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Publicado el 01 de junio, 2015

El limbo de credibilidad

¿Cómo se supera este limbo de credibilidad? Con liderazgo personal claro.
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Hoy la Presidenta y el gobierno se encuentran en un limbo de credibilidad.

Primero porque la comparecencia de Martelli los ha expuesto a una situación en extremo conflictiva e incierta, a una vigilia nerviosa en pos de nuevas versiones que los involucren directa y judicialmente en un financiamiento ilícito de campañas. Peor aún, a instalar elementos político-jurídicos que amenacen continuidad del gobierno. Antes, el chivo expiatorio de las acusaciones era el jefe de campaña y jefe del gabinete político, Rodrigo Peñailillo (y sus G-90 boys). Ahora, parte fundamental de ese equipo que actuaba como estratega y contenedor ya no está. Por tanto, los misiles llegan directo a la Presidenta (y es probable que lleguen con mayor intensidad si nuevo gabinete y dirigentes de la Nueva Mayoría persisten en la táctica de poner en entredicho la probidad del anterior gabinete, olvidando que Peñailillo tiene en sus manos la credibilidad y legitimidad de la Presidenta).

Segundo, por la ineficacia del nuevo gabinete para detener una tematización pública del gobierno desde el escándalo, tomar un control de la agenda a partir de una definición y socialización de la propia agenda reformista, y luego terminar con la tendencia a simplificar o pensar las políticas públicas de largo aliento desde la propaganda. El nuevo elenco hasta ahora (más allá de ciertos titulares de buena crianza) parece reacio a introducir variables de contexto más complejas en la definición de una reforma laboral (escenario económico global, crecimiento proyectado, relación con incentivos pro-innovación o productividad, o estímulos que mueven a grupos de interés en juego). O poco proclive a revalidar el carácter inclusivo de este gobierno y de la reforma educacional al acotar una política de gratuidad a ciertas universidades pertenecientes a un cartel llamado CRUCH, con no pocos proyectos educativos de dudosa calidad, vinculación con el medio y pluralismo estudiantil, docente e investigativo.

Tercero, y vinculado con lo anterior, el limbo de credibilidad está directamente asociado con una serie de indefiniciones conceptuales (o de una hoja de ruta sólida) que parecen justificarse en una eterna pugna entre autocomplacencia y autoflagelancia, entre gradualidad y retroexcavadoras. Pero esta disyuntiva, incluso al interior del nuevo equipo político, no es más que una expresión de la falta de convicciones y certezas sólidas de quien debe encabezar el actual proceso transformador: la Presidenta. A sus inconsistencias, estados de ánimo, impulsos y aproximaciones emotivas o blandas a la verdad, ya sea en educación, reforma laboral o incluso en la definición del llamado “proceso constituyente”, se suma otra evidencia en materia de libertades “negativas”. Si en 2005 la Presidenta enfatizaba que la opción de legalizar el aborto «no está contemplada en mi programa, ha sido una mala solución para mujeres que no tenían sistemas de regulación de fertilidad”, ahora accede a su discusión para cambiar foco de crisis actual y aglutinar temáticamente a sectores “más progresistas”. Lo mismo con la legalización de la marihuana. Si bien hoy Bachelet se aventura tímidamente a discutir una despenalización del autocultivo, durante su primer período la cannabis pasó a ser droga dura. Por último, si en su primer gobierno Bachelet invocó 3 veces la Ley Antiterrorista contra comuneros mapuches, hoy no sólo busca eludir su aplicación. Más grave aún, ha evitado cualquier acercamiento a la zona en conflicto y pronunciamiento que aborde de forma decidida el espiral de violencia desatado por algunos comuneros y comunidades que operan al margen de un Estado de Derecho.

¿Cómo se supera entonces este limbo de credibilidad? Con un liderazgo personal claro, en oposición a otro delegado, timorato, construido desde ciertos atributos blandos y una estrategia del silencio que a esta altura solo visibiliza ignorancia o duda. Con acciones personales más contundentes para garantizar probidad y transparencia en la gestión pública y privada, pero sin dejar a la deriva a aquellos que erraron con ella y que siguen constituyendo su muro de contención (y del actual gobierno). Con un sentido de propósito y trascendencia responsable (lejano a la retroexcavadora, que convoque a todas las huestes oficialistas, más cercano a aquel expresado en su primer gobierno para enfrentar crisis económica y desestimar presiones populistas de cúpulas partidistas oficialistas), que obedezca no sólo a convicciones (si es que existen), sino a un análisis del entorno y un mapeo de actores y grupos de interés más inteligente y complejo. Con una redefinición de la acción política como terreno de los posible por la vía del diálogo, y no como un campo minado donde se construyen realidades y adhesiones desde la desconfianza. Con una consistencia entre lo que se proclama y lo que se comunica. Con una renuncia a la persuasión por la vía del slogan y una opción por la comunicación racional, pedagógica y argumentada de lo que se quiere impulsar. Con mayor gestión política y alineamiento del oficialismo detrás de una agenda auténticamente inclusiva en su forma y fondo. Por último, con un reestablecimiento del sentido de orden, respeto y valorización del sentido del deber, que discurra a la par de la consolidación de una sociedad de derechos.

 

Juan Cristóbal Portales, director Magister Comunicación Estratégica Universidad Adolfo Ibáñez.

 

 

FOTO: PEDRO CERDA/AGENCIAUNO.

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