Han pasado tres años desde el intenso 18 de octubre de 2019 que remeció la vida chilena. Ha corrido mucha agua bajo el puente, han cambiado muchas coordenadas y actores, pero hay una cuestión que sigue viva: la violencia como un elemento relevante de la escena pública. Sería hipócrita afirmar que esa violencia empezó en 2019 ⎯basta recordar la escalada en las marchas estudiantiles, los portonazos y los atentados en el sur los años previos⎯, pero en ese momento algún dique se quebró. La agresión violenta, aunque también estuvo acompañada de protesta pacífica, se volvió en cierto modo protagónica, decisiva.

La crisis de orden público ha tomado formas diversas en estos tres años y es un hecho que constituye hoy una de las preocupaciones principales  ⎯si no la principal⎯ de los chilenos. Si hubo un momento en que la misma ciudadanía no pareció condenarla con fuerza, hoy ese momento ha quedado atrás. La pregunta que ronda la cabeza de muchos es ¿qué hacer? ¿Cómo se repara la grieta en el dique? ¿De qué manera se dota nuevamente de legitimidad a las fuerzas de orden? ¿De qué modo se recupera un mecanismo como el estado de excepción, que se ha desgastado? ¿Cómo se vuelve a la idea de que el Estado tiene el monopolio de la fuerza legítima?

La pregunta, en las circunstancias actuales, es aún más específica: ¿qué hace un sector que ha validado la violencia, o que al menos ha coqueteado con ella, cuando se encuentra súbitamente en el poder? Es evidente que la coalición gobernante enfrenta un problema serio. Además de la contundente derrota electoral del 4 de septiembre ⎯que aún no procesa⎯ recibe el boomerang de la protesta violenta que durante años ha romantizado como lucha legítima. Boric es lo suficientemente inteligente como para reconocer el daño que puede hacerle esa violencia a su sector al volver ingobernable el país y empujar a la ciudadanía a los pies de cualquiera dispuesto a tomársela en serio. El Presidente lo sabe, pero no parece tener la fuerza para hacer frente a su coalición, que continúa pensando en clave octubrista, como si el plebiscito de septiembre no hubiera pasado la aplanadora a esas pretensiones revolucionarias y como si las “grandes transformaciones” fueran posibles al margen del estado de derecho. 

Boric seguramente es consciente de que el proyecto original del Frente Amplio está muerto ⎯él mismo le ha puesto la lápida al girar hacia la socialdemocracia con su tono y su gabinete⎯, pero en su actitud ante la violencia no se ve dispuesto a asumir definitivamente esa muerte. Su olfato político capta el viento y las circunstancias, pero sigue afectivamente atado a las luchas adolescentes de sus compañeros de coalición. Quizás sabe que un inicio de solución al complejo problema de la violencia pasa por empoderar a la nueva Ministra del Interior y dar señales eficaces de respaldo a los Carabineros y las Fuerzas Armadas, pero el imaginario político de su mundo se lo impiden. La ambigüedad mantiene al país a la deriva. 

Como un espejo de ese universo conceptual y afectivo que paraliza a Boric, la derecha radical que toma fuerza ofrece una lectura simplificada que tampoco contribuye a una solución auténtica al problema. Si el Frente Amplio solo apunta a las transformaciones y hace caso omiso de la violencia como problema, esa derecha solo parece atender al orden: y lo hace como si fuera un problema sencillo, monocausal, que se resuelve de modo directo y aséptico mediante la pura fuerza. La dialéctica entre estos dos polos se asemeja al modo en que Robert Spaemann caracteriza la distinción entre izquierda y derecha: como una fractura entre las nociones de autoconservación y autorrealización, como una elección dicotómica entre la mantención de un orden dado y la libertad transformadora de cara a un horizonte utópico. Para este autor, ambos extremos se vuelven el uno sobre el otro. Y ambos son nihilistas.

El problema de violencia incontrolada que sufre el país requiere evidentemente de medidas de corto plazo, que solo un gobierno libre de antiguos complejos podría apoyar. Pero eso no es todo: si lo que importa es crear las condiciones para la paz en el largo plazo, la recuperación de la confianza social y la legitimidad de las instituciones democráticas resulta imprescindible. Eso no podrá conseguirlo jamás un gobierno por sí solo, sin la disposición estable a llegar a acuerdos por parte de las distintas fuerzas políticas. No parece haber otro modo de reconstruir el dique. 

*Francisca Echeverría es investigadora de Signos, Universidad de los Andes.

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