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Publicado el 19 de diciembre, 2016

Educación superior: Nada nuevo bajo el sol

Se esperaba que las autoridades despejaran las dudas sobre el proyecto de educación superior, pero el documento que presentó la ministra no cumple esa expectativa.
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El Ministerio de Educación dio a conocer la semana pasada los principales ejes que servirán de base para el prometido rediseño del proyecto de ley sobre educación superior. Lo anterior, como una forma de hacerse cargo de las críticas transversales que ha recibido la iniciativa desde su presentación a la Cámara de Diputados.

Aunque con diversos énfasis, dependiendo de quién hace la crítica, los principales cuestionamientos al proyecto se refieren a la gratuidad universal como eje estructural del mismo, a la falta de reconocimiento de la diversidad del sistema, a las restricciones a la autonomía de las instituciones, y a las dificultades que las medidas propuestas implican para el desarrollo de proyectos de calidad. Lo que se esperaba a estas alturas de las autoridades era, precisamente, que se hicieran cargo de la discusión y propusieran medidas concretas en orden a despejar las dudas, pero lamentablemente el documento dado a conocer por la ministra no cumple las expectativas.

La presentación se inicia con un resumen de las principales críticas, lo que da a pensar que va bien encaminada. Pero la desilusión asoma al constatar que es la visión de un grupo específico de universidades la que predomina en la síntesis. Como botón de muestra está el caso de la gratuidad universal: para nadie es un misterio que esa política tiene diversos detractores y, por ende, debiese haber encabezado el listado, pero nada se dice sobre el particular. Se pretende así construir un consenso irreal en torno al eje fundamental del proyecto de ley en discusión.

Al analizar las propuestas, podemos constatar que son obviamente funcionales a un determinado sector, lo que implica una renuncia a la posibilidad de incorporar la tan necesaria visión sistémica de la que el proyecto carece. En efecto, la esencia de la iniciativa se mantiene al desconocer el aporte del sector privado al desarrollo del sistema educacional, otorgándole una preeminencia desmedida al Estado, ya sea mediante sus universidades o bien a través de otros órganos que, más allá de cambios cosméticos, concentran atribuciones que corresponden por definición a los individuos y a las instituciones de educación. Obedeciendo a presiones, se pretende institucionalizar las diferencias de trato que hoy privilegian a las universidades del Consejo de Rectores, buscando probablemente por esa vía la venia de las instituciones privadas que lo componen. Una buena muestra de ello es el retroceso en uno de los pocos aspectos positivos que tenía el proyecto, que consistía en el reemplazo del mecanismo de asignación de fondos directos por una fórmula competitiva entre instituciones, basada en resultados.

Sin perjuicio de lo anterior, no se debe perder el foco. El hecho de que se privilegie a un grupo de universidades por la presión que han ejercido sobre el Gobierno es casi secundario frente a la insistencia del Ministerio de Educación en promover una política de financiamiento que por su diseño afecta gravemente el sistema de educación superior, lo condena a la mediocridad y limita las alternativas de los jóvenes.

 

Raúl Figueroa Salas, director ejecutivo de Acción Educar

 

 

FOTO: PABLO OVALLE ISASMENDI / AGENCIAUNO

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