La discusión pública de las últimas semanas ha girado en torno a la interpretación del proyecto constitucional. Esto se ha debido a varias razones, una de las cuales es el intento de algunos sectores del Apruebo por hacer decir a la propuesta cosas que no necesariamente están en ella, que fueron redactadas con demasiada amplitud, que no coinciden con las expectativas de la ciudadanía respecto del texto. El caso paradigmático es el de “calamidad pública” asociada al estado de emergencia, en el cual los defensores del texto han tratado de convencernos de que esa hipótesis haría innecesario otro estado de excepción para graves alteraciones del orden público; esto, borrando con el codo las intervenciones de los propios convencionales que buscaban “desmilitarizar el conflicto social”. 

En la misma línea, un grupo de intelectuales cercanos al “Apruebo” nos ha tratado de convencer de que solo hay un modo correcto de interpretar el texto, de modo tal que las supuestas oscuridades o ambigüedades –evidentes para cualquier lector más o menos neutro– no serían sino claridades meridianas. Las desviaciones de esta técnica serían producto inequívoco de la mala fe. En este sentido, se ha utilizado esta táctica interpretativa para despejar artificialmente dudas en torno a la amplitud con la que quedó formulado el consentimiento indígena, el derecho a la vivienda (si será con propiedad o no), el “justo precio” (si acaso equivale al precio de mercado o el daño patrimonial causado), o la mencionada calamidad pública. Curioso. 

Del mismo modo, ha cundido la importancia de los fact checking, organizaciones que chequean la veracidad de las afirmaciones que se vierten en el espacio público. Es cierto que son relevantes, sobre todo en tiempos en que la información corre con tal velocidad y es tan dispersa (donde muchos aprovechan efectivamente de difundir noticias falsas). Sin embargo, y como sucede con los académicos, es difícil circunscribir el debate constitucional a afirmaciones taxativas sobre lo que es ‘verdadero’ y ‘falso’. Se trata de admitir los límites de su utilidad, sobre todo en debates que por su naturaleza son difíciles (imposibles, a veces, por la materia) de zanjar por estas vías. 

Nada de esto implica negar que toda Constitución contiene expresiones que deben ser interpretadas, llenadas de contenido, de manera de hacerlas operativas y responder a las variaciones de su contexto de aplicación. Tampoco supone aceptar toda afirmación que se haga sobre su contenido. Muchas veces esas aproximaciones serán absurdas, falsas o descontextualizadas. Pero incluso si damos todo lo anterior por cierto, hay un espacio para lo indeterminado en todo texto legal. Pensar que la propuesta constitucional es un sistema cerrado y coherente solo daña sus proposiciones, dejándolas ancladas en un momento histórico que tarde o temprano pasará. De hecho, podemos decir que abrirse a la actitud contraria es lo único que asegura el éxito de una Constitución: solo si los demás colores políticos y las generaciones venideras pueden apropiarse del texto, este será garantía de gobernabilidad y logrará representar un pacto duradero.

La paradoja es que quienes defienden esta versión de cambio constitucional, con sus interpretaciones restrictivas y a veces cerradas, terminan replicando el defecto que tantas veces se atribuye (con mayor o menor justicia, según el caso) a la Constitución vigente. Esto es, que queda anclada en su contexto de origen, que no tiene las herramientas para ayudarnos a salir del atolladero en que nos encontramos. Si se quiere, estaríamos reemplazando una camisa de fuerza por otra. Es cierto que este proyecto fue elaborado en democracia, pero eso no lo libera de reproducir ciertos vicios que trascienden el contexto bajo otras formas. Este es otro argumento más para quienes han dicho que el proceso constituyente fracasó en su misión, y que busca vengar una injusticia originaria cometiendo otra, pero de sentido contrario. Una Constitución y una interpretación, las mismas que el Presidente Boric no quería, al menos hasta antes de entrar de lleno en la campaña.

*Rodrigo Pérez de Arce es subdirector del Instituto de Estudios Sociales (IES).

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