La semana pasada, la Comisión de Derechos Fundamentales de la Convención discutió sobre educación. Fueron dos sesiones simultáneas, muy extendidas, en que se revisaron prácticamente la totalidad de las iniciativas de los convencionales en la materia. Así, se desplegaron la totalidad de los argumentos y visiones presentes en la Convención, materializadas en propuestas de norma.

¿Qué se puede destacar? 

Lo primero es el problema de diagnóstico. Muy en la línea del eslogan de los “30 años”, varios convencionales asumen que la educación en el país es una pila de ruinas frente a la cuál nadie ha hecho nada. Si bien nuestro sistema educativo tiene bastantes problemas (como ocurre en casi todos los países), sus logros no son despreciables, particularmente cuando se compara con países de la región. La cobertura escolar en Chile es alta (especialmente en educación básica) y en educación superior es comparable a países desarrollados. En rendimiento, las medidas internacionales existentes, con sus limitaciones, nos muestran consistentemente en el primero o segundo lugar en la región latinoamericana, aunque aún bajo el promedio OCDE. En las décadas anteriores avanzamos mucho, pero perdimos dinamismo en la última. En otras materias, el servicio que presta JUNAEB, en términos de calidad y cobertura, es bastante impresionante, y nuestras universidades más antiguas se posicionan de manera muy destacada en varios rankings internacionales. Todo lo anterior es producto de una batería de políticas públicas respaldadas por una inmensa inversión pública durante años. De nada de esto se toma nota en la Convención. Es obvio que este órgano, en general, tiene un diagnóstico muy negativo del país. Pero se equivocará mucho si basa su trabajo en visiones tan parciales.

Lo segundo es un lenguaje y una argumentación muy nociva para los acuerdos. Aunque se supone que se trata de estrategias argumentativas, y no de simple ignorancia, los dichos de varios convencionales aportan muy poco a encontrar terreno en común. Y no me refiero a acuerdos con la muy disminuida oposición, sino con sus pares aparentemente más centrados. Janis Meneses dijo que la educación pública no existía (tiene más de 1 millón de alumnos y más de 4.000 escuelas), Loreto Vallejos dijo que se ha privilegiado el financiamiento a establecimientos privados (lo cual es inexacto, pues se financian los establecimientos elegidos por los alumnos, no se “privilegia” a nadie). Incluso Fernando Atria debió defender su propuesta, acusada de ser pro mercado solo por permitir a las personas elegir. Lo más notable en esa línea fue una convencional que dejó muy claro que no apoyaría ningún artículo que dijera libertad de enseñanza o derecho preferente de los padres, por entender ella que esos conceptos se relacionaban con “el mercado”. ¿Sabrá que está en la Declaración Universal de los Derechos Humanos?

¿Qué puede justificar esto? Uno entiende que estos excesos retóricos tienen como objetivo hacer política para las cámaras, pero ese tiempo ya pasó en la Convención. A semanas de terminar el trabajo, los discursos para avivar las barricadas deben reemplazarse por los acuerdos, o al menos por argumentaciones que permitan efectivamente redactar normas que impliquen mejoras. El objetivo de los convencionales no es simplemente dejar escritas las consignas que los deja tranquilos creer, los diagnósticos torcidos que les permitieron ser aplaudidos en las asambleas, los excesos que desprecian cualquier esfuerzo pasado, o la retórica que humilla a los vencidos. De ellos se esperaba mucho más.

*Daniel Rodríguez es Director Ejecutivo de Acción Educar.

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