Recién iniciado el 2018, la Superintendencia de Educación publicó el número de denuncias relacionadas con casos de abuso escolar recibidas durante el año pasado. Los 5.689 casos registrados corresponden a un 23% más respecto de 2016, probablemente gran parte de ellos situaciones que los menores vivieron a través de las redes sociales. Llama la atención que cerca del 72% de los casos se dan durante la educación básica, en menores de 14 años.
No sabemos con exactitud si hubo más casos de acoso durante 2017 respecto de otros años, o bien si existieron más padres dispuestos a denunciar la difícil situación que afectó a sus hijos. Lo que sí sabemos es que todos estos apoderados y familias dijeron “no más bullying” y dejaron de ser mudos testigos de la realidad dolorosa a la cual se ven enfrentados cada día. Es posible que muchas de las situaciones que se enmarcan dentro de estas cifras no correspondan exactamente a casos de bullying o acoso escolar según la definición: una situación de abuso reiterada en el tiempo y de superioridad física o sicológica del agresor respecto de la víctima.
Podríamos atribuir este aumento de denuncias a que hoy los padres conocen mejor los reglamentos y normativas internas de los colegios, y aque lentamente la comunidad escolar empieza a asumir un rol de testigo activo, siendo cada vez menos indiferente a este tipo de situaciones. Pero realizar una denuncia por acoso o bullying implica activar una compleja cadena de procedimientos que no siempre se está en condiciones de enfrentar.
Si un adulto recibe un relato de un menor que dice haber vivido o visto una situación de acoso escolar debe llevar el caso al establecimiento. El equipo de profesionales a cargo de la Convivencia Escolar recogerá los antecedentes necesarios para determinar si se trata o no de bullying. En caso de que sí lo sea se debe actuar prontamente, citando a los involucrados y sus familias con el objetivo de conocer sus argumentos, mediar un fin del conflicto y determinar medidas de reparación o enmienda del daño causado.
Si el colegio no pudiese lograr una solución, deberá llevarse el caso a la Superintendencia de Educación o a la Fiscalía y dejar en sus manos la continuidad del proceso. Si es llevado por los padres directamente a la Superintendencia, este organismo debe pedir los antecedentes a investigar que acrediten que sí se da una situación de acoso. Para esto, involucra a las instituciones escolares pidiéndoles los antecedentes que ellos tienen de cada caso.
La ley de convivencia escolar establece la obligación de que cada colegio tenga sus propios reglamentos y programas formativos para enseñar a convivir desde pequeños, formando personas tolerantes, respetuosas y solidarias, tanto en el mundo real como en el mundo virtual.
Para que la cifra de denuncias de casos bullying no siga en aumento, se vuelve necesario conversar en familia sobre la importancia de respetarse a sí mismo y a los demás evitando siempre el silencio frente al abuso. Son muchas las vidas que se pueden salvar si cada uno de nosotros asume una actitud activa frente al abuso y maltrato acogiendo el llamado a denunciar a tiempo. Si como sociedad queremos profesionales respetuosos, solidarios y tolerantes es necesario que asumamos el compromiso de enseñar a convivir desde temprana edad, aprendiendo a valorar y respetar lo que cada persona es sin prejuicios.
En nuestra sociedad, cada día más agitada y con escasos tiempos para la reflexión, es preciso darnos un tiempo, ahora en vacaciones, para debatir y educar en la prevención del bullying desde pequeños, educando en el respeto, la solidaridad y empatía.
Así como podemos educar a nuestros hijos en el respeto a los demás desde pequeños, es importante que se valore el rol del testigo activo, empoderado y capaz de denunciar los casos de abuso para que nunca más tengamos que presenciar niños dañados por el maltrato, o que optan por quitarse la vida producto de la compleja situación que les toca vivir. Todos estamos invitados a ser testigos activos; en nosotros está en promover los cambios que tanto le reclamamos al sistema educacional.
Soledad Garcés, profesora Universidad de los Andes
FOTO: SEBASTIAN RODRêGUEZ/AGENCIAUNO