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Publicado el 03 de junio, 2015

Educación superior: ni gratuita, ni de calidad, ni para todos

Los chilenos se han dado cuenta de que, de hacerse efectivo este proyecto, la educación superior no será gratuita, no será de calidad y no será para todos.
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En su discurso ante el Congreso del 21 de mayo, la Presidenta Bachelet anunció gratuidad en la educación superior para el 60% de los alumnos más vulnerables que estudian en las universidades del Consejo de Rectores (CRUCH), en centros de formación técnica e institutos profesionales sin fines de lucro, como primer paso para la gratuidad universal.

A pesar de lo atractivo que podría parecer el anuncio para algunos, hace pocos días una nueva encuesta Plaza Pública Cadem reveló que un 73% de los chilenos rechazan esta propuesta presidencial.

Esta mayoritaria oposición de los chilenos se puede justificar por varias razones:

Primero, porque la gente más pobre y de clase media entiende que el apoyo social debe ir en beneficio directo de las personas –especialmente de los más pobres–, con independencia del tipo de establecimiento que libremente eligen para educarse. Una muestra de aquello es que, según los datos de la última encuesta CASEN, dentro de los dos quintiles más pobres del país un 29% de los alumnos está matriculado en universidades del CRUCH, mientras que otro porcentaje incluso levemente mayor (31%) estudia en otro tipo de universidades.

Una certera representación del drama que puede significar financiar la educación terciaria quedó gráficamente representado en la última campaña presidencial, de la entonces candidata Bachelet, quien nos presentó el caso de una familia que tenía que escoger cuál de sus hijos accedía a la educación superior. Ese video caló hondo y quizás más de alguna familia albergó la esperanza de un sistema de financiamiento más justo. La esperanza no duró mucho. El 21 de mayo recién pasado, el gobierno le dio una verdadera bofetada a esas familias, pretendiendo imponerles el lugar donde deben estudiar sus hijos si quieren merecer el apoyo estatal. La actual propuesta lleva al absurdo de que de dos hijos de una misma familia de escasos recursos que estudian en distintas universidades acreditadas, por ejemplo en una universidad del CRUCH y otro en la Universidad Diego Portales o en la Universidad Andrés Bello, ambos con idéntico puntaje y situación social, solo uno reciba apoyo del Estado. Esto deja en evidencia que, para el gobierno, la real necesidad o situación económica de las personas no es un parámetro para apoyarlas con financiamiento.

En segundo lugar, si bien corresponde y es legítimo que el Estado introduzca criterios para la asignación de fondos sociales, sería bueno aclarar que en la actual propuesta de la Presidenta, la calidad de la educación tampoco es uno de ellos.

Las instituciones de educación superior deben medirse con una misma vara, por ejemplo, por los años de acreditación. En vez de eso, el gobierno decidió beneficiar a priori a los alumnos del CRUCH, dejando fuera a parte importante de los jóvenes de clase media y escasos recursos que estudian en universidades fuera de éste.

Siguiendo con el ejemplo anterior, el hermano que estudia en una institución del CRUCH –donde hay muchas que no se encuentran dentro de las 200 mejores de Latinoamérica, según el ranking QS- estudiará gratuitamente, en cambio el otro que se decidió por la UDP o la UNAB –ambas dentro de las 90 mejores de América Latina, según el mismo ranking- tendrá que arreglárselas por sus propios medios, con lo que el gobierno demuestra que la calidad tampoco constituye un criterio adecuado para apoyar económicamente a los estudiantes.

En tercer lugar, la Presidenta ha presentado esta medida como una forma de promover la inclusión social. Si esto fuera verdad, es más relevante una inversión mayor en educación pre escolar, básica y media, dado que muchos alumnos de los sectores más pobres de nuestra sociedad, que no acceden a universidades de calidad, no lo hacen tanto por recursos sino más bien por falta de puntaje. Al mismo tiempo, se puede aumentar el apoyo a los alumnos más vulnerables, pagándoles la universidad y otorgándoles una beca de mantención que desincentiven su deserción y disminuyan su costo de oportunidad, propuesta obviamente más justa que pagarle la educación a los más ricos como se pretende en el futuro. De no aumentar la inversión en la educación general o no impedir la deserción de los más pobres, se estaría fomentando una verdadera exclusión social.

El 21 de mayo la Presidenta anunció que su proyecto era una medida para lograr una educación gratuita, de calidad y para todos. Después de analizar la propuesta, los chilenos se han dado cuenta de que, de hacerse efectivo este proyecto, la educación superior no será gratuita, no será de calidad y no será para todos.

 

Julio Isamit, Presidente Fundación Chile Siempre.

 

 

FOTO:PABLO OVALLE ISASMENDI/AGENCIAUNO

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