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Publicado el 23 de febrero, 2017

El post desastre como oportunidad

La experiencia demuestra que uno de los instrumentos más eficientes para mitigar el riesgo es la adecuada planificación y diseño del entorno urbano.
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Un legítimo debate surgió con fuerza en torno a las causas últimas de los incendios que azotaron la zona centro sur de Chile: las desfavorables condiciones ambientales asociadas al cambio climático, el modelo vigente de desarrollo económico-territorial, la falta de legislación adecuada, etc. Sin embargo, esta tragedia presenta una oportunidad para reflexionar en profundidad acerca de cómo este evento podría contribuir a mejoras integrales no sólo en la capacidad del país para responder adecuadamente a las emergencias, sino también en la mitigación a mediano y largo plazo de los múltiples riesgos de origen natural que afectan a nuestro territorio.

La experiencia nacional e internacional muestra con claridad que uno de los instrumentos más eficientes para la mitigación del riesgo es la adecuada planificación y diseño del entorno habitado por las personas, especialmente en países altamente urbanizados como Chile, donde más del 90% de la población reside en ciudades. Una adecuada normativa en este ámbito puede afectar positivamente no sólo la ubicación y características estructurales del desarrollo urbano y sus territorios asociados, sino también contribuir al conocimiento de la población acerca del riesgo que implican las amenazas de origen natural.

En este sentido, es importante recordar cómo los terremotos de Talca en 1928 y Chillán en 1939 dieron origen a la legislación de urbanismo y construcción en Chile, y cómo la norma chilena de edificación antisísmica de 1972 ha sido constantemente perfeccionada a partir de terremotos posteriores, para ser en la actualidad una de las normativas más exigentes y exitosas en su ámbito a nivel mundial.

En el caso particular de los incendios forestales, un ejemplo significativo a nivel internacional es el estado de Victoria, en Australia. A pesar de ser una de las regiones más propensas del mundo a este tipo de amenazas, el desastre ocurrido allí durante el 7 de Febrero de 2009 (conocido como el “sábado negro”) superó todas las experiencias previas y detonó un debate público similar al que se vive actualmente en Chile. Ese día, múltiples focos simultáneos de fuego se combinaron en una tragedia que dejó como saldo la pérdida de 173 vidas humanas, más de 400.000 hectáreas arrasadas y sobre 2.000 hogares destruidos. Las duras lecciones de este evento fueron recogidas en un nuevo conjunto de normativas —el Bushfire Management Overlay o BMO— que se incorporaron a los instrumentos de planificación territorial de Victoria, con restricciones y estándares de mitigación de riesgo enfocados en los diferentes componentes y escalas del problema: manejo de la vegetación, ordenamiento urbano y diseño/construcción de las edificaciones aisladas.

Complementariamente, se establecieron indicaciones para mejorar la capacidad de respuesta rápida frente a la emergencia, entre ellas la mejora de la accesibilidad para equipos de bomberos y la disponibilidad de fuentes de suministro de agua. Otros países como Estados Unidos y Francia han ampliado este enfoque para incluir requerimientos de diseño urbano que garanticen una evacuación rápida y segura de la población.

Los cambios promovidos por una mejor planificación urbana y territorial pueden tardar años o décadas en materializarse. Por lo tanto, es imperativo utilizar adecuadamente la ventana de oportunidad que los desastres generan para impulsar las agendas de mejoramiento que sean necesarias y el levantamiento de los recursos e insumos requeridos para ellas.

Es de esperar, entonces, que la nueva institucionalidad de emergencia y mitigación de riesgo que está surgiendo a partir de los desastres recientes en Chile (por ejemplo, los nuevos Servicio Nacional de Gestión de Riesgos y Emergencias y Servicio Nacional Forestal) sea capaz de reconocer y aprovechar este potencial y convoque al mundo público, privado y académico con este objetivo.

 

Jorge León, investigador Centro Nacional de Investigación para la Gestión Integrada de Desastres Naturales (Cigiden)

 

 

FOTO: YVO SALINAS/AGENCIAUNO

 

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