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Publicado el 01 de octubre, 2015

El ministro de Hacienda y la reforma laboral

Economista Luis Larraín
Rodrigo Valdés no ha sido capaz de torcer la voluntad de Bárbara Figueroa, presidenta de la CUT, quien se niega a modificar algunas de las disposiciones más dañinas de la reforma laboral.
Luis Larraín Economista
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Un país en que el ministro de Hacienda tiene menos poder que el líder de la principal central sindical no es un lugar donde la economía se va a conducir bien.

Y eso sucede en Chile, hoy. El ministro de Hacienda, Rodrigo Valdés, no ha sido capaz de torcer la voluntad de Bárbara Figueroa, presidenta de la CUT, quien se niega a modificar algunas de las disposiciones más dañinas de la reforma laboral.

Como se sabe, dicha reforma tiene como objetivo fundamental conceder mayor poder a los sindicatos, en particular en la negociación colectiva. Para ello dispone de varias nuevas herramientas, entre ellas lo que se ha dado en llamar la titularidad sindical, que le confiere al sindicato el monopolio de la negociación, impidiendo que la empresa suscriba convenios colectivos con otros grupos negociadores. Otra limitación a la libertad que incluye el proyecto, y que va en la misma dirección, es la necesidad de contar con el acuerdo del sindicato para que el empleador extienda los beneficios de la negociación a otros trabajadores de la empresa. La consecuencia de esta última disposición será incitar a todos los trabajadores a afiliarse al sindicato.

La otra punta de lanza de la reforma patrocinada por la CUT es la eliminación del reemplazo durante la huelga y la prohibición para los trabajadores en huelga de “descolgarse” de ella si consideran que sus dirigentes están forzando la situación más allá de sus intereses, rechazando, por ejemplo, una oferta del empleador que le conviene a los trabajadores. En el caso del reemplazo, se ha trabado una discusión acerca de la posibilidad de reemplazo externo (con trabajadores que no pertenecen a la empresa) y reemplazo interno, trasladando a quienes cumplen otras labores en la empresa. Ha quedado claro en la discusión que un gran número de países de la OCDE permiten ambos tipos de reemplazo y hay sólo uno, México, que no permite siquiera el reemplazo interno.

Considerando lo anterior, la semana pasada tomó fuerza la idea de permitir, bajo algunas circunstancias, al menos el reemplazo interno. Se sumaron a ello varios senadores, incluyendo algunos de la Nueva Mayoría.

Pero ni eso pudo lograr Valdés. La CUT dejó oír su voz y vetó cualquier posibilidad de reemplazo. Ni siquiera la alternativa más débil de rechazo, la que está presente en prácticamente todos los países de la OCDE, pudo defender Valdés, y el proyecto continúa su tramitación y la prohibición de reemplazo y descuelgue provocarán el efecto de aumentar el número de huelgas y la duración de éstas, con el consiguiente efecto sobre la economía.

Pero si quedaban dudas acerca de los efectos que la aprobación conjunta de estas normas podía ocasionar a la economía, una afortunada coincidencia las ha despejado. En las ciencias sociales, en particular en economía, resulta difícil realizar experimentos que permitan demostrar los efectos de una medida sobre otras variables. Ello, porque es muy difícil tener lo que técnicamente se llama un contrafactual, o grupo de control. La negociación colectiva recientemente realizada en el BancoEstado nos dio esa posibilidad.

Bajo la amenaza de una huelga, el sindicato del BancoEstado, que agrupa a un 97% de los trabajadores de la empresa (justamente lo que ocasionará la reforma laboral), obtuvo en su negociación colectiva beneficios muy generosos para sus trabajadores. Pagó un bono por término de conflicto con un costo de 58.000 millones de pesos, 6,3 millones por trabajador, y que consume más del 90% de las utilidades obtenidas por el banco en el primer semestre.

Ese es el resultado esperado de una negociación con sindicato único y sin posibilidad de reemplazo (hubiera sido imposible que BancoEstado contratara trabajadores reemplazantes en plena tramitación de la reforma laboral). De hecho ha trascendido que la administración del banco usó en la negociación el argumento de que esto complicaba al gobierno en la discusión de la reforma laboral. Por supuesto, el sindicato desoyó esos argumentos e impuso su poder de negociación.

El ministro de Hacienda pidió la renuncia al presidente de BancoEstado, pero eso no es una demostración de su peso político, apenas una expresión de su ira porque esta negociación puso en evidencia los efectos que tendrá sobre la economía la dañina reforma laboral diseñada por la CUT que él no ha sido capaz de corregir.

Otro experimento se realizó con la huelga de Alsacia. La paralización de esta empresa de Transantiago tuvo efectos limitados porque en este caso operó una suerte de reemplazo externo de los huelguistas, ya que parte de los recorridos fueron cubiertos con máquinas de otras empresas de Transantiago.

¿Qué va a suceder cuando la ley prohíba el reemplazo interno y externo y además un sindicato único tenga afiliados a la gran mayoría de los trabajadores de una empresa?

El ministro de Hacienda está abocado ahora a la tarea de sacar la Ley de Presupuesto 2016. La reforma laboral sigue su curso.

 

Luis Larraín, Foro Líbero.

 

 

FOTO: ALVARO COFRE/AGENCIAUNO

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