Durante la visita de la Convención Constitucional a Antofagasta, llamó la atención que el rector de la Universidad Católica del Norte visitara a la presidenta, solicitando que se reconsiderara la decisión de no incluir ninguna referencia a las universidades privadas del CRUCH, también conocidas como G9. Esta visita se suma a una serie de gestiones y solicitudes por parte de este grupo de instituciones por ser consideradas en igualdad de condiciones con las estatales en el marco de la agenda del gobierno entrante de Apruebo Dignidad, peticiones que se azotaron contra un muro. Días antes, el líder natural de este grupo de instituciones, el rector de la Universidad Católica, Ignacio Sánchez, hizo saber en el diario El Mercurio su disconformidad con el borrador en materia de educación. Analizar esta situación es del mayor interés para comprender la agenda detrás del nuevo texto constitucional.

Uno de los objetivos de quienes redactaron el borrador constitucional en educación es dar por cerrado, para siempre, el debate sobre la provisión mixta. Hoy tenemos un sistema educativo que, tanto en educación superior como escolar, cuenta con una participación privada mayoritaria o muy relevante. Los colegios particulares subvencionados son los más elegidos por la población, y en el mundo técnico profesional superior, el Estado tiene una participación muy pequeña. Durante todo el ciclo de reformas de la Presidenta Bachelet, el entonces oficialismo, con apoyo del Frente Amplio, intentó revertir esta situación, fortaleciendo la educación pública y estableciendo toda clase de limitaciones a la particular subvencionada o superior privada. La fenecida Nueva Mayoría se encontró con una fuerte resistencia ciudadana en los padres de los colegios subvencionados, y gracias a que la discriminación arbitraria todavía está prohibida en la Constitución vigente, se vieron obligados a dar gratuidad a los alumnos de las instituciones de educación superior privadas, cosa que no querían hacer. El estatismo perdió siempre el debate de la provisión mixta en el parlamento.

Esta situación no satisface a la mayoría de los convencionales, pues preferirían un sistema estatal, centralizado y controlado por la autoridad política. Desearían que el sistema particular subvencionado y las universidades privadas fueran un apéndice, un acompañamiento menor, una excepción. El borrador constituyente se encarga de hacer justamente eso. ¿Por qué no les gustan las instituciones que muchos chilenos eligen para educarse? No lo sé, pero intuyo que es porque es un mundo diverso e incontrolable, autónomo, pujante, innovador y libre, y al no obedecer a sus principios e ideas ni a su modelo de sociedad, les parece más una molestia que un aporte. La población, empero, parece no verlo así.

Ahora, el caso de las universidades privadas del CRUCH -o G9- es algo distinto. A diferencia del sector particular subvencionado escolar, o las universidades privadas creadas después de 1981, no están acostumbradas al maltrato sistemático. A diferencia del mundo privado, las universidades del G9 reciben importantes recursos basales y sus alumnos tienen acceso a mejores becas y mejores créditos. Pero las reglas están cambiando, y tanto el gobierno como el borrador parece empeñado en quitarles ese privilegio. De aquí hay que sacar dos lecciones.

La primera es que la participación de la sociedad civil en educación corre graves riesgos con el borrador constitucional. No vale la pena engañarse con mensajes bienintencionados: la lectura del texto muestra que su foco es lo estatal, y nada más. La educación provista por la sociedad civil queda totalmente desprotegida y al arbitrio de una ley simple que podría, con el aumento de fortalecer el sistema estatal, desarticular un sistema ampliamente preferido por la población. Lo segundo es que quienes están detrás de esto van por todo: los implementadores de este negativo cambio ya están en el gobierno, y están preparando el camino. Es triste que se haya tenido que llegar a esto para que las universidades del G9 despertaran de golpe a la realidad de maltrato y discriminación que la educación privada lleva sufriendo durante décadas por parte de la clase política. 

*Daniel Rodríguez es director ejecutivo de Acción Educar.

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