Columnas de opinión es presentado por:
Publicado el 08 de agosto, 2018

Eleonora Urrutia: Argentina y la corrupción

Lo que está pasando en el caso llamado “los cuadernos de las coimas” es que, de acuerdo a la corriente de moda, se están saltando los principios del debido proceso, en la creencia que significará el despegue del país.
Recibe en tu correo Lo mejor de la prensa
Suscribirse

En enero pasado llegó a manos del periodista del diario La Nación Diego Cabot una caja con documentos que daban cuenta de una supuesta trama de corrupción del gobierno kirchnerista: cuadernos, un anotador, facturas de una marroquinería por compras de bolsos, fotos y videos. Óscar Centeno, el chofer de Roberto Baratta, número dos del exministro de Obra Pública Julio De Vido, se encargó de tomar nota de todo lo que oía durante los trayectos que realizaba en su Toyota Corolla. El conductor es un suboficial mayor del Ejército, acostumbrado a escribir diariamente un informe de novedades, rutina de los militares. La documentación fue llevada a la Justicia y luego de meses de investigación a cargo del juez Claudio Bonadio se inició una ola de arrestos de exfuncionarios y empresarios.

La información “cantada” no solo hace bajar la pena, sino que permite conservar parte del patrimonio.

El caso presenta una particularidad. Es el primero de corrupción en la Argentina que se da en el marco de la Ley del Arrepentido, aprobada en octubre de 2016, donde se premia al que confiesa antes. La información “cantada” no solo hace bajar la pena, sino que permite conservar parte del patrimonio. Por lo mismo, es una carrera de infidencias que cambia la lógica conocida del proceso penal. Permite a los fiscales estructurar acuerdos de culpabilidad de manera que hace casi imposible para una persona normal y racional arriesgarse ir a juicio.

Dado esto y según la moda, la Argentina estaría viviendo una gran oportunidad para terminar con la corrupción y, junto con ella, apuntar hacia una senda de crecimiento. Las nuevas herramientas del derecho penal que permiten eludir algunos principios tradicionales del derecho para perseguir los llamados delitos de cuello y corbata, serían la cortapisa que el país necesita para salir adelante.

¿Acaso es posible que, de dos asesinos, el que confiese primero quede liberado y al otro le corresponda cadena perpetua?

Para quienes creemos en la libertad, se corre el peligro que suceda lo contrario. Los procedimientos del derecho penal no evolucionaron al azar sino para frenar el poder del gobierno frente al individuo. ¿Acaso es posible que, de dos asesinos, el que confiese primero quede liberado y al otro le corresponda cadena perpetua? No por convertir en delito cualquier hecho se puede exigir facultades que avasallen el sistema jurídico. ¿Cuánto más totalitario hubiera sido el gobierno de Kirchner de haber tenido la capacidad de perseguir a sus enemigos sin los frenos de los principios del debido proceso? ¿Creció Italia luego del proceso de Mani Pulite del fiscal Di Pietro en 1992, o dejó de ser corrupta?

Lo que está pasando en el caso llamado “los cuadernos de las coimas” es que, de acuerdo a la corriente de moda, se están saltando los principios del debido proceso, en la creencia que significará el despegue del país. Por ejemplo, dictaron la prisión preventiva de mucha gente con unas fotocopias, las de los cuadernos, sin haber visto los originales nunca y no parece razonable la prisión preventiva en muchos de los casos en que los acusados no podrían alterar ni las pruebas ni fugarse. Es una institución de interpretación restrictiva dado que está en juego la privación de libertad y el principio de inocencia. Además, la utilización del delito de asociación ilícita que pesa sobre los empresarios -cuando no es probable que personas que no se conocían entre sí hayan armado una banda para cometer crímenes de manera indeterminada- es un subterfugio para evitar que los empresarios sean acusados de financiamiento ilegal de la política, que tiene una pena de tres años en lugar de seis y además es de cumplimiento en suspenso. Algo parecido ya vivimos en Chile cuando se terminó acusando a ciertos empresarios extendiendo el delito de falsificación, del Código Tributario al concepto de falsificación ideológica porque el delito de aporte ilegal de campaña estaba en general prescrito y tenía penas muy inferiores, rompiéndose además el principio de igualdad ante la ley ya que ante los mismos hechos se castigó a unos y no a otros.

Para la década de 1930 el académico socialista Edwin Sutherland acuñó el término “crimen de cuello blanco”.

La corriente que propugna la destrucción de los principios del derecho penal -como el principio de inocencia- en pos de perseguir delitos de una supuesta naturaleza colectiva por tratarse de acciones que dañan a la sociedad en general o que violan una regla inventada por el gobierno de turno tuvo su origen en el fuero penal federal de los Estados Unidos bajo la influencia del movimiento progresista hace más de cien años. Para la década de 1930 el académico socialista Edwin Sutherland acuñó el término “crimen de cuello blanco”, a la par que declamaba que la mayoría de los empresarios eran delincuentes que debían ser perseguidos y encarcelados. Así comenzó a infiltrarse la idea que había que estar más preocupados por quién cometía el crimen que por el delito cometido, a punto que Sutherland quería deshacerse de la presunción legal de inocencia en los casos de “cuello blanco”. De hecho fue un protegido suyo, Donald Cressey, quien creó la idea de los infames estatutos RICO, o “Ley de Chantaje Civil, Influencia y Organizaciones Corruptas”. Así, hoy sufrimos de una combinación de leyes vagas y expansivas, y de fiscales que no enfrentan consecuencias por sus violaciones a la ley.

Podría pensarse que si esta corriente pulula en los Estados Unidos, a quien tan mal no le ha ido, debería funcionar en la Argentina. Olvidan que el país del norte cuenta con instituciones centenarias que lo protegen contra marismas volátiles que afectan las libertades de las personas y que aquilatan el peso de la historia, aquí ausentes.

Un estado pequeño –con pocos funcionarios y pocas decisiones discrecionales– es mucho más fácil de fiscalizar por tribunales independientes y por la ciudadanía. Pero los progresistas proponen lo opuesto

La Argentina requiere para la eliminación de la corrupción reducir el tamaño y el alcance de las intervenciones del estado: si el gobierno no se ocupa en exceso de regular un área determinada de la sociedad, carecerá en esa área de poder discrecional susceptible de ser corrompido. Es más, un estado pequeño –con pocos funcionarios y pocas decisiones discrecionales– es mucho más fácil de fiscalizar por tribunales independientes y por la ciudadanía. Pero los progresistas proponen lo opuesto: no reducir el estado, sino multiplicarlo y además eliminar sus controles, como los principios del debido proceso. Si queremos luchar contra la peor de las corrupciones, la impuesta por la fuerza, debemos luchar contra el Estado gigantesco; es decir, debemos luchar contra el modelo de estado que propugnan los progresistas.

¿Son iguales los empresarios que para sobrevivir tuvieron que pagar el peaje para operar a modo de teloneros de licitaciones, que aquellas personas amigas del matrimonio K que devinieron durante su gobierno en los únicos “empresarios” ganadores de todas sus licitaciones? Dejémonos de eufemismos. No está claro que pueda exigirse al extorsionado que se inmole frente al revolver, elemento por el que se hizo famoso el ex secretario de Comercio Interior Moreno. Habrá algunos que frente a la mafia entregan su vida antes que su honor – o se van del país y dejan de invertir – pero no es la conducta de todos. Castigar al que paga la coima en lugar de eliminar al coimero, es condenar al país a manos de los pistoleros y quedarnos sólo con los amigos de los mafiosos de turno.

La Argentina necesita algo distinto. Un aspecto de la regeneración institucional y económica imprescindible del país pasa por acabar de una vez con las mafias. Condenar hasta hacerlos desaparecer a los sindicatos, a los piqueteros y demás grupos de liberados y mandamases subvencionados, que no hacen públicas sus cuentas, que mantienen sus viejos tópicos de un marxismo simplón, tienden a la intimidación y a la violencia, y se creen con derecho a imponer sus ideúchas políticas, erigiéndose en matonismos privilegiados por el poder de turno. Y en esto el gobierno sí tiene mucho que decir y hacer.

Las columnas de Opinión son presentadas por:
Ver más

También te puede interesar: