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Publicado el 04 de septiembre, 2017

El debate, a debate

Es discutible si todas las candidaturas tienen igual derecho a participar en debates televisados, sólo por estar inscritas en el Servel. En EEUU, por ejemplo, se exige un porcentaje mínimo en las encuestas.
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Los debates presidenciales son un verdadero hito en las campañas. Y lo han seguido siendo, a pesar de los cambios en la forma de ser candidato, en el sistema electoral, e incluso en la tecnología. No obstante la creciente crisis de representatividad y la somnolienta apatía hacia la clase política, no podríamos imaginar una campaña sin debates televisivos.

En Chile este género se inauguró en 1989, con un encuentro entre los dos candidatos más fuertes del momento, Patricio Aylwin y Hernán Büchi. Para ese primer debate se siguió fielmente la escuela norteamericana, cumpliendo en particular las reglas del memorable debate entre Nixon y Kennedy en 1960, un verdadero derby. Así, se permitió la interacción entre ambos candidatos (obvio, se trataba de “debatir”), lo que originó no sólo un episodio importante en el cronograma de campañas, sino que además marcó la agenda en las semanas sucesivas.

Con el correr de los años, nuestros debates nacionales fueron evolucionando y llegaron a transformarse en una lánguida suerte de entrevista grupal. La elección de 2005 significó un punto de inflexión: como la Alianza por Chile llegaba con dos postulantes (Piñera y Lavín), la entonces candidata Bachelet exigió que se invitara a todos los aspirantes “chicos”, cosa que hasta ese entonces no había ocurrido. La consigna era —supuestamente— dar tribuna a todas las alternativas, pero bajo este subterfugio se escondía un claro propósito: no aparecer como minoría en el debate frente a dos candidaturas de la centroderecha.

Este paradigmático cambio terminó por aniquilar la posibilidad de diferenciarlas propuestas entre los candidatos. Es cosa de recordar que en el último ciclo, en 2013, hubo ¡nueve! postulantes debatiendo en un mismo set, lo que obligó a dividir el evento en dos jornadas, y les impidió a todos exponer sus ideas en profundidad.

Es discutible si todas las candidaturas tienen el mismo derecho a participar en debates, sólo por el hecho de estar inscritas en el Servicio Electoral. En Estados Unidos, por ejemplo, país en el que los candidatos proliferan de forma ridícula —tanto en las primarias como en la elección definitiva, gracias a partidos enanos que sólo escuchamos cuando hay comicios— se exige un porcentaje mínimo en las encuestas para “entrar al debate”. De esta forma, se privilegia la discusión de planteamientos entre los candidatos más reconocidos y se evita que el debate se transforme en una mera tribuna para expresar ideas alternativas.

Siguiendo esta misma lógica, es interesante y valiente la propuesta realizada por el comando de Sebastián Piñera, acerca de promover un debate sólo entre las tres candidaturas con mayor proyección. Es interesante, pues recupera el valor y sentido que debe tener un debate (para este ciclo se inscribieron ocho candidatos, y tal como en 2013, es absurdo pretender un intercambio serio entre tanta gente). Y es valiente también, pues sabiendo que Alejandro Guillier y Beatriz Sánchez son candidatos que representan a “las izquierdas”, el entorno de Piñera podría haber actuado como lo hizo Bachelet en 2005, considerando sobre todo la amplia ventaja que tiene sobre sus dos principales contendores. Sin embargo, el ex Presidente ha preferido debatir con ellos y permitir que sean los ciudadanos quienes tomen una decisión informada, en base a propuestas e ideales.

Considero acertada la idea de que el debate sólo incluya a los candidatos que, siguiendo el modelo norteamericano, hayan demostrado contar con un apoyo ciudadano relevante. En Chile nos hemos acostumbrado a levantar candidaturas testimoniales, sin ninguna posibilidad de éxito, pero que usufructúan de dádivas estatales, como la franja gratuita de TV o el reintegro de platas por votos obtenidos. Aunque sea controversial para algunos, si a estos subsidios sumamos la participación en debates como si fuera un derecho adquirido, podemos terminar dañando la calidad de la democracia. El debate, a fin de cuentas, como cualquier otra institución electoral, debe estar sujeto a debate.

 

Roberto Munita, abogado, magister en Sociología y en Gestión Política, George Washington University

@rmunita

 

 

FOTO: MARIO DAVILA/AGENCIAUNO

 

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