Al menos tres encuestas recientes muestran que la opción de decir “No” al proyecto de nueva Constitución cobra fuerza en la ciudadanía. El dato no deja de sorprender, pues es difícil imaginarse un órgano que tuviera la pista más despejada que la Convención para ganar en popularidad. Y, sin embargo, cunde la sensación de que la propuesta será insatisfactoria y probablemente deficiente, a pesar de que todavía queda algo de tiempo para que termine su trabajo. La intuición es que los fundamentos de las decisiones de los convencionales no han cambiado, y eso es algo que el todopoderoso Pleno no ha logrado moderar.
Ahora bien, absortos como estamos en el frenesí constituyente, perdemos de vista que esta es solo una de las aristas en las que se manifiesta nuestra crisis. A estas alturas es innegable que existe un problema constitucional, pero cosa distinta es pensar que allí se juega todo el destino del país. Lo cierto es que sea cual sea el resultado del plebiscito del 4 de septiembre estamos inmersos en un proceso de larga duración para recuperar -si acaso es posible- alguna estabilidad institucional y social.
Haríamos bien en recordar ese horizonte largo de crisis. Esto, por una parte, obliga a reconocer que aquello que estalló en octubre de 2019 hunde sus raíces en frustraciones anteriores a los gobiernos de Bachelet y Piñera, ya se trate de mero malestar, de las demandas materiales o de dignidad, aquel esquivo ruego que todavía resuena en algunos lugares. También es en un horizonte más largo que se incuba la grave crisis de orden público, por la pérdida de legitimidad del uso de la fuerza, del principio de autoridad o de capacidad operativa de quienes la ejercen. Asimismo, fue en los últimos años cuando se agudizó la autorreferencia del sistema político y la incapacidad de ajustar las instituciones a una sociedad en proceso de cambio.
Los motivos de lo anterior son variados. En ellos se mezclan errores propios de la clase política, empresarial, y procesos sociales más amplios. Dada la profundidad de estas causas y su extenso periodo de incubación, era difícil pensar que podrían tener una solución inmediata. Tampoco podían resolverse solo en un ámbito relevante pero acotado de la vida en común, como el constitucional. Esto solo confirma la magnitud de la tarea y nos impone la conciencia de que cualquier cauce es limitado por sí solo. Las expectativas, entonces, apuntan inevitablemente a un plazo de largo alcance.
Por otra parte, no debemos obviar que esta crisis, a pesar de sus particularidades locales, se inserta en un contexto de malestar más amplio en el mundo. Desde los chalecos amarillos franceses, el Black Lives Matter estadounidense o el paro nacional colombiano hasta las protestas contra el impuesto a las redes sociales en el Líbano, me atrevo a pensar que todo Occidente pasa en alguna medida por una fractura similar, donde las instituciones que sostienen a la democracia tiemblan y los gobiernos viven problemas serios para conducir el descontento. No todo pasa en Chile. La amplitud y profundidad de aquellas insatisfacciones también hace pensar que el camino de salida será largo y tortuoso.
Sería provechoso para la Convención recordar las circunstancias que rodean su trabajo, si es que hay tiempo y disposición. Presa de la inmediatez, de la fanfarria populachera y de su propia cámara de eco, parece inmersa en un espiral sin salida. En esa actitud, el autodenominado “órgano más representativo de Chile” terminó repitiendo muchos de los errores de la vieja política a la que venían a desalojar. Perdieron el foco, y en ello dilapidaron la oportunidad de sentar las bases para una reparación social. Para bien, y para mal, el día después del plebiscito será solo una estación intermedia en la ruta hacia una reparación de nuestra persistente fractura.
*Rodrigo Pérez de Arce es Subdirector del Instituto de Estudios Sociales (IES).