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Publicado el 05 de junio, 2015

Educación: se esfuman los sueños de los más vulnerables

Toda política pública se debe pensar para sus ciudadanos, beneficiando a todos por igual. Esto no ocurre con el anuncio sobre gratuidad que hizo la Presidenta el 21 de mayo.
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Han pasado exactamente 15 días desde que la Presidenta de la República emitió al país su mensaje presidencial. Habló de muchas materias y en muchas áreas, pero la ciudadanía se ha quedado solo con un gran tema: la reforma educacional y su gratuidad. ¿Por qué ha sucedido esto? Porque es una reforma mal planteada, y una reforma mal planteada es una mala política pública.

Recordemos que este 21 de mayo la Presidenta anunció que: «avanzando en nuestro compromiso de alcanzar la gratuidad para el 70 por ciento de los estudiantes más vulnerables de Chile al final de mi periodo, a partir del 2016 aseguraremos que el 60 por ciento más vulnerable que asista a Centros de Formación Técnica, a Institutos Profesionales acreditados y sin fines de lucro, o a universidades del Consejo de Rectores, accedan a la gratuidad completa y efectiva, sin beca ni crédito…». Y, por supuesto, vino la reacción a este poco meditado anuncio.

Es normal que ante desafíos que demande la organización dirigida, sean los asesores sectoriales quienes propongan soluciones. Sin embargo, siempre -pero siempre- quien dirige la organización tiene la obligación de analizar y meditar las propuestas presentadas, y una vez que éste adquiere la convicción de que es posible y acertada su aplicación, las anuncia… Con mayor razón, es exigible esta conducta cuando se ostenta el cargo de Presidente de la República de un país, pues de sus decisiones depende el confort, en este caso, de 17 millones de compatriotas.

En este caso, faltó meditación; faltó análisis… No es mucho exigir, creo yo, a la máxima autoridad del país.

¿Y por qué es una mala política pública?

Porque tiene errores conceptuales gigantescos. Ninguna política pública se desarrolla para beneficiar o perjudicar a las instituciones. Toda política pública se debe pensar para sus ciudadanos, beneficiando a todos por igual. Esto no ocurre y estamos en presencia de una severa y arbitraria discriminación de parte de un agente del Estado, cuestión que no es aceptable.

Porque comete arbitrariedades, segrega por pertenencia o no a una organización gremial –Cruch- y, aún más importante, como resultado de esa distinción, hace que alumnos de idéntica condición de vulnerabilidad social no tengan el mismo acceso a la gratuidad prometida, esgrimiendo como única razón para ello el que hayan elegido estudiar en una universidad no perteneciente al Consejo de Rectores. Claramente es una medida de dudosa constitucionalidad.

Porque se erradicará de raíz uno de los grandes pilares que sustentan a las universidades en el mundo, como es su autonomía académica, financiera y administrativa. De dicha autonomía nacen la libertad de cátedra, la heterogeneidad de proyectos educativos, la libertad para desarrollar nuevas disciplinas del conocimiento, entre otras tantas virtudes. Será el Estado quien, por la vía de los recursos, impondrá no tan solo las condiciones para acceder a la gratuidad, sino que también -dependiendo de la cantidad de recursos que disponga- fijará las vacantes, los precios, las nuevas áreas de desarrollo de la universidad, el crecimiento o no de una universidad. En la práctica, la gratuidad es incompatible con la autonomía universitaria. El que piense lo contrario es muy ingenuo.

Porque es una política que nivelará hacia abajo la calidad de nuestras universidades. Para nadie es desconocido que nuestras universidades han tratado de alcanzar la mayor calidad posible y este hecho, relevante y virtuoso, ha significado que los costos medios de las instituciones han ido progresivamente al alza, ante las mayores exigencias por alcanzar dicha calidad: más y mejores docentes con postgrados, mejores estándares de calidad en sus dependencias y edificaciones, mayor inversión en investigación, mayor sofisticación en los servicios de apoyo, mayores exigencias en laboratorios y bibliotecas, entre otras nuevas demandas.

Sin embargo, a partir de ahora será el Estado quien fijará los aranceles, los que obviamente diferirán sustancialmente de los aranceles reales y ese hecho significará que las universidades, necesariamente, tengan que adecuarse a sus nuevas realidades financieras, afectando con esto su calidad. Es decir, se nivelará hacia abajo. La calidad universitaria es cara, y la política pública no la considera.

Porque no es posible que de una política pública emanen tantas y tantas preguntas que no tienen respuesta. Solo para ejemplificar advertiré algunas: ¿cómo financiarán las entidades incluidas en la gratuidad la brecha entre el arancel de referencia y el costo real?, ¿cómo se justifica que, según el establecimiento en que estudie, un hermano pueda acceder a gratuidad y el otro no?, ¿qué pasará con los alumnos antiguos de instituciones incluidas en la gratuidad?; si son incluidos, ¿qué pasa con los créditos que contrajeron para pagar el arancel de los años ya cursados?, ¿se permitirá el cambio de una institución sin gratuidad a otra con gratuidad?, ¿qué pasará con las vacantes de las instituciones incluidas en la gratuidad?, ¿podrán incrementarse?; en el caso de los CFT e IP incluidos en la gratuidad y que no tienen mecanismos formales de selección, ¿cómo se distribuirán los cupos?: ¿por sorteo?, ¿por notas del colegio?, ¿orden de llegada?, ¿tómbola?; ¿cómo se financiará la infraestructura si solo se financia el arancel de referencia que no es el costo real de la carrera?… Y podríamos seguir planteando preguntas que siguen sin respuesta.

Cuando se anuncia una política de tanta trascendencia, lo mínimo que debemos exigir a la autoridad es algo de claridad y menos improvisación.

Porque, lamentablemente, con esta decisión los que se verán más perjudicados serán esas miles de familias, las más vulnerables, que verán coartadas las posibilidades de estudio de sus hijos. Con la decisión presidencial lo único que se logrará es que el sistema de educación superior, no solo se achate, sino que frene bruscamente su crecimiento justo cuando –según lo muestran todos los indicadores internacionales- debía crecer incorporando a esas familias más desfavorecidas y excluidas del sistema. Hoy, por el contrario, la política pública anunciada no hace más que ratificar que sus sueños se  han esfumado.

 

Rubén Covarrubias Giordano, Rector Universidad Mayor.

 

 

FOTO: PABLO OVALLE ISASMENDI/ AGENCIAUNO

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