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Publicado el 20 de diciembre, 2018

Daniel Rodríguez: Gramsci y el Mineduc

Director Ejecutivo Acción Educar Daniel Rodríguez

Para evitar y contener situaciones como la que estamos observando en la Universidad del Pacífico, se requiere enfatizar un flujo confiable y abundante de información clave entre las instituciones y la Superintendencia de Educación. Además se debe garantizar que la autonomía de las instituciones no sea vulnerada por la regulación.

Daniel Rodríguez Director Ejecutivo Acción Educar
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La caída de la Universidad del Pacífico (UPA) es un proceso en desarrollo cuyas consecuencias no se pueden aún prever. Ya es claro que la institución deberá cerrar, pero la forma y duración en que esto se llevará a cabo es aún incierta. Si los convenios con otras casas de estudio tienen éxito, es probable que los estudiantes que quieran continuar su formación puedan hacerlo. La investigación del Ministerio de Educación determinará responsabilidades y entregará antecedentes por si proceden otro tipo de acciones legales. El perjuicio sobre la comunidad educativa completa -rofesores, funcionarios, estudiantes y familias- es significativo. El daño a la fe pública es también difícil de reparar.

Ni el Mineduc ni la oposición parecen reparar en que está en plena implementación una reforma monumental a la educación superior, que dio vías de solución a crisis como la de la UPA y creó instituciones para ejecutarlas.

El Mineduc parece estar haciendo todo lo posible por resolver esta situación, pero no está proyectando una solución para el futuro. La oposición, por su parte, no pierde el tiempo. Busca instalar la idea de que es necesaria aún mayor regulación estatal, instala comisiones investigadoras, reflota el problema del lucro que tanto rédito le ha dado y aprovecha de volver a instalar un discurso algo trasnochado sobre mercantilización y otras perlas del léxico afín. Ninguno de los dos parece reparar en que está en plena implementación una reforma monumental a la educación superior, que dio vías de solución a crisis como la de la UPA y creó instituciones para ejecutarlas. La más importante para el caso que comento es la Superintendencia de Educación Superior. El rol de este órgano público es, en pocas palabras, la fiscalización del cumplimiento de la normativa educacional.

Más allá de la investigación, los blindajes comunicacionales y la búsqueda de soluciones, ¿qué discusión de política pública debiera estar empujando el Ministerio de Educación? Se puede responder con otra pregunta: a la luz de esta crisis, ¿cómo debe ser esta Superintendencia para que cumpla con su propósito?

¿Qué debió alertar al sistema de la situación de la Universidad del Pacífico? ¿Qué planteles muestran rasgos que hacen necesario fiscalizar su gestión en detalle?

Primero, para evitar y contener situaciones como la que estamos observando, se requiere enfatizar un flujo confiable y abundante de información clave entre las instituciones y la Superintendencia, de manera que ésta pueda instalar un modelo de análisis y fiscalización que identifique tempranamente potenciales riesgos y responsabilice a las primeras del trabajo de demostrar su sustentabilidad. ¿Qué debió alertar al sistema de la situación de la Universidad del Pacífico? ¿Qué planteles muestran rasgos que hacen necesario fiscalizar su gestión en detalle? ¿Cuáles están siendo incapaces de sustentar su proyecto educativo? ¿Cuáles son lo suficientemente sólidos como para entregarles mayores márgenes de libertad?

Segundo, se debe garantizar que la autonomía de las instituciones no sea vulnerada por la regulación. Para ello, se requiere comenzar a trazar con precisión un marco lo más objetivo posible de derechos y obligaciones para las universidades, institutos profesionales y centros de formación técnica. Éste entregará certezas y claridad, y si se elabora consultando a los actores del sistema, puede terminar en un buen acuerdo para establecer el margen de movimiento de los planteles, así como dejar claro que la acción de la Superintendencia, en caso de incumplimiento, será tan clara como draconiana.

El superintendente debiera tener amplios márgenes de libertad para mediar entre instituciones y lograr soluciones con menos rigidez.

Tercero, se debe iniciar una discusión institucional sobre el rol que ocupará la Superintendencia en coordinación con la Comisión Nacional de Acreditación. Hay un riesgo de que las tareas de ambas se superpongan, burocratizando y fiscalizando dos veces los mismos elementos (por ejemplo, la sustentabilidad financiera). Asimismo, el caso de la Universidad del Pacífico, así como el de la Arcis, dejan claro que para resguardar la continuidad de estudios de los estudiantes se requiere una acción más rápida que la que entrega el Mineduc. El superintendente debiera tener amplios márgenes de libertad para mediar entre instituciones y lograr soluciones con menos rigidez. Asimismo, al ser un órgano autónomo, debiera estar menos preocupado de blindajes políticos y estrategias comunicacionales.

Quizás aquí sirve aplicar algo de Gramsci: una crisis es cuando “lo nuevo no acaba de nacer, y lo viejo no termina de morir”. Es responsabilidad del Mineduc que esta crisis sea el impulso y nacimiento de la nueva institucionalidad, y no el funeral del sistema de educación superior libre y diverso que ha tomado años construir y mucho esfuerzo defender.

 

FOTO: RODRIGO SAENZ/AGENCIAUNO

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