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Publicado el 22 de noviembre, 2019

Eleonora Urrutia: Claves para entender la crisis en Bolivia

La distancia entre el razonamiento de Evo Morales y el del origen divino del poder, típico del absolutismo monárquico, es casi inexistente.

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Se habla de una doble legitimidad de la democracia, de origen el votoy de desempeño la legalidad de los actos de gobierno. Muchas tonalidades de gris son admisibles en lo que hace al apego o desapego a las normas de gobierno, pero menos tolerables con los grises esel terreno electoral. El fraude ocurre o no ocurre, y cuando ocurre suele precipitar una grave crisis política porque un gobierno ilegítimo en su origen difícilmente pueda recobrar la legitimidad en el ejercicio del poder.

También se sabe de los problemas que acarrea la deslealtad de un gobierno en el poder. Es el caso de quien modifica las reglas de juego para reelegirse y quedarse más tiempo del estipulado al llegar, por ejemplo. Con ello se pierde la neutralidad de dichas reglas, se diluye la noción de igualdad ante la ley y se erosiona la separación de poderes, el debido proceso y las garantías individuales, principios que le dan sentido a vivir en democracia. Por ello, un presidencialismo sin alternancia no puede sino adquirir rasgos despóticos. En este contexto, una ruptura institucional no puede sorprender del todo.

Y por esto mismo no es llamativa la historia de Evo Morales en Bolivia, a pesar que la falsa narrativa progresista pretenda cambiarla. El socialista sudamericano, que gobernó Bolivia por 14 años ininterrumpidos, huyó de su país con destino a México a principios de mes después de que el ejército le dijera que no usaría la fuerza contra los manifestantes que protestaban por una elección fraudulenta.

Todo se inicia mucho antes. Morales llegó a la presidencia en 2006 por un período y sin reelección. En febrero de 2009 consiguió que se promulgara una nueva constitución con cláusula de reelección inmediata por un segundo término, por la que fue reelecto en diciembre de ese año con el 67% de los votos para cumplir un segundo período. Una disposición transitoria en el nuevo texto especificaba que el período anteriorbajo la previa constitución se tomaría en cuenta. No obstante, en 2013 se postuló a un tercer mandato, siendo habilitado por el Tribunal Constitucional. La justificación fue que anteriormente había sido presidente de otro” Estado porque la nueva constitución consagra el Estado “Plurinacional” Boliviano. Volvió a ser reelecto en octubre de 2014.

Aun así, al concluir el primer año de su tercer gobierno, abrió un proceso de reforma del artículo 168 de la Constitución, que limita la reelección, incluyendo un referéndum el 21 de febrero de 2016por el que se le preguntó a los ciudadanos si apoyaban una nueva reelección. El “no” fue vencedor de esa consulta, que era vinculante según el propio decreto presidencial. Evo Morales no lo aceptó. En septiembre de 2017 el Tribunal Constitucional admitió una demanda del gobierno por la inconstitucionalidad de cuatro artículos, incluyendo el que se invocó para llevar a cabo el referéndum en 2016. Se argumentó una supuesta incompatibilidad entre el artículo 168 de la Constitución y el artículo 23 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos en lo relativo a los derechos a elegir y ser elegido. Pero sucede que si la reelección es un derecho humano, y dado que éstos no tienen límite en el tiempo, eternizarse en el poder podría ser un derecho humano. La distancia entre el razonamiento de Evo Morales y el del origen divino del poder, típico del absolutismo monárquico, es casi inexistente.

Es cierto que Bolivia ha crecido pero lo ha hecho de forma muy lenta y sólo al albor del crecimiento de la economía internacional. Aun así, sigue en la ruina.

Así llegamos a esta elección del 20 de octubre pasado. Cuando los bolivianos rechazaron su candidatura, simplemente se autodeclaró ganador. Tras lo cual apareció el conocido informe de la OEA que da cuenta de un fraude grosero y generalizado, observable en casi todas las etapas del proceso: el supuesto desperfecto informático que dio vuelta la tendencia, la falsificación de actas y el uso de un servidor fantasma que inventó 350 mil votos y un sinfín de tropelías halladas y recogidas en el informe. Las manipulaciones al sistema informático utilizado en las elecciones son de tal magnitud que el Estado boliviano debe investigarlas profundamente para llegar al fondo, decía la OEA. Tan así, que Evo Morales ha hecho declaraciones de todo tipo a la prensa desde su exilio en México, pero ni él ni nadie de su gobierno han rechazado una sola de las acusaciones formuladas por la auditoría de la OEA.

Sucede que Evo Morales venía perdiendo su base de sustentación desde hacía tiempo. En marzo de 2015, apenas meses después de la reelección de octubre de 2014, el oficialismo fue duramente derrotado en las elecciones regionales. Ocho de las diez ciudades más importantes del país quedaron en manos opositoras, incluidas aquellas con población eminentemente Aymara como El Alto. Uno se pregunta cómo puede pasar esto siendo Morales hasta el día de hoySecretario General de la Federación Boliviana de Cocaleros, uno de los mayores productores y distribuidores de cocaína en el hemisferio occidental, que reúne a grandes poblaciones indígenas. Y es que desde su cargo pisoteó sus derechos cuando se opusieron a la expansión del negocio de la coca en sus tierras ancestrales protegidas y no dudó en enviarles a fuerzas de seguridad en las revueltas de 2011 para someterlas.

No menos grave es la falacia que la izquierda está haciendo circular con respecto a la economía boliviana, quien asegura que los últimos 14 años Bolivia ha mejorado todos sus indicadores sociales y económicos. Como siempre y con los datos en la mano, la realidad del país dista años luz de esta afirmación. Es cierto que Bolivia ha crecido pero lo ha hecho de forma muy lenta y sólo al albor del crecimiento de la economía internacional. Aun así, sigue en la ruina. El Índice de Desarrollo humano (IDH) lo sitúa entre los países de las Naciones Unidas como uno de los que tiene muy mala calidad de vida. El PIB per cápita fue en 2018 de 3.005 euros, llevando al país al puesto 124 de los 196 del ranking de países. A estos malos datos se suma que es uno de los peores lugares para hacer emprendimientos. Bolivia se coloca en el puesto 156 de los 190 que aglutina el ranking Doing Business que elabora listados de países según las facilidades para comerciar. Además la deuda pública no para de crecer. 

Morales gobernó Bolivia como un autoritario que utilizó su popularidad y el negocio de la cocaína para manejar el poder a su antojo y destruir las instituciones democráticas de su país. Siguiendo viejas estrategias del comunismo soviético, él y sus socios hablan ahora de un “golpe de Estado” para disfrazar la dictadura que el expresidente del Movimiento Socialista en Bolivia quería imponer, una actitud propia del marxismo histórico en el que la invención de conspiraciones era común cuando no gustaban los resultados electorales. Pero la realidad es que, así como Morales obró, cayó.

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