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Publicado el 11 de marzo, 2015

Economistas y abogados

Economista Patricio Arrau
Desde la educación hasta los derechos de las comunidades, parece imprescindible que el aporte de economistas y abogados vuelva a buscar lugares de encuentro.
Patricio Arrau Economista
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La interface entre economía y las leyes es una disciplina fascinante del mundo de la economía y del mundo del derecho. Con frecuencia los economistas que trabajamos en el mundo privado no tardamos mucho en darnos cuenta que debemos convertirnos en ocasiones en verdaderos “abogados de ejecución”. Lo mismo para quienes les interesa más el mundo público. Los economistas ponemos el énfasis en los mejores diseños económicos y comerciales, que luego hay que convertirlos en un arreglo contractual legal. La ideología por cierto no está ausente. Algunos procurarán diseños de eficiencia económica e incentivos para acumulación de la riqueza, y otros colegas procurarán diseños que procuren una mayor igualdad o distribución. No siempre los mejores diseños o modelos diversos aprendidos en las aulas tienen correlato en las leyes, por lo que los economistas hacemos propuestas de reformas de las leyes para que hablen mejor con los mejores diseños económicos, mediados por cierto por las preferencias políticas o ideológicas.

A los abogados interesados en el mundo comercial o en las políticas públicas les pasa algo parecido pero a la inversa. Formados desde el mundo del derecho, especialmente aquellos que ejercen en el mundo de la empresa se vuelven rápidamente muy buenos economistas o ingenieros comerciales “de ejecución”, y encuentran formas y arreglos contractuales legales que pueden estar al servicio de un mejor y más eficiente diseño desde el puntos de vista de la economía y los incentivos que la mueven. Otros, más interesados en las políticas públicas, y también mediados por sus propias preferencias políticas, como sus colegas, pueden estar interesados en un ordenamiento jurídico con mayores restricciones a los arreglos públicos que por ejemplo impidan la concentración de la riqueza y favorezcan una mejor distribución. Como hay interpretaciones, es el poder judicial, compuesto por aquellos abogados que decidieron seguir dicha carrera, los llamados a resolver si un determinado arreglo o transacción está sujeta a derecho y aplicar las penas y condenas a los infractores o compensando a los afectados. Y es el debate político democrático, deliberativo, en el espacio del poder legislativo, el encargado de definir las reglas y leyes que se requieren para avanzar como sociedad, las que deben adaptarse para ponerse al día, ya sea ampliando derechos que antes eran un privilegio de pocos, o redefiniendo otros a la luz del progreso económico y social.

Economistas y abogados hemos contribuido mucho al progreso del país en los últimos 30 años, mediante el entendimiento y la complementación y el respeto mutuo por el sesgo de cada uno en sus respectivas disciplinas. De pronto, sin mucho aviso, eso se ha perdido. Una crisis de comunicación y división inter profesiones e intra profesiones nos tiene sumidos en un diálogo de sordos. Sostengo que un debate ideológico que hemos esquivado está en la base de esta división. La reforma tributaria y educacional son los campos en las cuales este debate suprimido se ha manifestado. La aparición de “derechos sociales” que desde la retórica del derecho parece impecable, que incluso ha cautivado a jueces, choca con la lógica de la producción y las formas de distribución de dichos “derechos sociales” que también son bienes y servicios. Desde la educación hasta los derechos de las comunidades, parece imprescindible que el aporte de economistas y abogados vuelva a buscar lugares de encuentro.

 

Patricio Arrau, Doctor en Economía y Consejero Fuerza Pública.

 

 

 

FOTO: FELIPE FREDES F/AGENCIAUNO

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