El tema de la inexpropiabilidad de los fondos de pensiones se tomó la agenda esta semana de una manera nunca soñada. Obligó a La Moneda y a la Convención Constitucional a tomar posiciones por temor a comprometer el destino del plebiscito de salida de la propuesta constitucional y, con ello, el del Gobierno del Presidente Boric.

Sin duda que en la protesta callejera el “No + AFP” campeaba dentro de las reivindicaciones sociales. Todo parecía indicar que las administradoras estaban condenadas a morir, pero los retiros anticipados de los fondos de vejez se han convertido en un inesperado salvataje del sistema de capitalización individual. Y está obligando al gobierno a armonizar su propuesta de reparto y con cuentas nocionales, donde las personas no son dueñas de sus cotizaciones, con el sentimiento predominante de propiedad en la ciudadanía.

Todas las encuestas indican que sobre el 70% prefiere que sus ahorros sigan siendo propios antes que destinarlos a un fondo solidario que solo eventualmente podría beneficiarlos al momento de jubilar (no ocurría cuando la mitad de la población no obtenía una jubilación bajo el sistema de reparto). Esa conciencia sobre la propiedad de la parte del sueldo que va a la seguridad social no existía antes de los retiros (3 de ellos exitosos) y continúa predominando, más allá de que hayan 4,6 millones de personas sin ahorros para jubilarse producto de esta política populista. Y la inexpropiablidad de los fondos se ha extendido a la exigencia de heredarlos (en el de reparto, desaparecen) y poder elegir la administración de los mismos, lo cual abre una ventana a mantener las AFP, en competencia al menos con un ente estatal, y eso tampoco está en el programa de gobierno.

Lo cierto es que La Moneda ha tenido que retroceder en las declaraciones de varios ministros que entreabrían la puerta a echarle mano a esos fondos para montar el nuevo sistema previsional. En un cambio de discurso, los ministros ahora aseguran que no tocarán ni un peso para atrás ni uno a futuro de los montos que se acumulen en la cuenta de capitalización individual, lo cual, al menos, significa reconocerlas. El Ejecutivo accedió incluso a mandar una reforma constitucional para asegurar los fondos, a cambio que Chile Vamos no votara el quinto retiro, lo que ocurrió y constituyó un gesto impensable en la campaña. 

El pleno hizo oídos sordos el martes a la advertencia que les hizo el ministro Segpres, Giorgio Jackson, que votarían algo que no es inocuo, porque “manifiesta una voluntad de que al menos nosotros, en nuestra administración, no tenemos ningún interés de que los fondos de capitalización individual dejen de ser” de los trabajadores. Una vez más, los convencionales rechazaron las tres indicaciones de la derecha para consagrar que no pueden expropiarse, además de que son inembargables, heredables y debe haber libertad para elegir su administración. La decisión fue consistente con la anterior del pleno de la Convención de rechazar la propuesta de participación popular más votada, “Con mi plata no”, y de recoger, en cambio, la iniciativa de “No + AFP”.

Pero los convencionales se vieron obligados a salir a dar explicaciones. Su presidenta María  Elisa Quinteros habló del “sin sentido” de constitucionalizar el tema, que tampoco figura en la actual Carta Fundamental, aseveró. Y el vicepresidente Gaspar Domínguez aseguró que mienten quienes digan que el pleno haya aprobado algo “en la dirección de apropiarse de los fondos de pensiones”. Omitieron decir, sin embargo, que la actual Constitución protege explícitamente la propiedad de las cotizaciones de los trabajadores y si fueran expropiados obligaría a pagarlos con efectivo y por anticipado (plata por plata). Nada de eso, en cambio, se asegura en las propuestas llevadas al borrador del nuevo texto que redactan los convencionales.

La derecha ha sabido sacarle partido al nuevo escenario previsional que se ha abierto, constituyendo “la bancada de las pensiones”. Lo claro es que a medida que escala el Rechazo en la opinión pública, el destino de los ahorros previsionales en la nueva Constitución puede terminar ejerciendo un efecto simbólico para oponerse a aprobar el nuevo texto. El problema para el Gobierno es que su destino está inexorablemente atado al resultado del plebiscito.  

*Pilar Molina es periodista.

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