El escándalo se ha apoderado de la agenda pública este verano. No es la primera vez y probablemente no será la última. El escándalo ha pasado a ser una componente de la política actual. Basta echar una mirada a lo que sucede en otros países cercanos.
Lo importante es saber qué papel deben jugar los distintos actores ante esta delicada situación, que erosiona aún más la confianza ciudadana en las instituciones democráticas. La Fiscalía y la Justicia tienen que dilucidar lo ocurrido y sancionar a los responsables de los delitos, sin interferencias de nadie. Su papel es juzgar el pasado y enviar una clara señal de prevención frente a futuros fraudes.
Pero, ¿se agota en la Administración de Justicia el lema laguista de que “las instituciones funcionen?
Pienso que no.
Corresponde a los dirigentes políticos –y en primer lugar al gobierno– señalar derroteros de futuro, sacando lecciones de lo ocurrido. No para inhibir la justicia, sino para indicar un camino de solución. La sociedad no se detiene y la gente no puede quedar entrampada en las ataduras del pasado. Incluso las reformas en curso pueden verse afectadas: la tributaria, por las nuevas formas de elusión; la educacional, por el desvío de los fondos públicos ya denunciado por la Contraloría.
La probidad y la transparencia deben ser características ineludibles de las políticas públicas.
Por eso, desde Chile Transparente hemos propuesto la idea de un Compromiso Nacional por la Probidad y la Transparencia que, surgido desde la sociedad civil, pudiera ser asumido por los actores públicos y privados mostrando a la gente su voluntad de crear nuevas reglas que sean más estrictas en la relación entre política y dinero. Todos saben que el actual sistema de financiamiento de la política hace agua.
Ese compromiso debería ser encabezado por la propia Presidenta Michelle Bachelet y todas las fuerzas políticas. Su primer contenido debiera ser el despacho oportuno de varios proyectos de ley que están en plena discusión parlamentaria desde hace ya algunos años y que constituyen la llamada Agenda de Transparencia, surgida hace décadas bajo impulso del gobierno de Eduardo Frei Ruiz-Tagle.
Dichos proyectos tienen que ver con mejorar las declaraciones de intereses y patrimonio de las autoridades, regular el fideicomiso ciego de patrimonios de una cierta entidad cuando sus propietarios asuman un cargo de primera responsabilidad en el Estado, fortalecer las atribuciones del Servicio Electoral y del Consejo para la Transparencia, continuar la modernización de la Contraloría General de la República, entre otros temas.
Es verdad que no bastan las leyes para asegurar la probidad. Pero son un marco indispensable al establecer las reglas de funcionamiento de la política y la economía. El desafío de fondo es un cambio cultural de pautas de conducta que debe partir desde la escuela. Tanto el sector público como el privado deben premiar las buenas prácticas, la entrega de información y la rendición de cuentas, y por el contrario condenar las colusiones, el cohecho, el soborno, el uso de información privilegiada, el tráfico de influencia y el lavado de activos.
El reinicio del año político en marzo debe marcar una nueva etapa, caracterizada por el compromiso con esos valores. Chile ocupa una buena posición en el índice de transparencia internacional sobre percepción de la corrupción (puesto 21, el mejor de América Latina en disputa con Uruguay). Es un buen punto de partida para no caer en el desaliento frente a los escándalos y pensar que el problema no tiene solución. La sociedad es básicamente sana. El desafío, entonces, es abordable. Lo que se requiere es decisión política y una mirada puesta en el bien común más que en recriminaciones recíprocas intentando obtener ventajas de corto plazo.
Es la hora de elevar la mirada y abordar los cambios necesarios con decisión y perseverancia convocando a todos. Hace más de 10 años se hizo un ejercicio de esa envergadura y sus resultados fueron positivos para la modernización del Estado. Hoy se requiere un esfuerzo análogo para enfrentar los nuevos desafíos que afectan a la vida pública y al mundo de la empresa.
José Antonio Viera-Gallo, Foro Líbero.
FOTO: ANGEL ARCONES/FLICKR