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Publicado el 24 de agosto, 2015

El doble error de la ministra del Trabajo

Economista Patricio Arrau
Chile cambió. Ahora la política se hace sin sustento técnico.
Patricio Arrau Economista

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El 31 de julio recién pasado, la ministra del Trabajo, Ximena Rincón, envió un severo oficio a la Superintendente de Pensiones, Tamara Agnic, a propósito de lo que consideraba una autorización irregular para permitir la fusión por absorción de AFP Cuprum por parte del grupo financiero Principal. En el mismo oficio solicita que la Superintendente “se abstenga de autorizar operaciones de la misma índole”.  Esta última solicitud evidentemente intenta influir en la autorización pendiente similar que tiene el grupo asegurador Metfife para adquirir AFP Provida.

Dos son los errores que comete la ministra. En primer lugar, y un error muy grave, es que la ministra pasa a llevar la autonomía de la Superintendente, quien debe velar por el buen funcionamiento de los fondos de pensiones y por la protección de los afiliados. Las superintendencias tienen un mandato legal claro y deben ejercer sus facultades para generar credibilidad y estabilidad en los mercados regulados en los cuales les corresponde actuar. Si los superintendentes deben responder a las instrucciones de los ministros como funcionarios subordinados al poder político, se distorsiona el rol que deben cumplir como autoridades fiscalizadoras. Es de la máxima importancia para la estabilidad de nuestro mercado de capitales que los superintendentes actúen de acuerdo a sus facultades, concedidas por ley orgánica, libres de presiones políticas.

El segundo error de la ministra es que cae en la muy mala práctica de actuar motivada meramente por objetivos políticos, sin el sustento técnico adecuado a materias de tan alta complejidad. Cuánto se añora la ex Concertación en esta materia. La ministra utiliza un recurso meramente formal para cuestionar a la Superintendente (que se autorizó una AFP transitoria previo a la absorción), pero en el fondo todo este barullo se debe a la errónea percepción pública de que la Superintendente autorizó una operación que implicó una supuesta evasión tributaria.

Es necesario entonces explicar el sustento técnico que contradice esa percepción pública. De acuerdo a la legislación vigente en Chile, y hasta diciembre de 2015, cuando se adquiere una compañía mediante absorción o fusión y se paga un valor que excede el valor del capital propio tributario de la sociedad adquirida o absorbida, ese valor adicional pagado, llamado goodwill tributario, es susceptible de ser utilizado como un gasto tributario en los 10 años siguientes a razón de un décimo por año. La razón para permitir esta norma de gasto tributario es evidente. Se trata de evitar la doble tributación por los mismos flujos de renta o utilidad. En efecto, el pago que Principal realizó a los accionistas de AFP Cuprum o Metlife a los de AFP Provida representa el valor que dichos compradores y vendedores lograron acordar como valor presente de los flujos futuros de utilidades de ambas AFP.

Dado que los vendedores deben pagar impuestos de ganancia de capital por el goodwill obtenido en la transacción, es de la mayor lógica, para evitar la doble tributación sobre los mismos flujos de utilidad que el comprador pueda deducir ese mismo goodwill como gasto tributario en los pagos de impuestos en los años siguientes. En la operación, el Fisco no pierde ingresos tributarios en relación al caso en que no se hiciera la transacción. Al contrario, adelanta flujos de impuestos que de otro modo recibiría en 10 años. Si esta regla tributaria no estuviese en aplicación, obviamente el comprador ofrecería un precio menor al que está dispuesto a pagar si existe la posibilidad de deducir ese valor de las utilidades tributarias futuras.

Esta regla tributaria es utilizada en muchos países, entre los cuales se encuentran EE.UU., Brasil, Colombia, Ecuador Alemania, Italia, España, entre muchos otros, y permite a las partes llegar a acuerdos comerciales de traspasos de propiedad evitando la distorsión de la doble tributación. Esto mismo se ha materializado en muchas otras ocasiones de inversión externa en Chile. ¿Por qué tanto barullo entonces?. La reforma tributaria de septiembre de 2014 eliminó esta regla del goodwill tributario para operaciones que se inicien con posterioridad al 2014 y se concluyan con posterioridad al 2015. La presión viene porque estamos en este periodo de transición y por la errónea percepción de que se trata de evasión tributaria.

Ahora bien, ¿por qué se eliminó esta regla del goodwill tributario como un gasto deducible de impuestos?. Existían abusos de esta regla de parte de evasores que simulaban fusiones y adquisiciones entre partes relacionadas para evadir impuestos. Se decidió entonces lanzar el sofá de Don Otto por la ventana y eliminar la regla para todos. En mi opinión hubiese sido preferible dejar estas materias para las nuevas facultades anti elusión del SII y mantener el gasto tributario del goodwill cuando el caso lo ameritara, como es evidentemente el caso en estas dos operaciones. Ahora será más difícil atraer inversiones extranjeras a Chile. Otra muestra más de lo poco prolija que fue nuestra reforma tributaria. En otros tiempos habría sido fuente de orgullo de las autoridades atraer inversiones importantes como la que hicieron estos dos gigantes estadounidenses. Pero no, Chile cambió. Ahora la política se hace sin sustento técnico.

 

Patricio Arrau, Ph. D. Economía, Universidad de Pennsylvania. Consejero y director de Fuerza Pública e Investigador Asociado de Plural.

 

 

FOTO:SEBASTIÁN RODRÍGUEZ/AGENCIAUNO

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