La semana empezó con el gobierno decretando estado de emergencia para las provincias de Arauco y Biobío. La situación en la Macrozona Sur estaba al límite: los hechos violentos habían aumentado un 171% en los 50 días posteriores al levantamiento de la medida. A 48 horas del anuncio, ya se cuestionaba al Jefe de la Defensa (Contraalmirante Parga) designado para esa zona. 72 horas después, éramos informados de su remoción de ese cargo. El debate público fue copado por la noticia y las opiniones sobre el tema iban y venían. Pero la verdad es que el Almirante nunca fue el problema y el tema nunca debió ser si se mantiene o no en el cargo. El problema es la violencia que ejercen las orgánicas radicalizadas.

Contextualicemos un poco. En octubre de 2019 un efectivo de la armada que manejaba un carro de infantería atropelló a una persona que se encontraba en una zona donde se realizaban disturbios. La resolución fue cuasi delito de homicidio porque no existió dolo, o sea, fue un accidente. La investigación fue larga y, en el marco de ella, el Contraalmirante Parga emitió una declaración donde afirmaba que la Armada iba a defender a su funcionario. El problema: esta semana la familia del joven atropellado emite un comunicado donde dice sentirse “desesperanzada y desamparada” con el nombramiento de Parga y recordó al Presidente que previo al cierre de campaña les prometió “justicia, verdad, reparación y memoria”.

Las palabras de la familia de la víctima cayeron como un balde de agua fría en La Moneda, que terminó transformando un problema de seguridad en uno político. La vocera de gobierno, Camila Vallejo, afirmó que la decisión se toma por “respeto a los Derechos Humanos”. Y ¿el respeto al Estado de Derecho en la Araucanía? ¿El poner la seguridad como prioridad? ¡¿Dónde queda todo eso?!

El estado de emergencia se decreta como consecuencia de que las usurpaciones aumentaron un 400%, los ataques armados un 289% y los atentados incendiarios un 91%, de acuerdo con un informe de la Multigremial de La Araucanía. En estas condiciones, el diálogo es casi imposible. Hay que controlar el problema de seguridad y después avanzar en la conversación. Eso es de lo que deberíamos preocuparnos: de la Seguridad, pero con mayúscula. Sin ella no habrá nunca desarrollo ni económico ni social. La inversión no sólo no va a llegar a la zona, sino que también se irá de allí, dejando aún más vacíos que ocuparán los grupos violentistas.

Volvemos al origen: el Almirante nunca fue el problema. Es más, sus dichos demuestran el leal apoyo de la institución a uno de los suyos y prueba la cohesión que tiene una de las instituciones que defienden nuestra patria. Tuve la suerte de conocer al Contraalmirante Parga, quien encarna fielmente los valores de su institución, y no me queda más que agradecer por el deber cumplido y la dedicación que pone a cada tarea que se le asigna. 

Al gobierno, solo recordarle que el problema son los grupos radicalizados que han hecho retroceder al Estado de Derecho y pedirle que, al menos por esta vez, deje la ideología de lado y responda a la violencia como todos esperamos: sin miedo a usar la fuerza y combatir firmemente a quienes atacan a diario a los ciudadanos que viven en la Macrozona Sur. 

*Pilar Lizana es investigadora de AthenaLab.

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