Columnas de opinión es presentado por:
Publicado el 25 de marzo, 2015

El CRUCH: Un injustificado favoritismo del Estado

Se puede concluir que los aportes fiscales se basan en criterios antojadizos que producen una discriminación arbitraria entre las instituciones.
Recibe en tu correo Lo mejor de la prensa
Suscribirse

Es tarea del Estado promover la generación de bienes públicos por lo que cabría pensar que éste apoye en mayor medida a instituciones de educación superior que realizan un aporte más significativo en este ámbito. Sin embargo, lo que se aprecia es un favoritismo injustificado en el trato que el Estado tiene con un grupo específico de universidades, las que componen el Consejo de Rectores de las Universidades Chilenas (CRUCH). El sistema de educación superior ha evolucionado y se ha diversificado, sin embargo los criterios para la asignación de los recursos estatales no han seguido el mismo camino, y responden a razones históricas que hoy resultan anacrónicas y que producen discriminaciones arbitrarias y otras distorsiones.

De las 60 universidades que existen en Chile, son 25 las que integran dicho Consejo, de las cuales 16 son estatales y 9 son privadas. El común denominador entre estas instituciones es que o fueron creadas antes de 1981 o son derivadas de éstas. El resto de las universidades privadas, que no pertenecen al Consejo, nacen con posterioridad a dicho año. Cabe destacar que algunas universidades del CRUCH tienen menos años de existencia que otras que no pertenecen a éste.

Pertenecer o no al Consejo de Rectores ha dado lugar a una serie de discriminaciones arbitrarias en relación a la entrega de recursos por parte del Estado afectando a instituciones y alumnos. Estas diferencias han sido parte de los argumentos que se han levantado en el debate público que se ha desarrollado en el último año sobre la conveniencia de eliminar o modificar la institucionalidad del CRUCH.

Repasemos algunas de estas discriminaciones. El año 2013, el Estado entregó $352.002 millones en aportes fiscales a instituciones de educación superior, donde el 95% de este gasto se otorgó exclusivamente a las universidades del Consejo de Rectores. Más del 50% de estos aportes fiscales se asignan por criterios históricos, siendo el principal de ellos el Aporte Fiscal Directo (AFD). Por otra parte, las universidades que no pertenecen al CRUCH solo recibieron el mismo año por parte del Estado $14.545 millones, es decir un 4% del total de fondos que entrega el Estado a las universidades del país. El 1% restante es para otras instituciones de educación superior. Estas diferencias no se condicen con los bienes públicos que las distintas universidades generan en ámbitos como la producción científica, el acceso de alumnos vulnerables o la calidad de las instituciones (acreditación).

En el ámbito de la producción científica, por ejemplo, se observa que en los últimos años ésta se cuadruplicó, aumento que denota un sistema universitario más complejo, en el que más instituciones participan en la creación de nuevo conocimiento. Específicamente las universidades privadas que no pertenecen al CRUCH aumentaron en 36 veces el número de publicaciones ISI, lo que representa un 13% del total de papers el año 2013. Si en el 2000 solo 5 instituciones (ninguna privada fuera del CRUCH) producían más de 50 publicaciones ISI anualmente, al año 2013 fueron 22 instituciones las que publicaron tal cantidad y entre ellas había 6 privadas fuera del Consejo de Rectores. Esto demuestra que la creación de estos bienes públicos ha aumentado no solo en número, sino que también en diversidad.

La integración de alumnos provenientes de familias vulnerables que típicamente han estado excluidos de la educación superior es otra forma de demostrar el rol público de una universidad. Sobre este punto, las cifras muestran que solo el 30% de los alumnos de los dos quintiles de menos recursos asiste a una universidad del CRUCH, el resto estudia en universidades privadas, Centros de Formación Técnica o institutos Profesionales fuera del Consejo.

Por lo tanto, se puede concluir que los aportes fiscales, más que basarse en el rol público que tiene la institución de educación superior, se basan en criterios antojadizos que producen una discriminación arbitraria entre las instituciones.

En términos de las becas que entrega el Estado para que los alumnos financien su carrera en la educación superior, se observa que el monto promedio por alumno matriculado en universidades del CRUCH sextuplica al de las universidades que no están en ese grupo. Esto resulta paradójico no solo porque la matrícula del CRUCH apenas representa un 27% de la matrícula total, sino también porque, tal como se mencionó, las instituciones que no pertenecen al Consejo de Rectores tienen aproximadamente al 70% de los alumnos vulnerables que asisten a educación superior.

El Presupuesto de la Nación 2015, en vez de acortar las brechas de estas discriminaciones arbitrarias descritas, lo que hace es agudizarlas tanto por concepto de becas de arancel como por el ítem que se refiere a los fondos basales que el Estado entrega a las instituciones. Respecto a las becas, el monto promedio adicional que se asigna por alumno matriculado en las universidades del CRUCH es 10 veces superior al monto promedio adicional que se otorga por alumno matriculado en universidades privadas que no pertenecen al Consejo.

Finalmente, en términos de acreditación se observa que tanto en universidades que están dentro o fuera del CRUCH existen instituciones con cinco o más años de acreditación.

El sistema de educación superior chileno ha evolucionado y requiere para su constante desarrollo un Estado que se haga cargo de estos cambios y que promueva a través de la entrega de recursos la generación de bienes públicos, dejando atrás discriminaciones sin sustento.

 

Raúl Figueroa, Director Ejecutivo Acción Educar.

 

 

 

FOTO: RAÚL ZAMORA/AGENCIAUNO

Las columnas de Opinión son presentadas por:
Ver más