El asesinato del comunero mapuche Segundo Catril no sólo es un ataque cobarde que vuelve a enlutar a toda la macrozona sur y a Chile entero. Es un golpe en la médula de la estrategia “acotada” impuesta por el gobierno para enfrentar la violencia en la zona. 

Las críticas fueron transversales -a excepción de la extrema izquierda- contra las autoridades cuando anunciaron que establecerían Estado de Emergencia, pero con las Fuerzas Armadas desplegadas sólo en las carreteras. Se habló de letra chica, de Estado de Decepción y de Estado de Emergencia “descafeinado”. 

El resultado fue lo previsto: vinieron dos graves ataques y el segundo con un muerto. Y ambos en zonas donde no puede actuar el Ejército. 

Así es como cada vez que este gobierno lleva a cabo algún tipo de medida buscando soluciones contra la violencia, lo hace a medias tintas, sin convicción y apretando los dientes, lo que nos lleva a preguntamos: ¿de qué lado están?

Imposible no hacerlo si además de lo “acotado” del esperado estado de emergencia decretado para la Macrozona Sur, la Ministra Izkia Siches declara que “nadie quiere ver a los militares en la calle”, sin considerar todas las encuestas ni la desesperación por paz y seguridad a la que ha llegado la población del Biobío, Arauco y La Araucanía. Y dice que no quiere que su gobierno sea responsable de que las FFAA asesinen a un comunero mapuche. Como si ese fuera el problema, como si los cada vez más asesinatos de terroristas mapuches y no mapuches contra civiles, policías y miembros de las fuerzas armadas no importaran. 

Cómo no preguntarse de qué lado está Gabriel Boric si ante el sólo llamado del padre del joven que murió atropellado por un miembro de la Armada durante el estallido del 18 de octubre en Talcahuano, mientras participaba de un saqueo, tomó la grave decisión de destituir de su cargo al Contraalmirante Jorge Parga como Jefe de Defensa Nacional de Arauco y el Biobío, zonas declaradas en estado de emergencia, por defender la presunción de inocencia de su subalterno, sin considerar los hechos objetivos. Boric no tomó en cuenta que la Justicia había determinado que el atropello fue sin dolo (un cuasi delito de homicidio), por lo que el destituido Almirante tenía toda la razón de haber hablado en su defensa.

Imposible tampoco no cuestionarse de qué lado está este gobierno cuando decide no querellarse contra el líder de la CAM, Héctor Llaitul. A la misma organización que lidera no sólo se le adjudican más de 170 de los miles de atentados violentos en la macrozona sur. Esta semana llamó nuevamente a “organizar la resistencia armada” para evitar que el gobierno decretara estado de emergencia. Es decir, llamó a su pueblo a la guerra contra el Estado. Para la Fiscalía, se le debería aplicar la ley de seguridad interior del Estado, por hacer un claro llamado a la violencia. Pero Boric dice que su gobierno no persigue ideas ni declaraciones, sino que delitos. Mientras, Llaitul se pasea por Temuco con total libertad y organiza manifestaciones reclamando lo mismo para sus inocentes presos “políticos”.

Así, suma y sigue, porque sabemos que las primeras medidas que impulsó el gobierno fueron amnistía para delincuentes, retiro de querellas por ley de seguridad interior del Estado y hablar permanentemente (para después matizar o desdecirse) sobre los supuestos presos políticos que existen en Chile. Como ha vuelto a hacerlo el presidente del PC, Guillermo Teillier. Acciones que lo único que logran es empoderar a los violentistas y mostrar que el gobierno más que inexperiencia, está en el lado incorrecto.

Porque lo que hoy necesitamos con urgencia es que actúen de la mano de policías y las Fuerzas Armadas para poder enfrentar nuestro mayor problema y dejar de lado esa ideología que no los está dejando gobernar.

*Verónica Munita es periodista.

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