Esta semana algunos parlamentarios pidieron al gobierno promulgar la ley que sanciona el robo de madera. Lleva varios años en el Congreso y muchos tienen puestas sus esperanzas en ella, sin embargo, de nada sirven las leyes si el Estado no las hace cumplir. Ese Estado que este fin de semana celebra un nuevo aniversario y que tras el plebiscito confirmó su unidad tiene una deuda muy grande con quienes viven en la Macrozona Sur y un desafío aún mayor: restaurar el Estado de Derecho y recuperar lo que el crimen le ha quitado.

La ministra vocera de la Corte Suprema dijo que el Estado de Derecho estaba en jaque. Muchos estuvimos de acuerdo con ella. Cada avance del crimen es un paso atrás de éste, y vaya cuánto ha retrocedido en el sur. Tal vez las esperanzas de esos parlamentarios apuntan a que con la nueva ley se podrá empezar a recuperar, pero no necesariamente. Sin duda será una gran herramienta, sin embargo, no tendrá el efecto deseado si no viene acompañada de otra cosa, la más importante cuando se trata de criminalidad: la voluntad política de combatir el problema.

Hoy, los camiones con cargas que superan los límites permitidos circulan como Pedro por su casa, las mafias madereras contratan servicios de grupos violentos para despejar los predios y luego comenzar la explotación ilegal, los ataques a la maquinaria forestal van acompañados de un mercado negro en torno a sus piezas, los seguros son casi imposibles de renovar y la seguridad de los trabajadores está en riesgo cada día. Un secreto a voces que todos conocen y que poco o nada se hace para enfrentarlo.

¿Dónde está el Estado de Derecho en las regiones del Biobío y La Araucanía? ¿Tenemos que esperar a que se sigan desarrollando planes y leyes para combatir a la mafia maderera?

El primero está bastante ausente y su presencia no depende de planes o legislación, depende simplemente de la voluntad que exista para hacerlo cumplir. La mejor prueba de esa voluntad: la promulgación de la ley de robo de madera.

Los parlamentarios no deberían tener que pedir al gobierno que la promulgara, es más, debería ser éste el que acelerara su tramitación para comenzar a hacer uso de ella. Al 6 de septiembre se contabilizaban 78 atentados contra maquinaria forestal en el Biobío, La Araucanía, Los Ríos y Los Lagos, entre 4 mil y 6 mil camiones circulan al mes con madera robada y el cambio de rut de las guías de despacho es la práctica habitual, entonces ¿qué hay que esperar para enviar las señales correctas? ¿Para restituir ese Estado de Derecho?

Las palabras tienen que ir acompañadas de acciones. Por el momento escuchamos sólo palabras, y esto puede resultar muy complejo para el Estado. Pues, sin las acciones, los grupos criminales entenderán que no existe una voluntad real y eso no hará más que aumentar su percepción de poder. El gobierno tiene una gran oportunidad que, si sabe aprovecharla, podría cambiar la tendencia a la baja en su aprobación. Pero, para eso debe combatir al crimen con todas las herramientas que existen, responder con acciones concretas y asumir las consecuencias de un combate que va a ser repelido con fuerza. El crimen organizado no improvisa, no puede hacerlo el Estado.

*Pilar Lizana, Athena Lab. Experta en seguridad, narcotráfico y defensa.

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