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Publicado el 22 de noviembre, 2019

Diego González Cañete: ¿Qué es el gobierno del pueblo? Consideraciones a partir de la crisis actual en Chile

Historiador, candidato a Doctor en Historia en la Universidad Libre de Berlín Diego González Cañete

Es esperado, aunque aún incierto, que sea una mejor y más próspera democracia lo que aguarda al país en el futuro. Esa duda, sin embargo, no debiera hacernos olvidar que las democracias previstas por la teoría, imperturbables ante el tiempo y las circunstancias, no aparecen en los libros de historia.

Diego González Cañete Historiador, candidato a Doctor en Historia en la Universidad Libre de Berlín
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El escenario de crisis actual en Chile ha reflejado algunos dilemas fundantes de la política moderna: desde la expresión de una ciudadanía espontánea u organizada hasta la más cruda violencia y el aciago costo de vidas; desde las imágenes de fría intransigencia hasta la virtud de la moderación y la consecución de acuerdos políticos. De iniciarse un proceso constituyente, tras los resultados del plebiscito de abril de 2020, se trataría ciertamente del comienzo de una nueva etapa en la historia política del país. Pero más allá de los contornos propios de Chile, este proceso no podrá esquivar algunas de las cuestiones acuciantes de la modernidad política.

En este sentido, me pregunto si, junto a la manifestación de los problemas duraderos de un modelo de desarrollo, o a la expiración del orden institucional que rigió al país por más de treinta años, los hechos de octubre guardan también un significado hoy menos evidente. Esto es, la crisis de la democracia liberal representativa o parlamentaria, el sistema político que, más allá de Chile, ha caracterizado a una parte significativa del mundo después de la Segunda Guerra Mundial, y especialmente después de 1989. De ser esto cierto, nos encontraríamos frente a un período de renovación, transformación e inestabilidad del sistema de gobierno que desde fines de la década de 1940 convocó a buena parte de Europa occidental y Estados Unidos, algunas regiones de América Latina y países como India y Japón.

¿En qué sentido? Con el riesgo de simplificar las cosas, se podría sugerir que la democracia, así como se ha presentado en la política mundial durante los siglos XX y XXI, ha estado conformada por dos polos tanto confluyentes como en tensión: uno “democrático” y otro “liberal”. Este equilibrio entre ambos ejes sería, por ejemplo, uno de los factores detrás de los éxitos más notorios de la democracia moderna, expresados tras 1945 en consensos sobre la paz y los derechos humanos, el boom económico de los años cincuenta, la vitalidad de la cultura de masas en los sesenta, los movimientos de descolonización y derechos civiles, y la lucha contra los autoritarismos, entre otros. Se trata este, sin embargo, de un equilibrio frágil, del cual la democracia no podría prescindir. Un equilibrio del que la política actual en Chile también es un reflejo, por más opaco que nos parezca.

Sabemos, a su vez, que la democracia no es la culminación de un destino inexorable, necesario, sino más bien el fruto de una experiencia histórica concreta, de la que el mundo actual ya no es –ni se siente– un deudor inmediato, ni en Estados Unidos, ni en Europa, ni en Chile. La experiencia chilena en torno a la democracia y sus notorias insuficiencias está atada, sin duda, a procesos propios, especialmente durante los años de dictadura y los gobiernos de la Concertación. Pero muchas de las querellas y debates que observamos en Chile, tanto durante como antes de los hechos de octubre, remiten a dilemas consustanciales de la democracia y la política modernas, más allá de nuestras fronteras. Es más, nos sugieren una conversación en torno a lo que es y lo que no es democracia; un retorno a sus preguntas, a sus crisis del pasado y, sobre todo, un ejercicio de comprensión en el contexto chileno actual.

¿Cómo aproximarse hoy a este equilibrio entre los elementos “democráticos” y “liberales” propios de la democracia moderna? Pensemos nada más en el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, y su evocación frecuente del “verdadero pueblo” estadounidense, “silencioso”: una ecuación en la que Trump sería la única voz autorizada de las mayorías y los otros, meros “enemigos del pueblo”. Un lenguaje similar hemos presenciado en lugares tan lejanos como España, Italia, Hungría, Grecia y Turquía, y más acá en Venezuela, Ecuador y Brasil. Los promotores del Brexit en el Reino Unido apelaron a la “voluntad del pueblo” en su esfuerzo por dejar la Unión Europea, apoyándose en los resultados mayoritarios del referendo de 2016. ¿Son estas las voces de convencidos demócratas? ¿No? ¿Pero no se trata acaso la democracia de desentrañar y promover la voz pura, clara y unívoca del pueblo? La literatura especializada ha relevado el valor de esta pregunta, observando hace algunos años una tensión entre la democracia y aspectos del liberalismo, especialmente en su faceta política e institucional, y en lo que respecta a la comprensión de ciertos derechos fundamentales.

Decíamos que es muy probable que la mutación actual en Chile no sea ajena a las vicisitudes del mundo contemporáneo y refleje un proceso mayor, que no se agota solo en problemas locales, en las injusticias de un “modelo” o en la renovación constitucional. La indolencia de las elites, el desprestigio de las instituciones, la corrupción, la rotura de los vínculos, la intolerancia y la reivindicación de la violencia, entre otros indicios, resumen una crisis de legitimidad y de virtudes que nos remite al lenguaje de la política moderna, a sus inconsistencias y a las tensiones que, profundo en sí mismo, contiene el sistema de gobierno más estable de nuestra época, la democracia. Hoy resulta esencial un repaso por una parte de su historia, caracterizada por búsquedas y crisis, para la comprensión de su configuración contemporánea, y de las preguntas aún por responder.

El equilibrio democrático-liberal

Pensemos en la encrucijada entre los siglos XVIII y XIX, en el nacimiento de la democracia moderna y en el vocabulario entonces a la mano. Se hablaba de república y revolución, luego de liberalismo, algo menos de democracia. Así, cuando los representantes de las colonias inglesas en América encabezaron su Constitución en 1787 con las palabras “We, the People”, ¿lo hacían presentándose como demócratas o republicanos? O cuando unos años después los revolucionarios en Francia proclamaban la soberanía de la Razón, ¿se confesaban demócratas o liberales? Y si unos decidían cortar la cabeza de cuanto “reaccionario” encontraran, para luego ver caer una guillotina sobre las suyas, ¿se comportaban como demócratas o como severos revolucionarios? ¿Fueron los movimientos de independencia en América Latina ejercicios democráticos o de mero autogobierno?

En términos históricos, este dilema de lo uno o lo otro sería a todas luces falso, o al menos inconducente. La democracia expresa desde sus orígenes una aspiración por el gobierno del pueblo, más una idea de igualdad política. Así fue loada desde la Atenas de Pericles, apagándose luego por cientos de años y renaciendo –junto a la revolución– en la modernidad. Abraham Lincoln la loaría también, confiando al tiempo en su inevitabilidad: “El gobierno del pueblo, por el pueblo, para el pueblo no desaparecerá de la tierra”, proclamaba en 1863, bajo el calor de la guerra civil.

Nada más y nada menos, aunque no es menor que una incómoda vaguedad haya ahuyentado a pensadores y tratadistas durante siglos, y en cierta forma permanezca hasta nuestros días. Porque, ¿qué es el pueblo?, ¿cómo se manifiesta?, ¿podría el pueblo gobernar? La respuesta a estas interrogantes es menos épica de lo que hoy pensaríamos y ha quitado el sueño tanto a conservadores como a progresistas. Alguna vez se identificó el pueblo con el conjunto de todos los ciudadanos habilitados para votar; otras veces se hizo alusión a un “bajo pueblo” en oposición a “la elite”, considerada como una camarilla de privilegio y desdén; también, el pueblo y “lo popular” han sido vocablos invocados y abusados, desde el pathos romántico hasta la propaganda fascista y comunista, en la década de 1930. Durante la “revolución pacífica” en Alemania Oriental, previa a la caída del Muro de Berlín, uno de los cánticos más populares de los manifestantes opuestos al régimen de la RDA era “Wir sind das Volk” (“Nosotros somos el pueblo”). Pareciera que el pueblo “se deja ver” de tanto en tanto, durante elecciones, manifestaciones o desbordes revolucionarios, pero manteniendo un halo de secreto y misterio que permite que esté siempre al alcance de toda retórica. Y expresa también una comprensión de un “nosotros”, aunque el “ellos” sea siempre menos evidente.

¿Ha sido el pueblo un ente dotado de voluntad? De ser así, ¿cómo entenderla, representarla y hacerle justicia? Un impulsor de la fórmula de pacto social, Rousseau, consideraba la democracia un régimen demasiado perfecto, pero por lo mismo solo apto para un “pueblo de dioses”. Era entonces la voluntad general la que debía buscarse, de una u otra forma, pues se trataba de la savia del régimen político y su primera justificación.

Con todo, lo que en el siglo XIX intuyeron pensadores como Tocqueville fue que ciertos derechos y libertades valorados como esenciales podrían, en algún momento, ser lesionados de considerar solo la búsqueda de la igualdad y la voluntad de las mayorías. Se requería más que el puro poder para equilibrar el gobierno de la nación: también consentimiento, razones, moderación. ¿Habría que deshacer entonces la revolución, el impulso democrático? Los más tarde conocidos como “liberales críticos” en Francia, a la manera de Guizot, aceptarían los sucesos de 1789 como un hecho y el lenguaje democrático adyacente, mas procurando limar algunos de sus rasgos (el terror de 1793, por ejemplo). En Inglaterra, este cierto escepticismo sería asociado con lo más elemental del pensamiento conservador, en figuras como Edmund Burke y Michael Oakeshott.

No es menor que la reflexión moderna en torno a “los derechos naturales”, los “derechos del hombre y del ciudadano” o, en nuestros días, “los derechos humanos” nos retrotraiga a esta clase de consideraciones, nutridas por la filosofía ilustrada, liberal y, decisivamente en Europa occidental tras 1945, los aportes socialdemócrata y democratacristiano. El argumento ha persistido hasta el siglo XXI: existiría un conjunto de derechos y de libertades que no podría ser franqueado en ningún caso, ni siquiera bajo el argumento democrático de las mayorías. La democracia moderna, así, nutriéndose de ambos polos –el democrático y el liberal–, se revelaría con los siglos como una forma efectiva de institucionalizar y morigerar el poder, especialmente en su esfuerzo por hacerle el quite tanto a la pasión revolucionaria como al golpe autocrático. Y tal vez por lo mismo, se ganaría los motes de “burguesa” y “contrarrevolucionaria” en círculos de izquierda hasta los años más tardíos de la Guerra Fría.

Tras el horror de las guerras del siglo XX el argumento democrático ciertamente ganaría en fuerza y legitimidad. Distintas democracias representativas buscaron equilibrar el fundamento popular y soberano del poder junto con las instituciones y dispositivos legales que, más que lesionar la libertad (desde un punto de vista “libertario”), la protegían, proveyendo a su vez las bases para una extensión de la igualdad, como en las socialdemocracias. Constituciones como la Grundgesetz alemana demostrarían hasta qué punto le era dado a una democracia protegerse institucionalmente, si no quería otra vez morir en el ruedo de la desmesura y el terror. Se trataba entonces del imperio de la ley y la separación de poderes; de las libertades de reunión, de expresión, de prensa y de culto; de elecciones informadas y periódicas; y, ante todo, de los derechos humanos. Mínimos de convivencia y de consensos, en otras palabras, elevados a bandera y expresados como anhelos de democratización en distintos lugares del mundo durante la segunda mitad del siglo XX, como Praga, Pekín, Berlín y Santiago.

Así, las demandas por más y mejor democracia en el siglo XX procuraron no estar separadas del todo de un sustento liberal político, hoy hecho propio y consustancial a la democracia contemporánea. Pocos defenderían en la teoría una democracia desprovista de derechos humanos, de libertades de expresión y de prensa, o con una planificación económica centralizada; pocos abogarían por una dudosa democracia a la que le haya sido arrebatada toda noción de pueblo y de mayorías, todo momento de real participación y deliberación: de política. O sea, democracias “defectuosas” –siendo generosos–, ora sin rastro alguno de liberalismo, ora sin una genuina vocación de mayorías; democracias invertebradas, parafraseando a Ortega. Pero otra cosa son la práctica democrática y la ambición de poder.

En suma, podríamos pensar que toda democracia es capaz de sumar e integrar nuevas demandas desde la ciudadanía, pero no le sería dado restar alguno de sus fundamentos y abandonar las palabras, sin arriesgarse a quedar expuesta a los gritos, el fuego o el fusil. De todo esto, bien lo sabemos, la historia de América Latina conoce demasiado.

¿Quién conoce la voluntad del pueblo?

Pensemos en Chile y su tránsito actual. La aspiración inicial por redactar una nueva Constitución a través de cabildos y asambleas bien pudo ser indicio de un “momento constituyente”, en la fórmula de Bruce Ackerman, o sea, una renovación constitucional promovida “desde abajo”. Se trataría aquí, se ha argumentado, nada más que de la pura y soberana “voluntad del pueblo” por rehacer las normas de la convivencia en sociedad. ¿Pero, lo es? ¿Cómo saberlo? He ahí una pregunta nada de tramposa y, como hemos observado, de muy larga data.

Las ambigüedades y preguntas detrás del proceso democrático quedan a la vista del que considera su historia e ideas rectoras. Pueden contrastar, por un lado, con la fatal arrogancia de los que nunca dudan y se atribuyen de antemano el conocimiento y la representación de la voluntad de las mayorías, frente a los que, por el otro, optan por desentrañar la cuestión del pueblo y la soberanía haciendo política, poniendo en entredicho sus propias certidumbres. Son estas mismas ambigüedades de la democracia, en otras palabras, las que ponen en evidencia a los menos que, embriagados de revolución, atizan el conflicto y persiguen lo más, frente a los mejores, que aprecian las vías consensuadas y la mediación política. En fin, aunque las consecuencias de largo plazo de los hechos iniciados en octubre son aún desconocidas, es muy probable que no estarán del todo aisladas de las características, los temas y las querellas de la política contemporánea.

De cara ante toda crisis, que no sugiere tanto un fin como un cuestionamiento y una renovación, es necesario volver a considerar nuevamente antiguas, muy antiguas preguntas. También a escapar del nervio y la crispación local, poniendo atención en lo que pasa más allá de nuestras fronteras. Tal observación podría nutrir algunas confianzas, además de abrir una sana dosis de escepticismo, que espante la polarización. Es esperado, aunque aún incierto, que sea una mejor y más próspera democracia lo que aguarda al país en el futuro. Esa duda, sin embargo, no debiera hacernos olvidar que las democracias previstas por la teoría, imperturbables ante el tiempo y las circunstancias, no aparecen en los libros de historia. En realidad, sabemos que ninguna democracia estable que aún perviva en la actualidad –y que lo quiera seguir haciendo– lo ha llegado a ser obviando el equilibrio antes mencionado, democrático y liberal, y la apertura que su reconocimiento demanda. Pues al hablar hoy de democracia se trata tanto del pueblo, la igualdad y las mayorías como de las instituciones, el Estado y los derechos fundamentales; de un régimen que ha probado ser más efectivo, moderado y resistente que otros, a fin de cuentas, pero también más poroso y con menos adeptos de lo que nos gustaría hoy reconocer.

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