En el juicio por desfalco a la obra pública que se le sigue a la vicepresidente de la Argentina, el pasado lunes el fiscal solicitó 12 años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. Cristina Kirchner es acusada de ser la jefa de una asociación ilícita que redireccionó obra vial a favor de Lázaro Báez, un hombre sin dinero ni experiencia que ganó el 80% de las licitaciones en Santa Cruz, una provincia enorme y feudo del matrimonio Kirchner. Las contrataciones fueron simuladas y Báez sólo cumplió con 2 de las 51 obras que se le adjudicaron, aunque cobró todo. Los fiscales presentaron múltiples pruebas en las nueve jornadas de alegatos: “Concluimos que el perjuicio causado por la maniobra delictiva no resulta menor a $5.321 millones de pesos (unos mil millones de dólares), una cuantía desmesurada del daño causado”.

Cristina Kirchner está acusada de numerosos casos de corrupción. Este paquete de juicios es la razón principal por la que puso a Alberto Fernández de presidente y a sí misma como vice, para avanzar sobre la institucionalidad judicial y solucionar su prontuario, aun cuando Fernández era el jefe de todos los ministros en los momentos en los que el mecanismo de robo que denuncian los fiscales se llevaba a cabo. Impensable que ignorara el contubernio que sucedía durante su gestión y en sus narices.

Empresarios hoteleros

Si bien es cierto que juzgar a personas en el poder tiene sus dificultades, pues se los puede acusar por actos que disgustan políticamente pero que no son delitos -en este sentido Cristina Kirchner fue sobreseída correctamente en el juicio por la causa dólar futuro-, no se puede obviar que se trata de la comisión de burdos delitos con una magnitud de descalabros difícil de cuantificar. 

Los Kirchner se convirtieron en mega empresarios hoteleros siendo presidentes. Su testaferro, Lázaro Báez, les alquilaba habitaciones al por mayor en operaciones altamente ruinosas para él. Existen videos de los funcionarios del gobierno escondiendo bolsos con millones de dólares y otros tantos de los hijos de Báez contando montañas de billetes verdes. Los fiscales mostraron mensajes del celular del Secretario de Obra Pública de entonces, José López, probando que los Kirchner y Báez eran socios. Entre otras, el hecho de que Báez se hizo cargo de Hotesur, la compañía de hoteles de la familia presidencial, y esto se relaciona directamente con otras de las causas que tiene Cristina: las conocidas como Los Sauces y, justamente, Hotesur. Además, el fiscal solicitó que se incaute lo robado y el decomiso de todas la sociedades investigadas. Sólo en estancias de la Patagonia a nombre del grupo Báez y adquiridas durante la investigación cuentan La Verdadera Argentina, Cruz Aique, El Rincón, La Santafesina, El Campamento, Los Baguales, Manantial Alto, La Porteña, Río Bote, Río Orli, Laguna Asador y Los Grises. No hay forma que que esas propiedades pertenezcan realmente a la familia Báez.

¿Cristina tras las rejas?

Pero en la Argentina, los políticos han aprendido a protegerse de las condenas que podrían recaer en cualquier otro mortal. Si el tribunal condena a Cristina, el veredicto se conocería, como pronto, a fin de año. La prisión sería efectiva sólo si el fallo queda firme en la Corte Suprema, lo que para los tiempos judiciales argentinos es una eternidad. Por lo demás, mientras Cristina Kirchner sea vicepresidente tendrá fueros, incluso si la condena queda firme. Y en 2023 podría ser candidata a presidente (con el riesgo de perder los fueros), o a senadora, asegurándose retenerlos por el mecanismo de lista sábana de jurisdicción plurinominal existente en el país, que le permite colocarse primera en la lista de candidatos de la provincia en la que el kirchnerismo pisa fuerte. Si ganara, lo que es altamente probable, sólo con dos tercios del Senado podría ser desaforada. Además, el 19 de febrero próximo cumplirá 70 años, lo que le otorga el privilegio de prisión domiciliaria. En conclusión, nada le impide presentarse como candidata el próximo año y se descuenta que tras las rejas no va a estar nunca. 

Por los próximos días se escucharán especulaciones de todo tipo: sobre las futuras elecciones, apalancadas sobre la suerte de otro beneficiario de la obra pública: Lula y su posibilidad de volver a ser presidente, a pesar de sus condenas por corrupción; sobre si puede o no puede Alberto Fernández indultar a su jefa política, algo que ayer mismo esbozó; la campaña de victimización orquestada por los franquiciantes del Foro de San Pablo -si se tratara de derecha, la condena sería unánime y efectiva. Pero tratándose de los progresistas, hasta la oposición se cuida de ampliar juicio.

Pero, el kirchnerismo y sus cómplices regionales no tienen forma de dar una respuesta honesta a las preguntas de cómo hizo Lázaro Báez, llano empleado sureño e íntimo de Néstor Kirchner, para convertirse en el máximo contratista de la obra pública con una empresa que fundó al inicio del primer gobierno kirchnerista. Cómo acumuló con base cero una fortuna de la que, por testamento, no pueden disponer sus herederos en caso de su desaparición. Cómo es posible que estando los Kirchner en la cúpula del poder hicieran negocios privados con Báez, alquilándoles sus hoteles a precios estrafalarios, mientras el mismo Báez ganaba licitaciones multimillonarias del estado nacional a su cargo. En definitiva, lo que el castrochavismo disperso por el mundo no podrá responder es cómo hizo una persona sin recursos ni conocimientos para comprarse el equivalente a 20 ciudades de Buenos Aires en el lapso de la presidencia de sus mejores amigos. 

Aumenta el repudio hacia la vice

Esta situación procesal cobra impulso en un momento en que la mitad de la población argentina se hunde en la pobreza y la inflación no deja de escalar máximos impensados. Quizás no sea casualidad que el avance de la justicia sobre la vicepresidenta coincida con la agonía del proyecto socioeconómico kirchnerista; en países con instituciones precarias, el destino de políticos acusados de corrupción depende más de su poder que de su eventual inocencia. El deterioro de la economía la está privando del apoyo que le permitiría continuar riéndose de fiscales y jueces que se resisten a entender que “la historia la ha absuelto”, como dijo en su alegato de diciembre de 2019 al iniciarse el juicio. Todos los días se difunden encuestas de opinión en que se ve reflejado el aumento de quienes la repudian, lo que influye en las actitudes de muchos miembros del poder judicial.

Todavía le quedan 16 meses en el poder. Hasta fin del año que viene, pues, la Argentina tendrá que manejarse con un gobierno que carece de la autoridad que necesitaría para impedir que la crisis económica produzca estragos que sean aún más graves que los que ya ha provocado, por lo que muchos temen que al país le aguarde otro cataclismo socioeconómico. Y el único motivo por el cual el país no se incendia es porque el filo kirchnerismo -parte del peronismo y la izquierda- está en el poder.

Mientras tanto, en Argentina…

Mientras tanto, la oposición, que no quiere correr el riesgo que le supondría una salida inconstitucional -o una dada por una eventual decisión kirchnerista de entregarle el mando luego de convocar a una asamblea legislativa- continuará preparándose cansinamente para encargarse de una situación que será peor que la actual. No le está resultando sencillo porque tiene que reveer su libreto; tarde o temprano, tendrá que comprometerse con medidas que ellos mismos se encargan de negar. Sea por ideología o por proyecto de poder, su principal exponente, el Jefe de Gobierno de Buenos Aires, comparte visión con el kirchnerismo: el subsidio como derecho, el victimismo pobrista, el paternalismo clientelar, la no represión de la protesta extorsiva, la asimilación del caos como norma y el maltrato a los sectores productivos. 

Así las cosas, para que el país salga adelante será necesario que quien gane en las próximas elecciones destierre la idea del estado como una presencia omnipresente, como dador de empleo público, de planes sociales, de obra pública, de subsidiador de empresas y de precios, y dedicado exclusivamente a hacer distribucionismo para dar lugar a en un partido o coalición que pueda armar un sistema de gobernabilidad estable con reformas estructurales y mantenerlo en el tiempo con victorias electorales. Cualquier otra alternativa podrá servir para ganar elecciones, pero no para gobernar.

*Eleonora Urrutia es abogado, máster en Economía y Ciencias Políticas.

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