Mucho se ha escrito sobre el malestar que desencadenó el estallido social. Se ha hablado de las injusticias, la desconexión de la elite y el aval de la violencia por parte de ciertos sectores políticos. Sin embargo, uno de los grandes ausentes en el debate es el mismo Estado y su rol como uno de los causantes del descontento de los chilenos, en particular de aquellos que más dependen de él.

La respuesta fácil sería una del tipo “el Estado subsidiario ha tenido poco que hacer y no tiene las herramientas para actuar”. Pero revisemos con detención…

El Estado de nuestro país hoy cuenta con un presupuesto de 82.100 millones de dólares, equivalentes a trece veces el presupuesto de 1990. La base comparativa es sin considerar los presupuestos de todas las municipalidades para ambos años. El presupuesto del Ministerio de Educación ha crecido 21 veces entre 1990 y hoy, y el del Ministerio de Salud 51 veces. Pero cabe preguntarse: ¿Percibimos los chilenos mejores prestaciones/apoyos/ayudas del Estado en esas magnitudes, al comparar con las que recibíamos hace 32 años? A primeras, pareciera que no.

El Estado ha aumentado las coberturas y apoyos de los servicios que ofrece, aunque en ningún caso aproximándose a multiplicarlas por trece. No obstante, esto no implica que las siguientes posturas, tan difundidas entre algunos círculos, sean correctas: (i) que no hubo avances durante “los 30 años” y (ii) que el Estado es ineficiente per sé, por lo que se debe reducir al mínimo. Es más, aclaro que soy proclive a una mayor cobertura estatal de servicios (obviamente eficientes y no como son hoy). Pero sin entrar en la lógica anti estatal, es razonable preguntarnos: ¿qué paso con la eficiencia mínima que se le debe pedir al Estado?

Aquí es donde quiero centrar mi análisis para esta y mis siguientes columnas: el Estado chileno ha sido “capturado” por pequeños grupos intermedios, que no permiten gestionarlo para el bienestar de los ciudadanos y usuarios. Asociaciones de funcionarios con labores completamente contraproducentes, leyes laborales inflexibles para funcionarios públicos y excesivas amarras burocráticas, entre otros, han forzado a cada nueva administración a adecuarse a ellos, limitando sus proyectos y capacidad de gestión a la cultura pública, e impidiendo reconducir la cultura pública a nuevos estándares. 

En efecto, poco se ha hablado de la ineficiencia del Estado como una de las causantes del malestar. Una encuesta de 2018 del Consejo para la Transparencia presenta datos alarmantes: entre los encuestados, un 84% considera que los funcionarios actúan de manera distante, un 76% que recibe un mal trato de parte de los funcionarios y un 71% dice que existe un trato discriminatorio en las oficinas públicas. Se discuten nuevas atribuciones para el Gobierno, nuevas reformas tributarias para poder cubrir dichas atribuciones, pero nadie pone sobre la mesa si este Estado kafkiano con el que se enfrentan los chilenos está en condiciones de tales desafíos sin una correcta modernización. 

Para reforzar lo anterior, describo algunas situaciones propias de nuestro Estado (a modo de provocación): (i) los programas mal evaluados por el mismo Estado que no se cierran (en el 2018 sólo el 3% del presupuesto de programas fue a parar a programas bien evaluados, el 70% fue a parar a programas con evaluación media o mala), (ii) existen organismos duplicados, (iii) áreas denominadas “deshuesaderos” (donde se dejan a los funcionarios que poco aportan, pero no se pueden despedir, con el fin de que “no molesten”) en casi todas las reparticiones y (iv) funcionarios ampliamente sobreremunerados. Por otra parte, continuando con el listado, (v) las evaluaciones colectivas de cumplimientos de meta están sobre el 97% todos los años e independiente del desempeño real (se utilizan para obtener el bono de modernización como parte de la remuneración y no como una real escala de insumo) y (vi) una carrera funcionaria pensando en aumentar grados y sueldos, y no en el servicio público. Estos son sólo algunos de los cientos de puntos que constituyen un entramado conservador de un Estado que no está entregando las respuestas que el ciudadano exigente del Chile del 2022 está solicitando.

Si el Estado no se moderniza, el sinfín de nuevas tareas que se le están proponiendo no se cumplirán de acuerdo a las expectativas de los chilenos. Por tanto, se generará una sensación de frustración creciente. La modernización del Estado no renta políticamente al corto plazo. Con los actuales periodos de 4 años de mandato que el Gobierno vive de elección en elección, nadie parece querer asumir los costos de iniciarla (porque traerá costos, sobre todo con agrupaciones de funcionarios públicos). Para hacer tortilla hay que romper huevos, y nadie al parecer quiere romperlos, porque la tortilla estará lista en otro periodo y la crítica mientras se rompen los huevos será despiadada.  

*Andrés Larraín es ingeniero civil.

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