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Publicado el 05 de octubre, 2018

Eleonora Urrutia: ¿Cuál es la verdadera responsabilidad social de las empresas?

Los gobiernos, por sus propios fracasos, a menudo intentan forzar a las empresas a hacer las veces de agentes de la ley, pero éstas no están bien preparadas para realizar esas tareas porque no son su responsabilidad. 

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Está de moda criticar a las empresas, en particular a las grandes corporaciones, por descuidar sus responsabilidades con la sociedad, más precisamente por no ocuparse de los asuntos comunales que políticos, activistas y sus letrados patrocinadores y la prensa progresista entienden son sus obligaciones.

 

Los defensores de la responsabilidad social corporativa notan que, dado que las corporaciones son personas ficticias de responsabilidad limitada, creadas por ley sin límite de tiempo y sostenidas por concesiones gubernamentales, tienen obligaciones con la sociedad que superan a las de sus propietarios. Estos argumentos no son nuevos. Robert Hessen, en su libro In Defense of Corporation (1979), demolió las bases esgrimidas por Ralph Nader en 1973 y 1976 con las que solicitaba la formación de un registro federal con un control rígido y burocrático de las corporaciones, aduciendo esas mismas razones, en un debate que fue ampliamente conocido. El origen de esta controversia proviene de la Teoría de la Concesión Corporativa de la época medieval y fue utilizada en los Estados Unidos y otras sociedades occidentales hasta el siglo XIX como una reliquia de los días de la monarquía absoluta, cuando las empresas no podían operar a menos que solicitaran el permiso del soberano.

 

Recién en 1837 la naturaleza de las corporaciones cambió, cuando el estado de Connecticut aprobó el primer estatuto corporativo con un sencillo procedimiento; de un privilegio otorgado por el estado pasó a ser un contrato pro forma que el gobierno estaba obligado a proporcionar a todos los interesados ​​que cumplieran con los requisitos mínimos. La razón de este cambio fue una reacción pública contra los monopolios y privilegios especiales otorgados a algunos amigos favorecidos con conexiones políticas. A Connecticut le siguieron el resto de los estados.

 

A principios de siglo XX, el supuesto implícito subyacente a estas leyes corporativas era que la corporación existía para ganar dinero para sus accionistas. La primera prueba legal importante de las responsabilidades de los directores corporativos se produjo en el caso Dodge v. Ford (1919). En agosto de 1916, Ford poseía el 58% de las acciones de la compañía del mismo nombre. John y Horace Dodge poseían el 10%. En lugar de pagar dividendos regulares y especiales, como en años anteriores, Ford anunció que solo se pagarían dividendos regulares. Los beneficios especiales se utilizarían para ampliar la capacidad de producción, aumentar los salarios y compensar las pérdidas esperadas por el recorte del precio de los automóviles. Los hermanos Dodge demandaron, afirmando que Ford estaba usando el patrimonio de los accionistas para perseguir sus objetivos filantrópicos. La Suprema Corte de Michigan estuvo de acuerdo con los hermanos Dodge. Afirmó que una corporación existía para beneficiar a sus accionistas, y el comportamiento corporativo, como las donaciones caritativas, podría pasar un examen legal siempre que tuviera una relación legítima con las ganancias corporativas. Como cuestión práctica, Dodge v. Ford y casos similares dieron a los gerentes corporativos una gran discreción; sin embargo, el caso en sí estableció en la mente de los gerentes corporativos y de los accionistas la noción de que las corporaciones tenían responsabilidades directas solo con los accionistas.

 

El principio bajo fuego

Después de la Gran Depresión y durante los años de la II Guerra, esta noción fue atacada desde varios frentes. Primero, varios académicos llegaron a promover la proposición de que las corporaciones no eran realmente responsables ante nadie más que sus gerentes. Adolf Berle y Gardiner Means, en su influyente trabajo The Modern Corporation and Private Property, argumentaron que los accionistas eran, en el mejor de los casos, propietarios pasivos que sólo ejercían el poder de vender sus acciones si no estaban satisfechos con el desempeño o las políticas corporativas. «Al ceder el control y la responsabilidad», los accionistas habían «renunciado al derecho de que la corporación debería operar en su propio interés».

 

Otro argumento fue que las corporaciones habían crecido y acumulado tanto poder sobre la sociedad que las formulaciones anteriores de sus responsabilidades sociales habían quedado obsoletas. Esta opinión fue expresada por la Suprema Corte de Nueva Jersey en el caso Smith Manufacturing Co.v Barlow (1953) que ayudó a redefinir el propósito de las corporaciones en la mente de muchos ejecutivos, jueces y académicos. En 1951, la junta directiva de A.P. Smith -un fabricante de válvulas y bocas de incendio- adoptó una resolución para aportar US$1,500 a la Universidad de Princeton. Los accionistas impugnaron la donación por estar fuera del alcance adecuado de los gastos corporativos. El tribunal confirmó la contribución, regresando a los estatutos reales y expresando que a los accionistas «no se les debería permitir cerrar los ojos a las realidades actuales y frustrar la acción corporativa que cumple voluntariamente sus obligaciones como un componente de nuestra moderna estructura social”. 

 

Casi al mismo tiempo, otras decisiones judiciales y nuevos estatutos estaduales reconocieron el poder de las corporaciones para hacer donaciones al bienestar público con fines caritativos, científicos o educativos. Los defensores de la responsabilidad social corporativa comenzaron a argumentar que si la filantropía era una actividad corporativa legítima, quizás otras actividades que colocaban objetivos sociales sobre los rendimientos de los accionistas también eran legítimas, como el abandono de líneas de productos rentables pero, en su opinión, social o ambientalmente destructivas.

 

La reacción

Muchos líderes empresariales y académicos vieron el movimiento de la responsabilidad social corporativa con alarma. Para ellos, iba de la mano con un control gubernamental creciente sobre las decisiones económicas privadas. Su crítico más famoso fue el Premio Nobel Milton Friedman quien escribió el ensayo sobre responsabilidad social corporativa: The Social Responsibility Of Business Is to Increase Its Profits.

 

En esa publicación del 13 de septiembre de 1970 en la New York Times Magazine, Friedman buscó aclarar los problemas legales y éticos involucrados en el debate al señalar que las empresas son simplemente grupos de personas y que solo las personas tienen responsabilidades. Si una corporación hace una donación a una organización benéfica sin la autorización de los accionistas, escribió Friedman, los gerentes están decidiendo cómo gastar el dinero de otras personas. Sería mejor devolver el dinero a los accionistas como dividendos o ganancias de capital y dejar que ellos decidan qué organizaciones benéficas apoyan. En opinión de Friedman, el propósito de la corporación es claro: “Existe una y solo una responsabilidad social de las empresas: usar sus recursos y participar en actividades diseñadas para aumentar sus ganancias siempre que se mantenga dentro de las reglas del juego, esto es, participar en una competencia abierta y libre sin engaños ni fraudes».

 

Desde entonces no ha habido trabajo en el tema que no le haya hecho mención explícita o implícita, para citarlo o criticarlo. Friedman respondió a sus críticas y no es éste el espacio para extenderse. De todos modos parece importante recordar un par de sus puntos que suelen pasar desapercibidos. El primero es que los accionistas acuerdan arriesgar su riqueza como propietarios de capital de la corporación a cambio de una oportunidad de obtener un rendimiento rentable de su inversión. No hay nada socialmente indeseable en este énfasis en las ganancias. Muchas familias dependen de las inversiones en acciones o fondos mutuos para realizar el pago de la hipoteca de  su primera casa, enviar a sus hijos a la universidad o vivir decentemente al jubilarse. Los accionistas de las corporaciones buscan ganancias de la misma manera que otros grupos de ciudadanos buscan salarios más altos como trabajadores, tasas de interés más altas como prestamistas, tasas de interés más bajas como prestatarios y precios más bajos como consumidores. Las corporaciones sirven como el lugar donde estos intereses a veces compatibles, a veces competitivos se acomodan en formas siempre cambiantes, pero mutuamente satisfactorias. El otro punto de Friedman es su sugerencia de que «la gran virtud del sistema de empresa privada es precisamente que al maximizar los beneficios corporativos, los ejecutivos contribuyen mucho más al bienestar social que gastando el dinero de los accionistas en lo que ellos, como individuos, consideran una actividad que vale la pena”.

 

Aquí está el quid de la cuestión. La suposición de que la ganancia es inconsistente con el bien común se basa en una tensión percibida entre ganar dinero y servir al prójimo. En otras palabras, tal vez la actividad comercial -a diferencia de otras formas de comportamiento, como la filantropía personal o la acción del gobierno- confiere beneficios únicos a la sociedad. En opinión de Friedman, la respuesta de las corporaciones a estos problemas es y debe ser diferente debido a la naturaleza del negocio con fines de lucro. «La pregunta crucial para una corporación no es si alguna acción es en interés de la corporación, sino si es suficiente en su interés para justificar el dinero gastado».

 

Las empresas, entonces, traen una búsqueda de eficiencia y economía a la tarea de resolver problemas. Esta búsqueda representa una forma fundamentalmente diferente de abordar los problemas sociales de los medios empleados por los gobiernos, organizaciones benéficas, iglesias o familias. Eliminar las distinciones entre corporaciones y otras instituciones es potencialmente perder las oportunidades únicas de resolución de problemas que crea la empresa libre. En efecto, la empresa privada está cumpliendo su «responsabilidad social» si, y solo si, trata de obtener una ganancia.

 

Es por todas estas razones que las empresas deben respetar las leyes y actuar ética y responsablemente, pero no tienen la obligación de funcionar como un organismo promotor del bienestar general. Quienes critican al sector privado parecen no comprender que la sociedad crea instituciones diferentes para ejercer funciones diferentes, y que a todos nos conviene que tales funciones no se mezclen. El Gobierno fue establecido para fijar las reglas, proteger la propiedad y a las personas y asegurar un orden de libertad y justicia a todos. Las iglesias sirven al espíritu y frecuentemente a las necesidades materiales de sus miembros. Las instituciones caritativas aportan bienestar y educación y reciben privilegios impositivos especiales por no tener fines de lucro. Las empresas se fundan para aportar beneficios a sus dueños. Esos beneficios provienen de proveer bienes y servicios que la gente desea adquirir. En su búsqueda de ganancias, las empresas crean puestos de trabajo y avances en tecnología, con lo cual logran un mundo mejor para todos.

 

Los gobiernos, por sus propios fracasos, a menudo intentan forzar a las empresas a hacer las veces de agentes de la ley. Así, se espera que los bancos capturen a los blanqueadores de dinero y a los narcos, que otras empresas hagan cumplir las leyes de inmigración, que sean recaudadoras de impuestos, cuiden el medioambiente más allá de la introducción de procesos eficientes en su producción y así ad infinitum. Las empresas no están bien preparadas para realizar esas tareas porque no son su responsabilidad. Evolucionaron para hacer bien lo que hacen. Si se ponen a hacer otras cosas, harán mal las dos.

 

Como subraya Alan Greenspan, «se requieren años de desempeño consistentemente excelente para adquirir una reputación y cimentarla como un activo financiero. Después de eso, se necesita un esfuerzo todavía mayor para mantenerla: una empresa no puede permitirse arriesgar sus años de inversión haciendo algo para lo que no está preparada”. Puesto así, es imposible que de las políticas de responsabilidad social empresarial, tal como hoy en día se está exigiendo a las empresas, cupiese esperar buenos resultados. Y descartada esta alternativa, a las empresas y puestas contra la espada y la pared sólo les quedarán dos opciones: hacer las cosas mal o no hacer nada.

 

FOTO:VICTORPEREZ/AGENCIAUNO.

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