¿Cómo satisfacer la mayor cantidad posible de necesidades, enfrentados a la comprobación empírica de que éstas tienden a ser infinitas, mientras que los recursos disponibles para satisfacerlas no lo son? Por otra parte, si los recursos son esencialmente limitados, es dable entonces asumir que su uso eficiente permite destinar el excedente a la solución de otras de las tantas necesidades existentes.
En el contexto de uno de los procesos electorales más reñidos desde la recuperación de la democracia, la discusión sobre el gasto público y la “responsabilidad fiscal” ha ocupado un lugar central. Un sano ejercicio de escrutinio público forzó a los candidatos a responder cómo es que financiarán aquel listado de necesidades a satisfacer llamado “programa”: mayor crecimiento económico, reformulación de programas sectoriales, alianzas público-privadas, aumento de impuestos a los “súper ricos” (para algunos una lección de patriotismo) y el anuncio de “desengrasar” el Estado de los operadores políticos enquistados en él.
Sin importar quién resulte electo, deberá echar mano a una combinación de éstas y otras medidas que le permitan asegurar la viabilidad económica de su programa. Por ello, resulta sorprendente que ninguno de los candidatos haya siquiera reparado en una medida sustentable, de comprobada efectividad y alto impacto, que permite aumentar significativamente la eficiencia en el gasto: el uso masivo de tecnologías limpias (cleantech) para la gestión de suministros básicos.
Y es que en el mundo en el que vivimos, hace un buen rato que las cleantech dejaron de ser un sueño de científicos y ecologistas, para transformarse en la columna vertebral de una economía que transita hacia la circularidad, donde los bienes escasos se transforman en abundantes y, por ende, disminuyen sus costos, liberando así una enorme cantidad de recursos.
¿Es esto un privilegio reservado para países como Alemania, Corea del Sur, Nueva Zelanda o Canadá? A nivel nacional, ¿cuánto dinero podría ahorrarse si el consumo eléctrico disminuyera sólo un 5% en el sector público? ¿Sabemos cuál es el potencial de generación energética de los millones de metros cuadrados de techos que existen en los colegios públicos de Chile? ¿Podemos darnos el lujo de desperdiciar cerca del 30% del agua facturada a las reparticiones públicas apelando a la falta de recursos para invertir? ¿Es razonable que, por sí sola, la cárcel Santiago Uno (Penitenciaría) sea uno de los diez mayores clientes de la empresa sanitaria que abastece a la RM, al igual que el SERVIU, el MOP y la Universidad de Chile?
De acuerdo las cifras de Dipres, aproximadamente un 10% del gasto público correspondiente al gobierno central, equivalente a 3.500.000 millones de pesos anuales, se destina al pago de “bienes y servicios de consumo”, dentro de los cuales se encuentran los gastos en suministro de electricidad y agua potable para los cientos de reparticiones estatales. La experiencia mundial sugiere que las tecnologías disponibles permiten alcanzar ahorros de hasta un 100% (autosuficiencia) en este ámbito. En materia de agua, el ahorro en base a tecnologías eficientes bordea el 30% en promedio; mientras que en energía, un sistema de paneles solares domiciliarios puede significar un ahorro promedio de 60% en el consumo.
Un error común sobre las cleantech, que ha derivado en una barrera efectiva a su adopción, es suponer que implementarlas requiere de grandes inversiones, por lo que no sería financieramente conveniente para el Estado hacerlo. Lo cierto es que, dado el actual nivel de desarrollo de estas tecnologías, prácticamente no se requieren aportes estatales, pues los privados están dispuestos a asumir dichas inversiones apostando a recuperarlas en base a los flujos futuros provenientes del ahorro.
La invitación para quienes aspiran gobernarnos es a impulsar un proceso de adopción tecnológica sencillo, de bajo costo y al alcance de nuestro país. Puede que así el eje de la discusión no sea el patriotismo de nuestros empresarios ni el tejido adiposo del Estado, sino cómo articular un esfuerzo consciente y constante por no desperdiciar valiosos recursos que a diario se van por el alcantarillado. Literalmente.
Diego Carrasco Vallejos, abogado PUC y consultor en sustentabilidad
FOTO: PABLO VERA LISPERGUER/AGENCIAUNO