Siguiendo un patrón similar al de la reforma tributaria, el gobierno ha establecido un esquema de “Diálogo Social” para la discusión de lo que sería la propuesta de reforma de pensiones. Si bien esto parece positivo en la búsqueda de mayor legitimidad social, algunos aspectos del proceso llaman la atención. 

Primero, en este caso, los expertos no son actores importantes en la discusión, poniendo todo el énfasis en los llamados actores sociales. De acuerdo con el gobierno “los Diálogos Sociales por Pensiones Dignas son espacios de participación tripartito entre el gobierno, representantes de los y las trabajadoras y los empleadores” (copio textual, por si llama la atención que diga “trabajadoras” en vez de “trabajadores”, otra sutileza del nuevo lenguaje). Estos diálogos se realizarán a lo largo de todo el país, con un calendario que se extiende desde el 3 de mayo hasta el 8 de junio. Paralelo a este proceso, en los mismos plazos se implementarán las Consultas Técnicas, donde cada organización no representada en las mesas de Diálogos Tripartitos tendrá la posibilidad de participar en reuniones con el Seremi del Trabajo, quien recogerá sus documentos y propuestas, las cuales formarán parte del informe regional.

¿Un mes para acordar una reforma que no hemos logrado consensuar en 15 años? ¿Por qué tanto apuro? De acuerdo con el presidente Boric, “buscar acuerdos tripartitos para la reconstrucción de un nuevo sistema de seguridad social no solo es urgente, sino que imperativo en una sociedad que nos exige abordar con urgencia los problemas más apremiantes de la ciudadanía”. Sin embargo, esta urgencia del mundo político parece estar dejando de lado el hecho de que en los dos últimos años se han aprobado reformas muy importantes al Pilar Solidario, que ya se están traduciendo en una mejoría muy significativa de las pensiones del 60% más vulnerable de los jubilados, y que a partir de julio llegarán al 90%, que empezarán a recibir una pensión garantizada universal (PGU) cercana a $190.000. Si comparamos con el año 2018, el gasto del Pilar Solidario habrá pasado de US$2.300 millones a US$5.800 millones estimado para este año, y además con un costo creciente en el tiempo. El impacto en las pensiones será igual de significativo y, además, los principales beneficiados con la implementación de la PGU son sectores de clase media, que mostraban las mayores carencias en materia de jubilación. 

Veamos los números. Medido en moneda de hoy, de acuerdo con los datos de la Superintendencia de Pensiones, la pensión promedio de las mujeres en noviembre de 2019 llegaba a $226.204 y la de los hombres a $380.685. En diciembre de ese año se implementó una fuerte mejoría del Pilar Solidario, y en diciembre pasado se aprobó la PGU, por lo que luego de su implementación en julio, las pensiones promedio subirán a $423.873 para las mujeres y a $541.688 para los hombres. Es cierto que los promedios ocultan realidades diversas, pero es igualmente cierto que estamos hablando de aumentos reales promedio de ¡87 y 42 por ciento, respectivamente! Estos números son muy significativos, y efectivamente avanzan en la solución del problema de corto plazo. La reforma de pensiones no parece urgente. Tomemos el tiempo necesario para hacerla bien, que cumpla con criterios de sostenibilidad, de incentivos a la formalidad y de promoción del ahorro y la inversión. 

Entonces, ¿por qué el apuro? Si me pongo mal pensada, creo que tiene mucho que ver con el creciente apoyo de la ciudadanía al sistema de ahorro individual. De acuerdo con encuestas recientes, más del 80% de la población apoya la plena propiedad sobre los fondos, y cerca del 70% quiere que las cotizaciones adicionales vayan a las cuentas individuales. Por razones principalmente ideológicas, el gobierno busca implementar un esquema de reparto, y por lo tanto, debe estar muy preocupado de hacerlo lo antes posible, y priorizar el diálogo con aquellos que aún respaldan esta idea. Mala señal. 

*Cecilia Cifuentes es economista, ESE Business School.

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