En la sesión 24 de la Comisión de Derechos Fundamentales de la Convención Constitucional ocurrió algo notable. Se discutía una propuesta de varios convencionales que proponía, en la voz de Janis Meneses, que todas las prestaciones que deriven de los derechos sociales deben ser provistas exclusivamente por el Estado. Se generó una suerte de debate, que en realidad no era mucho más que alocuciones consecutivas (la mayoría de las preguntas no se respondieron, y las que sí, fueron con sorna y sarcasmo), que derivó rápidamente en el tema de la educación y la existencia de los colegios particulares subvencionados. No hubo diálogo, ni enriquecimiento de las propuestas, ni mucho que rescatar.

Fue en ese momento en que la convencional Giovanna Grandón hizo una alocución del mayor interés. Su discurso no contenía la soberbia seguridad de Meneses ni el evidente hastío de Harboe, sino que se leía transparente y genuino. No tenía otro interés que contar su historia. Invito a quien esté interesado a oírla.

Con el riesgo de que mucho del énfasis de Grandón se pierda en este resumen, paso a destacar su tema principal. Ella afirmó que en Chile el derecho a la educación solo existiría cuando hay posibilidad de pagar: “Yo tuve derecho a educar mientras tuve dinero para pagarlo”. Relató que ella había matriculado a sus hijos en un colegio particular, pero por temas económicos debió sacar a dos de ellos y llevarlos a un establecimiento municipal. Aseveró que los “colegios municipales dan una educación mala”, y abogó por que el Estado “se haga cargo” y le proveyera una educación de excelencia a “aquellos niños que viven en los campamentos” y hoy no tienen la posibilidad de acceder a una educación de calidad. Destacó que los “que pagamos impuestos somos los pobres”. El discurso se cerró con un aplauso.

La convencional Grandón pone puntos que, es de imaginar, son compartidos por muchos. Primero, que el acceso a una educación de calidad no debiera estar limitada por los recursos de cada uno (lo que, evidentemente, no significa que se prohíba que alguien que quiera aportar más recursos, pueda hacerlo). Segundo, que la libertad de elegir la educación de preferencia de cada familia o individuo no debiera tampoco limitarse por los ingresos de cada uno (no puede ser aceptable que solo los ricos puedan ejercer un derecho fundamental). Tercero, Grandón constata que la calidad de la educación municipal es inferior a la particular, y aboga por que el Estado se haga cargo de ella (algo que se espera que se logre mediante la implementación de los nuevos Servicios Locales de Educación Pública). La convencional acierta al indicar que la educación estatal es financiada con recursos que pagamos todos los contribuyentes, y que por ende debe responder a sus necesidades, en particular de los más vulnerables, para los cuales ella destaca la falta sistemática de oportunidades.

Lo que nos debe llevar a una reflexión profunda es por qué la convencional Grandón estima que los problemas que ella plantea se solucionarían más eficientemente con la propuesta de Janis Meneses de prohibir la provisión privada subvencionada de educación. Un buen sistema de financiamiento público a la demanda –como la subvención– permite abordar dos áreas: que todos, sin importar sus recursos, puedan elegir el colegio de su preferencia (puesto que existirán alternativas públicas y privadas, religiosas o laicas, etc.), y que esto no sea limitado por los recursos de cada uno. De hecho, si se eliminase la subvención, el problema que identifica Grandón se agravaría, como ocurre en el primer mundo: los que eligen colegios son solo quienes tienen recursos suficientes para mantenerlos sin subvención estatal y mediante importantes sumas de dinero, esto es, lo que en Chile conocemos como colegios particulares pagados. Finalmente, no es claro que mediante la prohibición de la provisión mixta o del apoyo estatal a los proyectos privados se consiga el objetivo de mejorar la educación pública. Esta última adolece de muchos problemas, principalmente de gestión y de captura de grupos de interés, pero aquello no se solucionará “desvistiendo el santo” de la educación subvencionada. Si no, estaríamos nuevamente frente a las tesis de los patines de Nicolás Eyzaguirre, más conocida como “nivelar para abajo”, que me parece exactamente lo contrario a lo planteado por Grandón.

¿Tendrá la Convención la capacidad de tomar el discurso de Grandón y abordar de forma seria y responsable los problemas planteados? ¿Podrá ver debajo de los lentes ideológicos estatistas que cree haber encontrado la solución para todo? La convencional Giovanna Grandón tiene la palabra.

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