La semana pasada, la Presidenta Bachelet presentó al país un itinerario de reforma constitucional con diversas fórmulas que contempla desde una modificación concentrada en el Congreso Nacional hasta una asamblea constituyente y la posibilidad de un plebiscito.
En su discurso, se centró en la supuesta ilegitimidad de la Constitución, lo que ya fue abordado en otra columna en este mismo medio. En su presentación, la Presidenta no indica qué cosas modificaría ni por qué reemplazaría el actual texto legal. Tampoco elige un mecanismo, sino que presenta todos los posibles a consideración del próximo Congreso Nacional, que estaría dotado de una legitimitad de la cual supuestamente carece el actual parlamento.
Para llevar esto a buen puerto, el gobierno destinará en una primera etapa 250 millones de pesos (parte de los 1.100 millones destinados en el presupuesto a la reforma constitucional) a una campaña de educación cívica de 15 días a través de televisión, prensa y radios, tanto en Santiago como en regiones.
La gran mayoría estima que se necesita una formación cívica para nuestros ciudadanos, especialmente ad portas de un proceso constituyente. Sin embargo, es un error creer que una campaña comunicacional con insertos, comerciales o gigantografías será idónea para esto.
Con esto, el gobierno supuestamente contribuirá a una mejor deliberación del proceso constituyente, sin embargo, esto no se logrará. Por esencia, el debate constituyente es complejo e involucra visiones distintas respecto a la definición misma de constitución, de su contenido o estructura. ¿Qué definición se dará de Constitución? ¿Se pronunciarán respecto a su carácter? Si lo hacen, ¿optarán por una representativa de las mayorías existentes en el país según el modelo continental europeo u optarán por una visión contramayoritaria propia del modelo americano? Así también respecto a la división del poder, la estructura del Estado y la garantía de derechos de las personas.
El tema es que sea cual sea la opción que el gobierno opte por presentar a la ciudadanía, sólo estará mostrando una de las múltiples visiones y combinaciones posibles y en las cuales, sin ir muy lejos, las distintas universidades y los profesores dentro de ellas difieren sustancialmente.
Además, pretender educar a los “niños, jóvenes y sus familias” como busca la campaña gubernamental en sólo seis meses es tener una confianza desmedida en las herramientas escogidas, tomando en cuenta que llevamos ya varios años discutiendo sobre la calidad de nuestro sistema educativo. Si fuera tan fácil dar una educación cívica capaz de tener ciudadanos interesados y preparados para una eventual asamblea constituyente, sería conveniente que el Ministerio de Educación evaluara una campaña de lectura o bien de matemáticas, que sería muy útil para tantos jóvenes que sufrimos con ellas durante nuestra enseñanza media.
Una formación cívica completa requiere el análisis de los principales conceptos político constitucionales, el estudio de los clásicos y el aporte de las ideas de la modernidad, el fomento del debate y la argumentación racional. En ese sentido es lamentable que la educación cívica, el estudio de la antigüedad o el debate hayan sido relegados en los planes educacionales del gobierno. Difícil olvidar que gran parte de los que fuimos dirigentes secundarios el 2006 -en el primer gobierno de la Presidenta Bachelet- participamos activamente en torneos de debate patrocinados por el Ministerio de Educación, cuyo apoyo económico cesó luego de la “revolución de los pingüinos”.
Esta formación tiene, por otro lado, una dimensión práctica que incluye visitas de los colegios y universidades al Parlamento, a los museos, al palacio de gobierno y a las cortes de justicia. Conversaciones con ministros, parlamentarios y jueces. Algo de esto existe respecto a los órganos del Estado, pero sería valioso que también se visitara los medios de comunicación, las empresas y las organizaciones de la sociedad civil, para que los jóvenes conozcan el rico entramado social que compone nuestra comunidad.
Esa dimensión intelectual y práctica tiene como requisito esencial que nuestros hombres públicos sean también muestra de ejemplo cívico. Cicerón, citando a Ennio, sostenía que “la república romana se basaba en la moralidad tradicional de sus hombres”; sin su ejemplo y dedicación, es muy difícil tener una cultura ciudadana. Por eso es tan relevante poseer una cadena virtuosa de compromiso público que supone tener los mejores padres posibles, personas interesadas por sus vecinos y participativos en diversas organizaciones de la sociedad civil y, a la larga, mejores ciudadanos. Todo esto requiere mucho más que un simple inserto en el diario o una gigantografía.
Julio Isamit, Coordinador “Republicanos”.
FOTO: DAVID VON BLOHN/ AGENCIAUNO