Últimamente no me soporto
El Gobierno da la extraña sensación de un actor político que ha perdido la paciencia consigo mismo, y que ya no tiene remilgos en expresarlo en público. De manera que las opiniones diferentes ya no se suponen, sino que se constatan.
Se cambió de fatiga. Se puede decir que se realizó un cambio de gabinete por una fatiga de material, se hizo indispensable el reemplazo porque no se podía continuar con el desequilibrio entre las coaliciones, sobre todo a nivel de subsecretarios.
Pero el reemplazo de personas requiere una alteración de las conductas políticas que ocasionan problemas. Eso no ha sido posible por las secuelas de los errores ya cometidos y por la mantención de los déficit en la coordinación política.
El episodio redivivo de los indultos muestra a un Gobierno en que sus principales figuras están dispuestas a asumir los errores inevitables, pero no a excusar la repetición de errores de bulto. La paciencia no ha dado para tanto.
Así, por ejemplo, si alguien esperó encontrar la explicación del otorgamiento de indultos en el conocimiento pormenorizado de cómo se procedió a informar al Presidente, habrá quedado decepcionado.
Los antecedentes aconsejaban su rechazo en la mayor parte de los casos. La atribución presidencial fue ejercida a pesar de las recomendaciones. Esto explica la variedad de intentos esclarecedores protagonizados por diversas autoridades durante todo este tiempo. Boric ejerció su atribución basado en convicciones.
La reacción pública llevó al análisis de los antecedentes y las críticas recibidas desembocó en la salida de la ministra de Justicia. La vocera se sobreactuó al afirmar que si el Presidente hubiera tenido los antecedentes a mano su decisión habría sido distinta. Para quienes eran responsables de entregar los antecedentes esto era inaceptable, porque era reconocer una negligencia no cometida.
Ya no hay manera de salir bien del asunto. Un indulto, cuando es otorgado, genera siempre una intensa polémica de unos días y luego es olvidado. Si no ocurre así algo salió mal y, en este caso, muy mal.
Ahora ya no se discutirá la atribución presidencial, sino el juicio del Presidente y este no será compartido por la mayoría ciudadana, porque todas las encuestas señalan que no lo ha estado nunca. Con mayores antecedentes lo estará menos.
El ministro de Justicia y el subsecretario del Interior no pueden ir contra los hechos conocidos. Por lo mismo, han informado que los antecedentes adversos existían y que fueron entregados como correspondía.
Como esto es contradictorio con lo señalado en el inicio de la polémica por la vocera, no hay forma de explicar lo sucedido. Se pueden asumir las responsabilidades propias, no las ajenas y menos en el caso de una facultad privativa.
Yo me quedo con mi agenda y tú con la tuya
Este no fue el episodio final. Ahora se instalaba la idea que estaba predominando en el Ejecutivo las agendas sectoriales, por sobre la conducción política central y una adecuada coordinación.
Es muy poco probable que dos figuras reconocidas por su capacidad y solventes en sus responsabilidades (el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve y el ministro de justicia, Luis Cordero) desconocieran el efecto de sus declaraciones.
Pero queda demostrado que al menos dos autoridades no están teniendo una relación fluida con quienes están contando otra historia bien distinta; que el Gobierno sigue provocando reacciones que no domina; y, además, que se le está pidiendo a figuras importantes que saquen adelante una agenda, teniendo que aceptar que les toca trabajar en lugares donde se hacen mal las tareas básicas.
Está fallando la coordinación de la agenda de Gobierno, por lo que los responsables sectoriales actúan asegurándose de tener las condiciones básicas para implementarla en su ámbito. El 21 de marzo, la paralización de actividades educacionales en Valparaíso a raíz de un “narcofuneral” despejó las dudas.
En una señal claudicante, el ministro de Educación, Marco Antonio Ávila, señaló que se trataba de “una buena decisión”, mientras que la ministra del Interior fue enfática al afirmar que “no podemos permitir que el narcotráfico decida el calendario escolar”. No hubo ni el asomo de intento de simular coincidencias.
Esto reafirma el convencimiento de que el Gobierno está demostrando que priman las agendas sectoriales por sobre la conducción central. Ávila actuó sin la menor consciencia de estar dando una señal política de gran magnitud, y que, como tal, necesitaba primero un visado interno. Con razón la paciencia encuentra su límite. Ávila comete errores a una velocidad muy superior a la posibilidad de ser contenido.
Ni la mía ni la tuya, sino la nuestra
El Gobierno no se puede permitir el perder el control de la agenda pública y pasarle la iniciativa limpiamente a la oposición. En circunstancias en que está concordando un despacho rápido de las iniciativas en materia de seguridad, no puede pasar a la defensiva teniendo que explicar por qué da señales contradictorias. Que exista una agenda prioritaria debe tener algún significado.
Para un político lo más escalofriante de ver es el calendario. Pareciera ser que la contingencia electoral y el típico ambiente de campaña se hubiera adelantado un año. El 7 de mayo es la elección de consejeros constituyentes y Boric debe dar cuenta a la nación el 1 de junio.
Es decir, se apronta una prueba electoral que cambiará la percepción sobre las mayorías y minorías políticas, con un nada sorprendente ascenso de la oposición. Al mismo tiempo, hay que informar qué logros se han tenido durante el primer año de gestión y aspectos emblemáticos tienen que quedar aprobados en estos días.
Viviremos entonces un período de dos meses de estrés para el oficialismo, horquillado entre sostener una campaña entre dos listas igual de oficialistas, sortear las diferencias internas, conseguir mayorías que respalden sus iniciativas en el parlamento y negociar en todo momento con la oposición.
El nuevo presidente del Senado, Juan Antonio Coloma, desde el primer instante propuso un “fast track” legislativo para avanzar en proyectos vinculados a la seguridad. La habilidad de Gobierno consistirá en aprovechar los acuerdos ofrecidos por la oposición, pero abriendo campo a las iniciativas que le interesa, que no sean prioritarios para la derecha, pero que tampoco despiertan mayores resistencias.
Se justifica un “ajuste programático” que reubique las propuestas del Ejecutivo, considerando su factibilidad y priorizando los objetivos a conseguir.