Para hoy miércoles está convocado un paro de la Asociación Nacional de Empleados Fiscales (ANEF) en más de 188 servicios públicos y con la posibilidad de que 120.000 funcionarios dejen de trabajar, en apoyo de la huelga del Registro Civil que ya cumple un mes.
Durante estos 30 días, el Registro Civil ha dejado pendiente más de un millón y medio de trámites, acumulando en Santiago más de 10.000 documentos para ser retirados por los ciudadanos de todo el país, con negativas consecuencias sociales, familiares y personales: largas filas, muchos durmiendo en las afueras de las oficinas públicas para ser atendidos, pensiones sin cobrar por no tener algún documento de identificación, pérdida de oportunidades laborales (que hoy no abundan) por carecer de un certificado de antecedentes, viajes frustrados o afectación de los derechos de salud al no poder inscribir a los recién nacidos, entre muchas otras.
La situación actual nos permite hacer tres reflexiones:
La primera es la necesidad de rescatar lo valioso de la función pública. El trabajo que desarrollan miles de funcionarios en servicio de los ciudadanos del país. La función administrativa se preocupa de satisfacer necesidades públicas de manera permanente, continua y concreta, como bien nos enseñaba el ex contralor Ramiro Mendoza a sus alumnos en la Universidad Católica. Esto recuerda que la Constitución no contempla el derecho a huelga de los funcionarios públicos y por tanto que sus paralizaciones son ilegales, tal como afirmó el ministro de Hacienda Rodrigo Valdés. El problema radica en que el gobierno no tiene contralor, considera a la Constitución ilegítima y su retórica son simplemente palabras que en un mes no ha logrado solucionar el conflicto.
Segundo, se debe avanzar en un Estado justo, que gaste responsablemente sus recursos. El economista Sergio Urzúa, utilizando los mismos datos del gobierno, estimó la remuneración promedio de los funcionarios del registro civil en $1.273.599 mensuales, muy por encima del promedio nacional que no supera los $500.000. Solo cinco de cada 100 empleados del mundo privado ganarían más que ellos. ¿Qué justifica entonces su movilización? La verdad es que hoy todos los incentivos están alineados para promover este tipo de paralizaciones. Imagínese usted: si le pagan el sueldo, no trabaja un mes y hay posibilidades ciertas que luego del conflicto lo terminen bonificando, ¿qué podría convencerlo de ir a trabajar? Esto, sumado a que los funcionarios públicos ven llegar a decenas de asesores políticos cuyo sueldo promedio es bastante mayor aún, con lo que un funcionario leal de un gobierno que supuestamente quiere combatir la desigualdad lo mínimo que puede hacer es sumarse a los ingresos millonarios.
Por último, no se debe perder de foco a los chilenos comunes y corrientes. Miles de personas que durante este mes de paro se han visto afectados. Todos sabemos que en un día normal hay que dedicar varias horas a cualquier trámite que queramos hacer en las oficinas del Registro Civil, lo que solo se va a agravar luego del conflicto por la cantidad de cosas que no se han realizado -¡más de un millón!-. Aquí los perjudicados han sido los ciudadanos, ellos son los que han dormido en las calles para recibir la atención de un servicio “público”, ellos son los que una vez más se han visto abandonados por el gobierno. Lamentable.
Julio Isamit, coordinador general Republicanos.
FOTO: JORGE FUICA/AGENCIAUNO