos.

Gastar por gastar no genera riqueza. Si el asunto fuera tan sencillo, nunca sufriríamos una crisis económica porque el extraordinario gasto privado de la época del boom se realimentaría. Lo que sucede es que existen buenas y malas formas de gastar y de invertir los recursos, pero el Estado no es capaz de distinguir entre ellas. Es del todo ilusorio pensar que incrementos del gasto público pueden sacar a un país de la crisis; sólo se consigue dilapidar todavía más capital y agravar la situación del sector privado. Al contrario, lo que el Estado hipertrofiado moderno debería hacer durante las crisis es reducir la magnitud de su despilfarro de recursos cuadrando las cuentas y liberando recursos para el sector privado. Es cierto que el efecto inmediato de una reducción del gasto público –incluso de aquel que dilapida riqueza– puede ser una contracción de la actividad de algunas partes del sector privado que se relacionaban estrechamente con ese gasto público. Pero si una actividad pública o privada debe terminar porque dilapida más riqueza de la que contribuye a generar, también deben hacerlo todas las industrias adyacentes. Más que una contracción de lo sano, significa una deshinchazón de lo insano.

Yendo a lo práctico, y si bien el Frente de Todos no gozará de la luna de miel que de ordinario tienen los gobiernos sin importar su coloratura ideológica, Alberto Fernández cuenta con una ventaja que a su antecesor le faltó y que, en una sociedad como la argentina, cruzada por antagonismos que vienen de lejos y separada por una grieta que nada hace prever tenderá a achicarse, no es menor: los gremios más robustos, los verdaderamente decisivos, y la mayoría de los movimientos sociales no habrán de complicarle los primeros meses de su gestión con pedidos intempestivos de aumentos salariales y tomas conflictivas de las calles. No será un cheque en blanco, pero le dará un respiro en un momento en que tendrá que lidiar en diversos frentes, uno más complicado que el otro.

Pareciera acertado terminar recordando el pensamiento de Juan Bautista Alberdi, el autor intelectual de la Constitución de 1853 que tanta prosperidad trajo al país: “El ladrón privado es el más débil de los enemigos que la propiedad reconozca. Ella puede ser atacada por el Estado en nombre de la utilidad pública […] ¿qué exige la riqueza de parte de la ley para producirse y crearse? Lo que Diógenes exigía de Alejandro: que no le haga sombra”.

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