Prepárese a escucharlo con frecuencia en los días que vienen: las reformas del gobierno de Bachelet son necesarias para la paz social. La defensa de la reforma tributaria, la reforma educacional y el día de mañana la laboral y la constitucional, no estarían en los méritos de éstas, sino en que el no llevarlas adelante alteraría la paz social.
Un planteamiento como ese es falaz y además poco democrático.
Es falaz porque lo que verdaderamente atenta contra la paz social es impulsar contra viento y marea reformas que no son queridas por la población. Lo que amenaza la paz social es imponerle a la mayoría de las familias de Chile una ley que prohíbe que los colegios donde estudian sus niños, y que ellas eligieron, sigan funcionando como lo hacen hasta ahora. No podrán tener fines de lucro y la mayoría de los colegios particulares subvencionados hoy día tienen fines de lucro. No podrán cobrar un copago a los padres y la mayoría de los colegios particulares subvencionados, con y sin fines de lucro, hoy día lo hacen. ¿Por qué el mes de marzo del próximo año las familias chilenas serán sometidas a tan brutal imposición?
Por ideología. Porque la dirigencia de los movimientos estudiantiles decidió atribuir al lucro todos los males de la educación y sin más reflexión, desoyendo la opinión de muchos de sus propios expertos, desde ya la de varios de sus ex ministros de Educación, la Nueva Mayoría decidió incorporarlo a su programa.
El clamor por mejorar la calidad de la educación, que sí existió y sigue vigente en la sociedad chilena, exigía una reforma que alentara a los colegios que imparten una enseñanza de calidad y que desaliente o saque del sistema a los que entregan una instrucción deficiente. ¿Públicos, privados, con fines de lucro o sin él? La verdad es que no importa el tipo de colegio, lo que importa es la calidad.
Pero esa no fue la respuesta del Gobierno. Ni siquiera se conoce cuáles son sus planteamientos para mejorar la educación pública. Sin consideración alguna por la gente, se dice a los padres y apoderados que los colegios en que estudian sus hijos no podrán seguir funcionando como hasta ahora. ¿Cuál es su opción? Una promesa de educación pública de calidad o la posibilidad de que los sostenedores de sus actuales colegios accedan a cambiar su condición jurídica y se transformen en instituciones sin fines de lucro. Los apoderados replican con razón: muéstrenme cómo es esa educación pública de calidad y ahí decidiré si cambio a mi hijo.
Lo mismo puede decirse de la reforma tributaria. Puede que esté afectando la inversión, que la fuerte desaceleración económica que estamos viviendo se deba en buena medida al tremendo shock que significará sacar del circuito de producción 8.200 millones de dólares al año. Pero lo sentimos mucho, prometimos que para disminuir la desigualdad necesitábamos hacer esta reforma.
Puede que la desigualdad empeore, porque los más pobres son los más afectados con la desaceleración. Tampoco hay garantía alguna de mejorar la calidad de la educación. Más bien parece que se va a deteriorar.
Ese no es el punto, señalan desde el Gobierno, todo eso es discutible, pero el país tendrá mayor gobernabilidad si se aprueban las reformas. También la laboral, porque así los sindicatos estarán contentos. Y la constitucional, porque la actual es ilegítima.
Falso, el país será menos gobernable porque la mayoría de la gente estará peor.
Pero dijimos que el argumento era además poco democrático. Claro, porque atribuye a los líderes estudiantiles el monopolio de la representación ciudadana en materia de educación, a los sindicatos la representación de los trabajadores y constituye, a fin de cuentas, una forma de dar patente de corso a estos grupos y aceptar una suerte de extorsión a la sociedad chilena que debiera ceder a los intereses de grupos organizados que han capturado a la Nueva Mayoría bajo la amenaza de hacer ingobernable el país.
Denota además una fatal arrogancia, pues resulta que, casualmente, el único camino para lograr la paz social sería llevar adelante el programa socialista de Michelle Bachelet.
Luis Larraín, Foro Líbero.
FOTO: SEBASTIÁN RODRIGUEZ/AGENCIAUNO