Todos fuimos testigos de los múltiples anuncios que la Presidenta Bachelet realizó hace ya un mes. Todos quedaron obnubilados por el anuncio de un proceso constituyente, pero pocos se preocuparon por los anuncios que parecían más modestos. Es en estas medidas donde se esconden importantes amenazas a la libertad. El tema de la educación cívica es, a mi parecer, uno de los más graves.
En política, la comunicación lo es casi todo. Por lo mismo, cuando determinadas causas son convertidas en consignas sectoriales, es fácil tomar partido. Eso es lo que ocurre con el proceso constituyente. La variedad de ideas que rodean a ese nebuloso proceso permite que en la izquierda se dé cierta discusión, mientras que esa misma nebulosidad facilita que los sectores tradicionales de la derecha la generalicen bajo su propia idea de “Asamblea Constituyente”. Con la educación cívica, en cambio, todo es más difícil.
Porque, ¿quién podría estar en desacuerdo con la educación cívica? ¿Quién –en tiempos en que la educación parece serlo todo- podría estar en contra de más formación? Quien diga abiertamente no estar a favor de una medida así, parece ser un nefasto amante del control de las masas. Esta creencia es transversal y, por lo mismo, muchos defendieron el anuncio de Bachelet de dar un “lugar central” a la educación cívica en escuelas, universidades y centros de formación y de establecer códigos éticos tanto para el mundo público como para el privado, algo que debería escandalizar por su autoritarismo.
Es que la “educación cívica” resulta ser el guion de un proyecto político y no, como muchos piensan, la difusión de la idea abstracta de la virtud republicana. De ahí que en determinado momento se haya producido tremendo conflicto por el uso de la palabra “dictadura” o “régimen militar” en los textos escolares. La educación es parte de la arena política y es ahí donde se juega lo más importante: la libertad de pensar y expresarse. Por lo mismo, el poder tenderá a querer manejar ese espacio.
En una columna anterior, llamé la atención respecto del personalismo que progresivamente está invadiendo al gobierno. Pues bien, creo que es hora de pensar en las consecuencias de profundizar la educación cívica bajo ese prisma. Porque hay algo que debe quedar claro, ella nunca fue eliminada del currículo y eso queda consignado en el proyecto que fue enviado al Congreso el 8 de mayo. El “fortalecimiento” de una asignatura ya existente no debería surgir como fruto de un mandato presidencial. Cuando se deposita toda la fe en la educación para acabar con la corrupción, entonces podemos estar seguros de que se cree que por ese medio se puede domar a las personas. Lo fundamental es que todos podamos escribir un guion para la política y evitar así que solo uno se otorgue esa posibilidad.
Francisco Belmar, Investigador Fundación para el Progreso.
FOTO:PABLO OVALLE ISASMENDI/AGENCIAUNO