Columnas de opinión es presentado por:
Publicado el 07 de diciembre, 2015

Delincuencia: las buenas intenciones no bastan

Lo que en realidad demanda el país hoy es una mirada integral y crítica respecto del conjunto de políticas existentes y faltantes, que se hagan cargo del hecho de que casi 4 de cada 10 familias chilenas han sido víctimas en el último año.
Recibe en tu correo Lo mejor de la prensa
Suscribirse

Los hechos del pasado 29 de noviembre no dejaron a nadie indiferente. Cuatro delincuentes encapuchados y armados entraron a una joyería en el mall Alto Las Condes, intimidaron a los clientes y, tras verse sorprendidos por Carabineros, protagonizaron una balacera donde murió uno de los primeros. Los otros tres escaparon exitosamente lanzando “miguelitos” en la calle.

Este, sumado a los otros dos robos armados ocurridos en el mismo mall a plena luz del día en los últimos dos meses son, sin duda, algunos de los hechos que han contribuido al aumento de la sensación de inseguridad. El recientemente dado a conocer Índice Fundación Paz Ciudadana – Adimark muestra que los porcentajes de personas que sienten alto temor a ser víctimas de la delincuencia ha aumentado considerablemente en el último año (13,8% a 21,1%). Más grave aún, son las personas de nivel socioeconómico bajo las que sienten más temor, justamente las que son más víctimas de estos ilícitos. Sin embargo, la misma encuesta señaló que los delitos de robo e intento de robo disminuyeron desde un 43,5% a un 38,9%, lo que resultó ser una sorpresa.

Así las cosas, las explicaciones y reacciones no se dejaron esperar y las autoridades entregaron teorías tanto de por qué ocurrió este efecto y cómo revertirlo, enfocándose en la sensación de inseguridad que viven los chilenos más que en el verdadero problema: la disminución de la victimización.

El gobierno ya anunció el despliegue de sus ministros en terreno para explicar sus políticas en materia de seguridad pública. El Ministerio del Interior y Seguridad Pública les entregó a las policías un “protocolo de actuación” para abordar los procedimientos que pudieran ser de interés de los medios de comunicación. Ambas medidas tienen como finalidad reducir la sensación de inseguridad en el país. Asimismo, la Intendencia Metropolitana presentó dos querellas contra los delincuentes por los delitos consumados de robo con violencia, y homicidio frustrado de Carabinero en servicio. Además, condenó el actuar de los individuos por poner en peligro la vida de quienes estaban en el mall a esa hora.

Sin embargo, las tres medidas resultan insatisfactorias para enfrentar el problema. Por ejemplo, el protocolo entregado a Carabineros y la PDI podría ser una buena señal si, como lo planteó el Subsecretario Aleuy, fuera para proteger a las personas involucradas y asegurar que los procedimientos se hagan de forma correcta. Pero el protocolo mencionado persigue otros objetivos tales como “definiciones básicas que enmarcan las acciones comunicacionales (…) a efecto de difundir a la opinión pública el rol que realiza el Estado en materia de prevención, control y persecución de quienes cometen delitos”. Esto último sería aceptable si se tratara de una institución técnica e imparcial, pero el Ministerio del Interior y Seguridad Pública, encabezado por el jefe de gabinete y vicepresidente del país, es un organismo de naturaleza política y debiera, idealmente, separar sus roles en esta materia.

Lo que en realidad demanda el país hoy es una mirada integral y crítica respecto del conjunto de políticas existentes y faltantes, que se hagan cargo del hecho de que casi 4 de cada 10 familias chilenas han sido víctimas en el último año. El Gobierno cuenta con su programa Seguridad para Todos 2014-2018 y, llegando a la mitad del camino, los resultados en términos de disminución de victimzación son esquivos.

Hay algunos consensos técnicos básicos sobre políticas que sí funcionan, las cuales no siempre están entre las prioritarias del gobierno. Por ejemplo, está demostrado con evidencia que la prevención (específicamente la secundaria, dirigida a niños, niñas y adolescentes que presentan factores de riesgo por lo que tienen mayor probabilidad de entrar en una senda delictual) debiese ser un elemento basal de nuestras políticas de seguridad. Sin embargo, además de las buenas intenciones declaradas, ello no se materializa si examinamos la Ley de Presupuesto para 2016.

Y es que como en tantos ámbitos, las buenas intenciones en políticas públicas no bastan.

 

Pía Greene, experta en seguridad y ex asesora del Ministerio del Interior y Seguridad Pública.

Las columnas de Opinión son presentadas por:
Ver más