A la Presidenta Bachelet parece no importarle encabezar el gobierno peor evaluado por los chilenos desde 1990, ni que en los últimos siete meses la respalde en las encuestas menos de un tercio de la ciudadanía, ni tampoco que las reformas laboral, tributaria y educacional sean mayoritariamente rechazadas.
La Presidenta y buena parte de la izquierda estiman que la opinión de la mayoría no es relevante (salvo para ganar las elecciones, naturalmente), convencidos de que solo ellos, iluminados por la razón y depositarios exclusivos de la ética, la capacidad intelectual y el buen juicio, saben lo que es mejor para Chile. El rechazo en las encuestas, la crítica de los especialistas y el hecho de que para una abrumadora mayoría, el país vaya por mal camino, los tiene, literalmente, sin cuidado.
En esa cancha, en el 2015 la Nueva “Mayoría” instaló prácticamente todas las reformas emblemáticas señaladas en el programa de gobierno. La improvisación y el desorden con que están siendo tramitadas son solo un problema de forma, y el fondo es lo que vale: cambiando la hoja de ruta cada tres meses, sin diseños técnicos, sin financiamiento y contradiciendo la experiencia internacional y el sentido común, las reformas están en plena consolidación.
Ninguna de las iniciativas aprobadas o en curso cumple con los objetivos de progreso, movilidad social y justicia a los que aspiran los chilenos. Y a todas se les están agregando pesadas mochilas que deberán asumir a los menos los próximos dos gobiernos.
La reforma tributaria paralizó la economía, por lo mismo no recaudará lo que se prometió y la plata no alcanzará ni siquiera para pagar la mitad del costo de la reforma educacional (¿se acuerda que se nos pidió un esfuerzo para una mejor educación?). Por si todo lo anterior fuera una bicoca, en su redacción hay errores gruesos, que obligaron al gobierno a enviar al Congreso una “reforma a la reforma”, en la que, de pasadita, le meten la mano al bolsillo nuevamente a la clase media, aumentando la tasa final de impuestos de 35% a 44,5% para más de 40 mil pequeñas y medianas empresas.
La reforma educacional partió poniéndole barreras a los colegios particulares subvencionados, para satisfacer el deseo histórico de la izquierda, que culpa a ese sector de la caída en la matrícula en los colegios públicos (y no a la calidad, al Estatuto Docente y a las normas que relajaron la disciplina, ahuyentando a los padres, que buscan mejorar y no empeorar la formación de sus hijos). Y ha seguido con decepción tras decepción: todavía ni una iniciativa de calidad; una carrera docente que ha tardado más de lo esperado (y tras un paro de profesores de dos meses, no hay muchas esperanzas de que de verdad sea un salto en exigencia); una propuesta para estatizar la educación municipal, muy confusa y sin financiamiento. Y, la estrella de la reforma, un sistema de gratuidad para la educación superior que, en vez de seguir la recomendación de la OCDE y lo que se hace en la mayoría de los países avanzados en esta materia, está terminando con las becas y ayudas focalizadas en los estudiantes que más lo necesitan, y entregando recursos principalmente a las universidades estatales, justo aquellas que copan sus matrículas con los estudiantes de las familias más ricas del país, quienes obtienen los mejores puntajes en la PSU.
La reforma laboral ha salido más difícil de lo que el gobierno esperaba, porque contradice la libertad y la conciencia de los trabajadores, obligándolos en los hechos a sindicalizarse; y porque desperdició la oportunidad de enfrentar nudos que mantienen fuera de las oportunidades de trabajo a miles de chilenos. Pero saldrá a fines de enero, pues ya sabemos que la DC, el único partido de la Nueva Mayoría que ha intentado frenarla, tiene talento para instalarse en los medios como defensora de las pymes y la clase media (lo hizo con los colegios subvencionados) y la mano muy blanda para aprobarle en el Congreso una a una todas las reformas a la Presidenta Bachelet.
Y la Nueva Constitución es cuestión de tiempo. En pocos años, cierta izquierda, la principal fuente de inspiración presidencial, logró convencer a los chilenos de que la Constitución no es democrática, a pesar de que lleva la firma del ex Presidente Lagos; que es tramposa, aunque ha permitido a Chile dar su mayor salto institucional, social y económico de toda su historia; y que un nuevo texto constitucional corregirá los problemas que enfrenta en el día a día la ciudadanía (en la última encuesta CADEM, un 67% cree que permitirá superar los problemas que hoy tiene el país en temas como educación, seguridad y salud).
Sin mover una ceja, la Presidenta Bachelet anunció un cronograma, hace dos meses, que extenderá el debate constitucional por una década (una verdadera locura), informando a los chilenos que durante su mandato no se decidirá absolutamente nada. Es tanta la improvisación y tanta la irresponsabilidad, que un mes después de instalado el Consejo de Observadores, sus miembros todavía debaten respecto a cuál es su rol y qué facultades tienen (mientras eso pasa en una sala, estoy segura de que un poco más arriba, en La Moneda, se cocina el resto).
Así estamos partiendo el 2016. Va a ser un año intenso, téngalo por seguro.
Isabel Plá, Fundación Avanza Chile.
FOTO: SEBASTIÁN RODRÍGUEZ/AGENCIAUNO