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Publicado el 06 de febrero, 2017

De «Blanco a negro»

En su lógica, la Mandataria socialista considera que el aparato público es un botín a repartir entre camaradas. Su criterio no es la capacidad, sino el compadrazgo y la sintonía política.
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Cuando el Gobierno informó en octubre pasado que Javiera Blanco no continuaba como ministra de Justicia -cediendo así al llamado de diversos sectores políticos que pedían su salida por la responsabilidad que le cabía en la crisis de varios organismos que dependían de esa repartición pública-, lo primero que pensé fue cuál sería la compensación que le darían por verse forzada a dejar el cargo. Esto, considerando que la Presidenta Bachelet dilató lo que más pudo la solicitud de renuncia y finalmente la concretó a regañadientes.

No me calzaba que una autoridad que tuvo que capitular por críticas a su gestión, a pocas horas de dejar el cargo se fuese de vacaciones al extranjero sin perturbación alguna. Pero el reciente nombramiento de Blanco como consejera del Consejo de Defensa del Estado –con una renta mensual de 7,5 millones de pesos hasta los 75 años (un verdadero “Loto con jubilazo”)-, lo explica todo: la ex ministra se tomó esos días de asueto sabiendo que su futuro inmediato estaba asegurado. La Moneda se encargaría de reubicarla. ¡Y vaya cómo la premiaron!

Pero más allá de este nuevo capítulo de “sillas musicales” en el sector público, la clave es cómo esta decisión retrata de cuerpo entero la forma en que Bachelet entiende su investidura y el rol del Estado. En su lógica, la Mandataria socialista considera que el aparato público es un botín a repartir entre camaradas, y en su caso, especialmente con quienes le son incondicionales a ella (aunque cada vez quedan menos). El criterio que Bachelet utiliza para dotar al Estado de funcionarios no es la capacidad técnica o el nivel de conocimiento, sino que el amiguismo, el compadrazgo y la sintonía política. Ahora bien, esta es una práctica habitual en Chile, y sería injusto atribuírsela solo a la Presidenta y al oficialismo.

Con esta reciente determinación de Bachelet como ejemplo, no extraña que otros en el oficialismo se sientan con derecho a obtener una tajadita del Estado —jubilazos, asesores fantasma, informes truchos, contratos a dedo, apitutados varios—, porque lo entienden como el aceptable “botín” de quienes asumen la pesada tarea de gobernar.

Lo que no podemos permitir como país es que este tipo de prácticas se extiendan, porque son el germen de la corrupción institucionalizada: el bien común se desdibuja completamente, dando paso a las componendas y el otorgamiento de privilegios a los grupos que controlan el Estado y que finalmente se terminan enquistando en él. En su segundo mandato, Bachelet no solo ha perdido el respaldo de la mayoría de los chilenos, sino que ahora además extravió el sentido de pudor y la prudencia que se requiere para ejercer la primera magistratura. Esto es peligroso, considerando que todavía le queda un año  de mandato y enfrentamos un escenario electoral en que la Nueva Mayoría presionará al Gobierno para que vuelque todos sus recursos (públicos) posibles en pos de que el bloque se mantenga en el poder.

En una columna anterior señalé que Bachelet había abandonado sus deberes de Mandataria, pero ahora incluso dejó de lado la ética al momento de evaluar y ejecutar sus acciones. Podría decirse que empezando el año final de su segundo mandato la Presidenta simplemente se fue de “Blanco a negro».

 

Carlos Cuadrado, periodista, magister en Ciencias Políticas (c)

 

 

FOTO: PABLO OVALLE ISASMENDI/AGENCIAUNO

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