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Publicado el 09 de agosto, 2021

Diálogos en Venezuela (III): Gestionar un problema regional

Académico, Estudios Políticos Universidad Austral de Chile Miguel Ángel Martínez Meucci

El colapso de Venezuela no se debe ni a un conflicto entre las partes involucradas ni a las sanciones foráneas. Por el contrario, todo ello es consecuencia de las políticas de un régimen autoritario y revolucionario que se sustenta sobre una economía extractiva y prácticas depredadoras de las que participan múltiples actores foráneos. Ello representa una amenaza regional que difícilmente puede ser gestionada mediante el formato empleado en los diálogos realizados hasta ahora.

Miguel Ángel Martínez Meucci Académico, Estudios Políticos Universidad Austral de Chile
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En la entrega anterior sobre el nuevo proceso de diálogo que se viene desarrollando sobre Venezuela señalamos los “problemas de encuadre” que parecen afectar el diagnóstico que prevalece actualmente sobre la situación que vive ese país. En esencia, señalamos que dicho diagnóstico asume la existencia de un conflicto —entre el gobierno de Maduro y las fuerzas políticas de la oposición— que habría sumido a este país en una grave crisis humanitaria y que por ende sólo podría resolverse mediante un acuerdo negociado que estabilice la situación y por el que sea factible alcanzar “elecciones aceptables” a cambio de desmontar las sanciones foráneas.

Con este enfoque, no obstante, no sólo se soslayan las verdaderas causas del colapso económico y social de Venezuela (relacionadas con la imposición de un sistema de control exhaustivo y expolio sistemático por parte del régimen de turno), sino que además se oculta la intención pragmática, por parte de diversos actores internos y externos, de pasar la página y convivir con el control dictatorial que ejerce Maduro. Se abandona así el objetivo del cambio político a cambio de una estabilización que permita la coexistencia en condiciones algo menos duras, con la esperanza para los venezolanos de que la realidad pueda ir mejorando poco a poco, y para los actores foráneos de que esta incómoda cuestión abra la puerta a otro tipo de oportunidades.

En el mejor de los casos, este enfoque podría reducir la presión que el régimen chavista ejerce sobre sus adversarios y sobre el control exhaustivo de la economía, abriendo posibilidades para una relativa normalización de la actividad económica y social. No obstante, en la práctica esta ruta orientada al desmontaje de las sanciones foráneas implica un reconocimiento progresivo del status autocrático que ha alcanzado Venezuela desde, al menos, el año 2015, puesto que brinda al gobierno de Maduro un tratamiento similar al que ya ostenta Cuba en la región: el de una dictadura con respecto a la cual no hay mayores presiones ni expectativas a favor de su pronta democratización. Fe de ello pueden dar los cientos de miles de manifestantes que desde el pasado 11 de julio pululan por la isla, aún en espera de un apoyo firme por parte del entorno internacional.

De este modo, la aspiración —que emergió en los años 90– de convertir a América en un continente libre de dictaduras no sólo no ha podido completarse con una transición política en Cuba, sino que más bien viene retrocediendo con el auge de nuevas formas de autoritarismo en la región. De todas ellas, el triángulo Cuba-Venezuela-Nicaragua es el que más evidentemente representa un retroceso, máxime cuando otras derivas preocupantes no sólo han tomado por modelo a Cuba y Venezuela, sino que además han contado con su cooperación. Difícilmente podría ser de otra manera cuando estos regímenes autocráticos se conciben y comportan como actores revolucionarios, o, lo que es lo mismo, en el plano de las relaciones internacionales, se dedican activamente a trabajar por el cambio de régimen político en países vecinos. Por ende, no se trata de problemáticas de orden exclusivamente nacional o intraestatal, sino que revisten además un carácter regional.

En el caso de Venezuela, además, resultan particularmente influyentes dos variables críticas que no parecen estar siendo directamente abordadas en el diseño de los diálogos que en el mes de agosto, con mediación noruega, podría pasar a una nueva fase en México. Nos referimos a las variables de la transnacionalidad y de la paraestatalidad que afectan o caracterizan a varios de los actores que más fuertemente inciden en la caótica situación que Venezuela vive a día de hoy. Por un lado, la transnacionalidad se refiere al modo en que diversos actores foráneos, por lo general no directamente presentes en los procesos de diálogo y negociación que han tenido lugar hasta ahora, influyen de modo determinante en el tipo de decisiones que toma la coalición de fuerzas políticas y criminales que sostiene a Maduro. Si bien el gobierno de Cuba es el actor foráneo más determinante, muchos otros (señalados en la entrega anterior) inciden de modo notable.

Por otro lado, la paraestatalidad caracteriza a otros actores, tanto internos como externos, que operan de modo significativo en un territorio sobre el cual el Estado venezolano ejerce un control no necesariamente directo ni legal. Dichos actores, a menudo con un grado de autonomía muy elevado, incrementaron sus márgenes de acción o emergieron como actores en virtud del carácter subsidiario o asociado que el régimen chavista ha mantenido sobre ellos. Pero esta tutela y control estatal, en medio del colapso generalizado que vive el país, pudiera en diversos casos estar en vías de desaparición. Tal parece ser el caso de múltiples “colectivos” armados, movimientos guerrilleros como el ELN o los disidentes de las FARC, organizaciones criminales, etc.

De este modo, vemos que el alcance de los nuevos diálogos pudiera estar dejando por fuera a buena parte de los actores involucrados en la conflictividad que vive Venezuela y desatendiendo las verdaderas causas de la crisis humanitaria que experimenta dicho país. Y a pesar de que varias voces se han levantado para exigir una negociación más integral, de momento se corre el riesgo de que, al estar hasta ahora los diálogos expresamente enfocados en un intercambio de “elecciones por sanciones”, sus resultados se limiten a abordar los aspectos de interés más inmediato para un puñado de actores políticos y económicos.

La realidad de Venezuela en estos tiempos parece requerir una posición más clara y decidida por parte de las democracias de la región, una posición que expresamente genere las presiones e incentivos necesarios para defender los derechos humanos de los venezolanos, reducir los vínculos que diversos actores foráneos de carácter autocráticos mantienen con el régimen de Maduro y propiciar la fractura de las alianzas entre los factores de poder que lo integran. Es evidente que semejante curso de acción encierra grandes costos y dificultades, pero el riesgo de no asumirlo es dejar que, a un ritmo tan parsimonioso que casi nunca termina de despertar una reacción decidida por parte de las democracias del hemisferio, el colapso venezolano se termine de convertir en el gran foco de inestabilidad y reversión democrática en la región.

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