Todos los días me pregunto si existirá conciencia en el país que la izquierda de la Convención consiguió un relevante éxito destinado a destruir los cimientos fundacionales que han sostenido el edificio institucional de nuestra Nación. Al aprobar las reformas introducidas a los poderes ejecutivo, legislativo y judicial, poderes desde donde emana todo el resto de las normas que permiten nuestra convivencia, provocaron un daño estructural a las bases de nuestra democracia.

En el caso del poder legislativo -íntimamente entrelazado con el ejecutivo- lograron aprobar la eliminación del Senado, institución centenaria con 210 años de presencia en nuestra vida republicana. De aprobarse esto en septiembre, nuestro régimen político quedaría profundamente debilitado, pues estaríamos en presencia de un sistema unicameral con amplísimas facultades y poder total, incluso sobre el Presidente, que también quedaría con un poder atenuado. 

Nótese que si el Presidente de la República es de una coalición diferente a la del Congreso, la Cámara podría incluso destituirlo por simple mayoría -pues se eliminan los quórums calificados- y no habría un Senado actuando como jurado para tomar la decisión final, como ocurre hoy. En resumen, el Presidente sería prácticamente un prisionero del unicameralismo. Y si son de la misma coalición, estaríamos en presencia del poder total, pues no tendrían contrapeso.

Y el poder judicial dejaría de serlo, para dar paso a sistemas de justicia, pues habría uno propio de los PP.OO. y otro para el resto de los chilenos no indígenas, con lo cual constitucionalmente se establecería la desigualdad ante la ley.  Además impulsa la creación del Consejo de la Justicia, órgano que se encargaría de los nombramientos, ascensos y sanciones a la magistratura, lo que hoy está en manos de la Corte Suprema.

Este ataque al corazón de la institucionalidad, a los cimientos del edificio que alberga nuestra convivencia como Nación, construido a lo largo de siglos de vida republicana, terminaría por derrumbarlo, dando paso al nuevo país que quieren refundar a partir de una hoja en blanco. A mi parecer, esto es lo más grave aprobado hasta ahora, pues cambiaría radicalmente nuestra democracia, proveyendo sustento legal para el resto de las reformas y al programa de gobierno.

Pero hay más. ¿Habrá conciencia que dejaríamos de ser una Nación, dando origen a un Estado plurinacional y plurilingüe; es decir, dividiéndonos en un país que estaríamos compuestos por diversas etnias precolombinas, con autonomías de todo tipo y privilegios como los escaños reservados, sistema legal propio, distinto al del resto de los chilenos, y que se aprobó que además de ser el castellano el idioma oficial del país, sus idiomas serán oficiales en sus territorios y en zonas de alta densidad poblacional de cada pueblo indígena“? 

Si la Constitución que se está escribiendo es la máxima amenaza al Chile actual, la debilidad del Gobierno comienza a ser motivo de preocupación. Sin referirme en profundidad a este tema, baste mencionar que el episodio del quinto retiro demuestra claramente que la coalición gobernante le impuso un jaque mate tanto al ministro Marcel como al propio Presidente, obligándolo a una desesperada maniobra por salvar la cara frente al país. Mañana se sabrá si lo lograron, pues aún existe la posibilidad que el quinto retiro se apruebe en la sala de la Cámara de Diputados. 

Con estos antecedentes en la mano, en cada uno de nosotros, la sociedad civil, recae la responsabilidad de evitar que se destruyan nuestras instituciones, nuestras tradiciones, nuestra historia republicana y la esencia de lo que es ser chilenos. No podemos permitir que se refunde nuestra Patria ni que se nos divida como extraños. Tampoco implica que todo siga igual sin introducir los cambios que se requieren para tener una mejor democracia. En base al resultado del plebiscito, habrá que encontrar el camino, para que una nueva Constitución sea efectivamente, la casa de todos.  

*Jaime Jankelevich es bioquímico y consultor.

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