Columnas de opinión es presentado por:
Publicado el 08 de octubre, 2019

Daniela Carrasco: Autonomía “Progresista”

Investigadora del Área de Formación de la FJG Daniela Carrasco

La reforma constitucional que introduce el concepto de Autonomía Progresiva ―que está en primer trámite en la Cámara Baja― se presenta como una modificación beneficiosa. Sin embargo, esconde el deterioro de la Patria Potestad tras una medida aparentemente de libertades civiles.

Daniela Carrasco Investigadora del Área de Formación de la FJG
Recibe en tu correo Lo mejor de la prensa
Suscribirse

No es una novedad que el mundo de las izquierdas ha buscado destruir la familia, pues es una institución que perpetúa tradiciones y valores occidentales, a las cuales esta ideología se ha opuesto siempre. Engels lo señaló explícitamente en 1884, así como también distintas feministas radicales como Shulamith Firestone o Zillah Eisenstein, pues en ella se reproducirían las categorías de opresión del capitalismo dentro del hogar y del matrimonio. En la misma dirección, el deconstructivismo derrideano también ha operado contemporáneamente como una estrategia que colaboraría en descomponer los andamiajes sobre los cuales se soporta parte importante de nuestra cultura. Deconstruir la familia involucra modificar la naturaleza y las relaciones humanas, buscando erradicar su naturaleza e identidad, cuestión que (aunque parezca pura teoría abstracta y lejana) es dable observar en la reforma constitucional que introduce el concepto de Autonomía Progresiva, en tanto busca modificar las relaciones naturales entre padres e hijos, desplazando, además, el rol subsidiario del Estado.

El proyecto mencionado, presentado en abril de 2018, establece normas a fin de garantizar la protección de los Derechos del Niño, el cual se refundió con otro presentado en 2012. Esta reforma ―que está en primer trámite en la Cámara Baja― se presenta como una modificación beneficiosa. Sin embargo, esconde el deterioro de la Patria Potestad tras una medida aparentemente de libertades civiles, pues introduce la noción de Autonomía Progresiva como un principio constitucional, lo que implica la presencia de un Estado que ocupa roles que le corresponden a la institución familiar.

La Autonomía Progresiva concibe que, a mayor edad tenga el niño o adolescente tendrá, en paralelo, mayor autonomía, admitiendo, a la vez, una mayor responsabilidad. Esto se aplicaría a los ámbitos personales, sociales y jurídicos a niños y adolescentes que están en plena etapa de formación, tanto intelectual como moral, en un periodo en que sus mentes son fácilmente moldeables e influenciables.

Esta reforma parece contraria la Convención sobre los Derechos del Niño. En el Art. 3, inciso 2 de esta Convención se señala que “Los Estados Partes se comprometen a asegurar al niño la protección y el cuidado que sean necesarios para su bienestar, teniendo en cuenta los derechos y deberes de sus padres, tutores u otras personas responsables de él ante la ley y, con ese fin, tomarán todas las medidas legislativas y administrativas adecuadas”. Del mismo modo deja espacio para contradecir el Art. 29 c) de la misma, en tanto señala que se debe “Inculcar al niño el respeto a sus padres”, y que Chile ratificó en 1990.

Nuestra legislatura contempla la obligación de proteger la dignidad de todo menor, cuestión que se soporta en el pacto social que entrega a la institución familiar el cuidado y educación de los hijos. La mayoría de edad es el punto límite que entrega la autonomía de las personas, por lo que estresar antes aquel acontecimiento resta valor a la familia. Una vez más el liberalismo y el progresismo sólo ven decisiones racionales de sujetos, ignorando que muchas veces estas se dan (como este caso) dentro de una institución que involucra a una comunidad que puede verse dañada, la cual cumple un fin social mayor que hay que proteger.

Las columnas de Opinión son presentadas por:
Ver más

También te puede interesar: