El asunto de la administración, acceso y propiedad del agua desde hace tiempo se ha planteado como una discusión en torno a mitos. El mito más grande de todos es el de que la administración estatal del recurso mejorará el acceso al agua, favorecerá los precios y será de mejor calidad. Desde esa óptica, la solución que ha dado la Convención ha sido la de acrecentar el rol del Estado en esta materia y establecer la inapropiabilidad de este recurso, el que pasará a ser objeto de una autorización administrativa, sujeto a plazos, causales de caducidad y otros requisitos.

Lo aprobado abre serias interrogantes porque las consecuencias de una mala legislación en esta materia pueden ser muy dañinas para todos los chilenos y especialmente para la economía agraria, cuya actividad es fundamental para Chile y una fuente de trabajo importante para varias regiones del país. No podemos olvidar que el 83% de los bienes que exporta Chile depende del uso de agua. El efecto en nuestra economía de una legislación deficiente jurídica y económicamente podría ser devastador.

Ejemplos hay de sobra en lo que respecta a mala administración de recursos. La empresa SMAPA, encargada de la distribución municipal del agua en Maipú y algunas comunas aledañas, es la empresa de agua potable con más altos índices de agua potable no facturada, es decir, que no llega a los usuarios por problemas en la red de distribución, llegando la cifra a un 54% de agua no facturada (Minuta Republicana, La sequía y su desafío político, abril 2021). En definitiva, no cumple con estándares mínimos para dar las mejores soluciones. Al contrario, y basta ver algunos ejemplos: desde hace meses hay alrededor de 18 mil filtraciones de agua en la comuna de Maipú. La gran pérdida de agua en esta comuna, frente a la sequía que padecemos hace años, es inentendible. Estamos en deuda en esta materia y se requiere que sea realmente parte de las urgencias sociales del país. Además, tenemos más de 478 mil hogares en Chile que no tienen acceso a agua potable (CASEN, 2017).

Sin embargo, los constituyentes yerran en las soluciones a este problema: consideran que la garantía de un buen servicio pasa por la estatización del agua, en circunstancias en que es cada vez más claro la necesidad de una colaboración público-privada. Chile hoy es un país que está a niveles europeos en cuanto a cobertura de alcantarillado y tratamiento de aguas servidas a un precio considerablemente inferior. Los problemas de agua en Chile, según el Banco Mundial, son “inexistencia de consolidación e integración de la información generada por las entidades asociadas a la gestión del agua; inapropiada delimitación y organización de las competencias de estas entidades; ausencia de una autoridad política superior que unifique y ordene la actuación de los organismos que ejercen funciones en torno al agua”, ninguno de los cuales tiene que ver con la carencia de Estado, sino más bien con la adecuada coordinación de los órganos que intervienen. Por lo tanto, lo primero que deberíamos comprender es el real problema y abandonar los mitos.

Sin duda, los eslóganes como “no es sequía, es saqueo” quedan vacíos frente a la real urgencia en la materia. Se requieren soluciones profundas, de corto, mediano y largo plazo, como la mejora de infraestructuras, aplicación de nuevas tecnologías, reutilización de agua grises como lo hace Israel, regulación del consumo del agua, entre otras, todas soluciones que no se resuelven con la estatización del agua.

*Macarena Bravo es cientista político y prosecretaria del Partido Republicano.


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1 comentario

  1. Como siempre la ultra izquierda inventa eslóganes vacíos de contenido o abiertamente falsos, pero muy pegajosos, que mucha gente se traga y repite como loros.

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