La cuenta que hace unos días entregó el Fiscal Nacional Sabas Chahuán ha sido objeto de numerosos comentarios. Ello es natural, si se considera que el Fiscal ha estado al centro de la noticia por varios meses, desde su decisión de asumir en primera persona los procesos por evasión tributaria, falsificación ideológica, cohecho y otros vinculados al financiamiento de campañas electorales y/o partidos políticos, que han causado alarma e incrementado la desconfianza en la política.
Es natural entonces, a la vez que digno de elogio, que el Fiscal Chahuán haya dedicado parte importante de su cuenta a esos procesos; era lo que la opinión pública esperaba y nadie se ha visto defraudado. Por lo demás, al comenzar su cuenta, el Fiscal Nacional dijo claramente que «evadiría la tentación» de dar una cuenta global de sus ocho años en el cargo. Se concentró en lo que ha hecho en el último tiempo y ello es más que razonable.
Sin embargo, lo que queda pendiente de esta cuenta es la acción del Ministerio Público respecto de lo que, según las encuestas, es la primera preocupación de la ciudadanía hoy: el aumento de la violencia y, en especial, de los delitos contra las personas y contra la propiedad.
Sin entrar a discutir las cifras oficiales al respecto, ni el papel que juegan en la creación de esta alarma ciudadana los medios de comunicación, en especial la televisión -que día a día inicia sus noticieros, en todos los canales, con más de un asalto, un «portonazo» o algún delito de sangre- no cabe duda de que la alarma es genuina. Es posible que los hechos concretos asuman forma distinta según el sector social en que se producen los crímenes: robo de autos o asaltos a casas y tiendas es lo que más vende. Pero los narcotraficantes haciendo lo que quieren en poblaciones, el temor de las madres de un barrio cuando sus hijos demoran en llegar, los robos o hurtos en las comunas donde las casas quedan desocupadas de la mañana a la noche, las historias de balaceras perdidas con víctimas inocentes, tienen tal vez una mayor cotidianeidad; y sus víctimas no son «de barrio alto».
El gobierno ha pasado el tema a su primera prioridad y buscado aumentar el número de policías en la calle, exigiendo a la vez una mejor coordinación entre las diversas instituciones. Pero hay aún pocos policías en las calles y por eso la Presidenta Bachelet anunció entre las prioridades del próximo presupuesto un aumento de las dotaciones de Carabineros e Investigaciones.
Sin embargo, las quejas concretas que más se escuchan en todos los sectores es la falta de eficacia de las denuncias («nunca más me llamaron de la Fiscalía y el caso se cerró»; «entregué todos los antecedentes, incluidos videos con los rostros de los asaltantes y no hubo resultados»); o el hecho de que muchas veces asaltantes conocidos salen casi de inmediato en libertad; o que los que van presos salen en pocos días y asaltan de nuevo y con más violencia, envalentonados con la impunidad; o el uso de menores de edad en crímenes graves, sin que los padres se hagan responsables de haberlos enviado a cometerlos.
Parlamentarios preocupados del problemas proponen aumentar las penas. Salida inconducente: se ha demostrado ya muchas veces que lo importante no es el tamaño de la pena, sino la certeza del castigo. Atacar la impunidad y la reincidencia de manera más eficaz (algo dice al respecto el Fiscal Chahuán en un párrafo de su cuenta) son tareas aún pendientes, de las cuales el Ministerio Público y los Tribunales de Justicia deben hacerse cargo.
Para evaluar el estado actual del Ministerio Público es importante conocer entonces un estudio más circunstanciado: ¿cuántos robos con violencia fueron solucionados, o al menos perseguidos con medidas efectivas? ¿Qué porcentaje de actos de violencia contra las personas o la propiedad fueron denunciados y qué porcentaje recibió justicia? ¿Cuántos delitos violentos fueron cometidos por reincidentes y cuántos de esos reincidentes están efectivamente en prisión?
Y no pedimos una cifra que a veces se maneja: la de porcentaje de casos cerrados. Sabemos que los fiscales son bien evaluados si cierran muchos casos; pero sabemos también (triste es decirlo) que muchos de esos expedientes cerrados no tienen nada adentro.
Esperemos del Fiscal que parte, una cuenta detallada de su lucha contra el crimen; esperamos, sobre todo, sus propuestas concretas para mejorar la confianza ciudadana en este plano. Esperamos del Fiscal que llega un compromiso renovado de acción decidida contra todos los delitos y muy especialmente de aquellos que llevan, con violencia y sangre, el dolor a muchos hogares chilenos.
José Miguel Insulza, Foro Líbero.
FOTO: PABLO VERA LISPERGUER/AGENCIAUNO