El indulto es un vestigio monárquico. En los manuales de Derecho Constitucional, esta facultad del Presidente de la República suele clasificarse como judicial. Hubo un tiempo en que una sola persona -el monarca- reunía en sí los tres poderes: legislar, gobernar y juzgar. Hoy están separados, pero la separación no es perfecta. El Presidente de la República puede indultar a los condenados por los jueces.

Esta suerte de intromisión de un poder en el otro es atajada por la prohibición constitucional de “ejercer funciones judiciales, avocarse causas pendientes, revisar los fundamentos o contenido de sus resoluciones o hacer revivir procesos fenecidos” (artículo 76). Esto significa que el porqué de los indultos es clave para distinguir entre el ejercicio constitucional o inconstitucional de su competencia.

El indulto es una gracia. La misma ley lo define así. Si el Presidente quiere concedérsela a alguien para “sanar heridas”, por “razones humanitarias” o “para evitar males mayores” puede hacerlo. Unos estarán de acuerdo y otros en desacuerdo. Pero la justificación del indulto no pide mucho más. Sin embargo, apoyar la decisión presidencial “en las irregularidades del proceso” o en que los indultados “no son delincuentes” es otra cosa. Una cuestión de forma, me dirán. Sí, pero que hace toda la diferencia.

Si el indulto se convierte en una herramienta para compensar las deficiencias que el Ejecutivo detecta en el funcionamiento del Judicial, se viola la prohibición constitucional del artículo 76. Cuando el indulto se presenta como la forma de corregir una sentencia injusta, el que indulta se transforma en una instancia de control judicial.

Que el Presidente le diga al país que el indulto obedece a que los agraciados no son delincuentes, después de que todo el engranaje procesal concluyera que sí lo eran (porque el que comete delito se llama delincuente), es enmendarle la plana a los jueces. Lo mismo cuando el indulto se justifica en que “la valoración de la prueba no estuvo a la altura de la justicia”. Esta frase es propia de una sentencia de casación en la forma. Pronunciada por el Presidente de la República, es una infracción flagrante al respeto que debe guardar frente a un Poder distinto e independiente.

El Poder Judicial reaccionó, pero tan sobriamente que resulta débil. Digo esto, en primer lugar, porque su Declaración Pública del 3 de enero se limita a “recordar” al Presidente Boric el texto del artículo 76. Segundo, está firmada por 13 de los 20 ministros titulares de la Corte Suprema. ¿Por qué no firmaron los otros siete? Por último, faltan dos firmas importantes: la de la vocera de la Corte, ministra Ángela Vivanco, y la de Sergio Muñoz, expresidente del mismo Tribunal.

Precisamente durante la presidencia de Muñoz, cuando la ministra Benítez (Medio Ambiente) criticó el fallo “Castilla”, el Pleno de la Corte Suprema sacó un comunicado de tres páginas que fue leído por el vocero de entonces y contenía frases como estas: “El Pleno de la Corte Suprema manifiesta su total y absoluto rechazo a las declaraciones de la señora ministra que han sobrepasado la sola crítica y constituye la afectación de la independencia y autonomía de los tribunales”.

En fin, juzgue usted. El contraste da para pensar, y los pensamiento que engendra son preocupantes.

*Luis Alejandro Silva es abogado.

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