El país está viendo con creciente preocupación la performance de la Convención Constitucional. Voté Rechazo para dar testimonio de que la Constitución vigente le ha dado a Chile reglas que le permitieron un progreso sostenido de 30 años, inédito en nuestra historia, y que impulsó cambios en las condiciones de vida de millones de chilenos. Sin perjuicio de esa preferencia personal en el plebiscito y teniendo casi la certeza de que triunfaría el Apruebo, siempre abrigué la esperanza de que la Convención podría hacer un trabajo serio y culminaría en una Carta Magna integradora, para enfrentar los desafíos de futuro.

En sus casi cuatro semanas de funcionamiento, esa confianza va perdiéndose progresivamente. Ya no se trata de temas de fondo, como el violento golpe de mesa de una constituyente a Carmen Gloria Valladares y la pifiadera al himno nacional, cuando partía la ceremonia de instalación (nunca vimos algo así en los momentos solemnes de nuestra historia). Tampoco a la usurpación de facultades que la mayoría de izquierda se permitió en la primera sesión, para exigir la liberación de detenidos por delitos asociados al estallido. O al escandaloso intento de veto a la presencia de la prensa, para evitar la “sobre interpretación” de lo que ahí está ocurriendo (un argumento que, en la práctica, es sinónimo de censura).

Hablamos hoy de actuaciones lideradas por sus autoridades frente a las cuales no sabemos si ponernos a llorar a gritos, o reírnos. Se asemejan un día a una comedia, otro a un jardín infantil; y las más de las veces a un grupo de personas llamadas a cumplir una misión, que experimenta con extrañas simbologías, trabalenguas reglamentarios y el desprecio a las normas de la democracia (universales, respetadas transversalmente e invariables, salvo modificaciones legislativas expresas).

En menos de un mes hemos asistido a la repetición de votaciones, cuando el primer resultado no le gustó a la mayoría vociferante. A la exigencia de nuevas asignaciones para “encargados territoriales” y para el cuidado de la familia; el intento de prohibir la opción de abstenerse; el debate respecto a cómo se dirigirían en las sesiones, si por el nombre de pila o por el apellido; y a la creación de reglas obsesivamente identitarias (todo es con criterio de paridad y de escaños reservados, incluso la asignación de palabras en el plenario y en las comisiones). Un episodio desconocido hasta ahora y que refleja la actitud que prima en ese lugar es el reclamo de una convencional cuando la Coordinadora de la Comisión de Reglamento se presentó con su nombre y señalando que era abogada, lo que se estimó era discriminatorio (¡la profesión ofende!).

La Presidenta de la Convención, cuya pertenencia a un pueblo indígena no la exime de ser escrutada y evaluada por la ciudadanía, ha ido consolidando un discurso que reitera cada vez que tiene una cámara en frente: aspira a refundar Chile; considera privilegiados a quienes no comparten su visión política; y la Convención ha tenido que enfrentar la “precariedad”, porque el Gobierno no le ha dado facilidades (entre otras falencias esta semana denunció que no había comedor y que algunos convencionales estaban adelgazándose).

Elisa Loncón parece desconocer que ella representa a un poder creado temporalmente para representar a 18 millones de chilenos, no solo a su pueblo, a su región o a su color político. Que los “privilegiados” de Vamos por Chile fueron elegidos con más de un millón de votos, son la lista con más escaños y está integrada por abogados, periodistas, agricultores y también por hijos de pescadores, comerciantes, profesores y ex funcionaros públicos. Que se han destinado dos edificios públicos para el funcionamiento de la Convención, de nobles tradiciones y valor patrimonial, como la sede del Congreso en Santiago y el Palacio Pereira (remozado con el fin de que se sintieran a gusto para hacer su trabajo y que, por cierto, cuenta con un amplio lugar para comer, con las reglas sanitarias pertinentes). Y que dispone para funcionar de un presupuesto que sobrepasa los 8 mil millones de pesos.

Ya se sabe que los chilenos tenemos una paciencia casi infinita. Pero alguna vez se agota (y vaya que lo sabemos en los últimos dos años). Todavía es muy incipiente el cambio de mirada, pero atención porque, de acuerdo a Cadem, la confianza en el resultado de la Convención alcanza hoy un 59%, alejándose del 63% de principios de julio y del 78% que votó Apruebo (y, se entiende, votaba así porque confiaba en el proceso).

Más allá de que algunos prefieran refugiarse en el humor frente a lo que hemos visto estas semanas, no perdamos de vista que la Convención tiene una tarea trascedente para el país. No puede permitirse hacer el ridículo.

Deja un comentario

Cancelar la respuesta